En manos del nuevo Fiscal, Néstor Humberto Martínez, está la última oportunidad que tenemos los colombianos de recuperar la justicia.

 

Con la Llegada de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía General de la Nación, se respiran vientos de aire fresco, renovados, se percibe desde ya, la certeza de su carácter ético, su entereza para liderar tan importante entidad y cumplir verdaderamente con su misión.

En manos del doctor Martínez, está la última oportunidad que tenemos los colombianos de recuperar la justicia en Colombia. Con la anterior administración de la Fiscalía, se tocó fondo y nos llenó a todos de escepticismo y desolación.

Destaco varios compromisos del nuevo fiscal, especialmente su enfoque gerencial y de administración por objetivos. La administración de justicia, como la administración pública, está obligada a liderarse con altos niveles de gerencia y administración, con indicadores de impacto, instrumentos de seguimiento y control de resultados.

De acuerdo con datos relevantes presentados por el doctor Martínez, Colombia está en el tercer lugar de impunidad mundial, después de Filipinas y México. Y solo se denuncian 24 hechos de 100 que son delitos. Es decir la criminalidad oculta es enorme, lo que afecta directamente las reglas de juego en la sociedad.

Hace algunos años, iniciando su periodo, presenté a Vivian Morales, Fiscal General de entonces, la propuesta de establecer un grupo especial dentro de la Fiscalía, que adscrito al más alto nivel gerencial de la organización se encargara de hacer seguimiento y monitorear, con indicadores de gestión, las investigaciones de los delitos que se comenten contra los menores de edad. Así como de investigar y apoyar, investigaciones específicas para darles protección y salvaguardarlos como las más frágiles víctimas que son, de los horrores que muchos están sufriendo. La propuesta, en ese momento, no fue aceptada.

Al oído del Fiscal General, presento como un clamor por la protección de miles de menores de edad víctimas de diversos delitos, la urgencia de la creación de un grupo élite especializado en su protección. En donde con celeridad se reciban y  tramiten las denuncias y se garantice la investigación eficaz. Como lo señala el Código de Infancia y Adolescencia que suscribe el principio del interés superior de niños y adolescentes, es obligación de las entidades del Estado asegurar la protección de los menores de edad.

La realidad es que los delitos que se comenten contra los niños, no solo quedan sin ser investigados y judicializados, sino que permite y facilita, que ellos continúen viviendo en la misma zozobra y angustia de la amenaza permanente de ser agredidos de nuevo, por el mismo victimario, quien frecuentemente es una persona que se encuentra en la misma casa.

El más reciente informe de medicina Legal, señala que la violencia dirigida a los niños ha aumentado. Se presentaron en el 2015 más de 10.000 denuncias de violencia hacia menores de edad, lo que es una catástrofe para ellos que son sujetos de derechos, y para el País, que se enfrenta en el futuro próximo a situaciones de más violencia y más crímenes.

Es necesario que la Fiscalía diseñe procedimientos y mecanismos especiales de atención para garantizar el desarrollo de los niños, como se establece en la Ley y en los tratados internacionales suscritos por Colombia.

Como en el caso de los adultos, gran parte de los derechos de los menores de edad, están relacionados con el acceso efectivo a la justicia. Por ello instituciones como la Fiscalía, deben desarrollar protocolos que efectivamente garanticen el interés superior de la protección de la niñez, por lo cual para ellos, debe haber un trato diferenciado acorde a sus necesidades, con profesionales preparados, sensibles, para que estén en contacto con ellos, los escuchen y garanticen el trato con respeto.

Los más graves delitos contra los niños y adolescentes como el abuso sexual, el reclutamiento, el secuestro, la trata de personas, la venta de niños, la violencia intrafamiliar, la inasistencia alimentaria, el robo reiterado de los recursos de programas de alimentación y atención para la infancia, están quedando sin judicializar y sin los resultados que el país clama, por la falta de compresión, la incapacidad estatal, la indolencia y apatía de instituciones, por la frustración de servidores públicos comprometidos.

Doctor Néstor Humberto, en usted confiamos para construir la solución y aportar los grandes resultados que con urgencia el país reclama para la protección de los niños. Esa es la paz sostenible que debemos construir y en manos de la Fiscalía está gran parte de la solución.

 

@ForerohElvira