Algo nunca antes visto. Un “intrépido” estudiante de derecho de una universidad boyacense, presentó una demanda contra el código de policía, alegando que las requisas son violatorias del derecho a la intimidad (¡!).
En todos los países del mundo, la policía tiene el derecho de practicar requisas contra personas que puedan suponer algún tipo de riesgo o amenaza. No existe una sola nación en el mundo, donde la policía tenga prohibido adelantar los procedimientos para cachear a los ciudadanos.
De prosperar esa estúpida demanda -cualquier cosa puede suceder en la exótica corte constitucional de Colombia-, en los aeropuertos del país, no se podrá revisar si un pasajero lleva armas o explosivos, ni la policía podrá requisar a un ladrón capturado en flagrancia. Mucho menos, podrá incautar las armas o drogas en poder de los delincuentes.
Es evidente que las requisas deben adelantarse con respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos y también procurando la salvaguarda de la integridad de los policías que las adelantan.
La corte constitucional debe velar por los derechos de los ciudadanos de bien y mal haría al decidir cercenar las funciones de la policía, institución que cumple la función de proteger a la sociedad de las amenazas que se ciernen sobre ella.
Las normas deben ajustarse a las realidades. Los crecientes índices de criminalidad, obligan a que la policía nacional adelante protocolos de seguridad que apunten a la contención de los delincuentes. Las requisas son medidas preventivas de gran eficacia.
Y como siempre, los delincuentes, abusando de la administración de justicia, intentan que se decrete su prohibición. En su momento, los narcotraficantes lograron que se suspendiera la fumigación aérea de cultivos ilícitos y los terroristas se jugaron a fondo para impedir los bombardeos de sus campamentos.
De prosperar cualquier limitación a las requisas, significará una preocupante e indignante victoria de los ladrones, los expendedores de drogas ilícitas, los carteristas y demás facinerosos que atemorizan a la comunidad.
Nuestra policía es un cuerpo muy profesional, integrado por hombres y mujeres respetuosos de los derechos humanos. Es innegable que se han presentado casos aislados de abusos por parte de algunos miembros de la Fuerza Pública, pero aquello no es razón suficiente para sustentar una limitación que, a la postre, perjudicará a toda la sociedad.
Esa demanda contra el código de policía es un elogio al delito. En vez de limitar las funciones de aquellos que tienen el deber de proteger a los colombianos, la corte constitucional debe enviar un mensaje en el sentido correcto negando de tajo las pretensiones majaderas del demandante, que pretende prohibir las requisas.
Publicado: enero 22 de 2020
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