Entre los 50 países con mayores índices de corrupción, figura Colombia en el cuarto puesto según el masivo medio de comunicación Americano UsNews y no es de extrañar, aquí a quien sea bandido, ladrón, y asesino, le va bien.

Hemos visto el caso del convicto Hugo Aguilar que se volvió celebre por matar a un muerto, robarle su arma, falsificar una cédula para cambiar su lugar de nacimiento, simular separación de bienes para no pagar multa impuesta por la justicia, construir casa de 10 mil millones de pesos, manejar Porsches y poner a toda su familia en cargos estratégicos públicos sin contar que su hijo fue gobernador, su otro hijo es senador y ahora quiere cambiarlos de rol, el que está de senador pasarlo a la gobernación y el que fue gobernador ponerlo en el Senado por aquello que no saben otra cosa, más que vivir del erario; pero no es el único que hace este tipo de argucias politiqueras, también está su mentor, su profesor, el Tuerto Gil, otro parapolítico de Santander que hizo acuerdo de pago para indemnizar a las victimas declarándose insolvente para amortizar una exigua mensualidad, mintiéndole a la justicia porque en realidad según los procesos judiciales que se llevan en los Juzgados Civiles del Circuito de Bucaramanga, es un hombre muy rico que tiene no sólo varios bienes a su nombre, sino que cuenta con la complicidad de algunas personas que podrían estar representando sus intereses económicos los cuales ha tratado de esconder a la justicia para burlar al sistema penal colombiano.

Luis Alberto Gil Castillo, el dueño del partido Opción Ciudadana, esposo de la hoy Senadora de la Comisión Primera Doris Vega Quiroz, y el mismo que por cuenta de su relación con los paramilitares del Bloque Central Bolívar fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a varios años de cárcel y al pago de una millonaria multa que no ha pagado. Su abogado defensor en ese proceso fue el señor Gabriel Porras Roa quien está registrado junto a Ramón Ballesteros Prieto,  Porras Roa se registra como defensor de varios parapolíticos y paramilitares y es el mismo que actúa como demandante directo contra la sobrina del Gil Castillo y también le lleva procesos a Fabián Méndez, posible testaferro del Tuerto del cual me he referido en dos oportunidades desde estas columnas: Riqueza individual o bien común. ¿Qué buscan los partidos? y Audio, dinero y aval sin justificación

El enfrentamiento tío y sobrina ha salido a la luz publica luego que varios militantes de Opción Ciudadana han caído en desconfianza por las bajas prácticas económicas de Luis Alberto Gil, como es el caso del periodista Álvaro Alférez Tapias, quien está en la ruina por culpa de dos procesos que se encuentran en ejecución a través de una cooperativa, MEGACOOP, controlada por Gil Castillo  y a la que resultó Alférez debiéndole 1.000 millones de pesos, como garantía tiene una hipoteca sobre una parcela en la Mesa de Los Santos la cual esta lista para remate; como también el caso de los hijos del excongresista Alirio Villamizar Afanador condenado por el carrusel de Notarias, quienes terminaron efectuando acuerdos electorales con Gil y en garantía le hipotecaron su casa a Fabián Méndez, quien hoy los tiene embargados.  Dentro de la militancia se comenta de las mencionadas controversias judiciales que se debaten en los Juzgados Civiles del Circuito de Bucaramanga en los que aparece la sobrina de Gil Castillo, Diana Roció Arrieta Gil y que inicié contando el 11 de enero en la columna titulada “Ladrón que roba a ladrón”. Varios militantes que han entregado letras y pagarés en blanco a Luis Alberto Gil, ya entraron en pánico económico y se encuentran en trámites de proteger los bienes que poseen, ante la amenaza de ser embargados y las insinuaciones humillantes que manifiesta el Tuerto Gil, por lo que la mayoría, también buscan cambiarse de partido.

Diana Rocío Arrieta Gil es la sobrina del Tuerto, la representante legal de MEC Ingenieros, empresa que  contrató múltiples veces con la gobernación de Santander durante el periodo de Richard Aguilar por más de 15 mil millones de pesos: Carrusel de regalías en Santander, Diana, firmó varios títulos valores que posteriormente ejecutó mediante proceso judicial el abogado Gabriel Porras, el amigo y profesor de universidad de Fabián Méndez, sí, el mismo que defendió al Tuerto en el proceso de la parapolítica ante la Corte Suprema de Justicia, y el mismo que ha defendido a Méndez en los líos judiciales, que lo mantuvieron privado de la libertad en la Cárcel Modelo de Bucaramanga.  Sin embargo, Diana tenía también unos títulos valores y con ellos quiso ejecutar fallidamente a Fabián Méndez y a la esposa de éste la diputada Margy Carolina Rangel, pero el juez desestimo el caso. Con otro valor de 1.500 millones de pesos, firmado por su tío, Diana, pretende rescatar lo que su tío le quiere quitar a través de sus testaferros, embargando dos propiedades que figuran a nombre de Luis Alberto Gil en la ciudad de Bogotá. Además, Diana le interpuso una acción de tutela a su tío y a su esposa Doris Vega, la senadora, en el Juzgado 65 Civil Municipal de Bogotá, para quedarse con el apartamento que figura a su nombre pero que Gil Castillo posee, porque en realidad ella solo es al parecer, otra testaferro. La tutela fue fallada en contra de la sobrina y ésta apeló, y fue confirmado el fallo por el juez 23  Civil del Circuito de Bogotá, Tirso Peña Hernández. En esos despachos judiciales, los jueces, pasaron por encima de la condición de aforada de la senadora y no  le dieron traslado por competencia a la Corte Suprema de Justicia, el juez natural de la senadora.  Sin embargo, la Senadora Doris Vega, esposa de Gil, ahora pretende a través de un interrogatorio de parte como prueba anticipada, en un Juzgado Promiscuo de Piedecuesta Santander, demostrar que Diana miente y que solo se trata de una simulación de procesos, con lo cual, quedaría en evidencia la verdadera fortuna de Luis Alberto Gil Castillo, más conocido como el Tuerto.

P.D. La honorable y muy acuciosa Corte Suprema de Justicia, ¿sabrá algo de los bienes que posee Gil Castillo y con los cuales podría de manera inmediata reparar en algo a las víctimas del paramilitarismo? Señor Fiscal General de la Nación y Procurador General ¿cuándo pondrán los ojos en Santander? Ahora son los sicarios los que vienen realizando cuentas de cobros por la poca presencia judicial.
Publicado: mayo 17 de 2017