A los dirigentes políticos involucrados en el caso Odebrecht los persigue la amenaza de terminar investigados por la justicia estadounidense.

¿De congresistas a extraditables?

Como resultado de las investigaciones del caso Odebrecht, en el que importantes congresistas de la unidad nacional tendrán que responder ante la corte suprema de justicia por distintos delitos, hay un elemento adicional que pende sobre ellos como si se tratara de la espada de Damocles: el papel que en el proceso juegue la justicia de los Estados Unidos.

Desde su llegada a la fiscalía general de la nación, Néstor Humberto Martínez, advirtió que su administración se concentraría de manera decidida en investigar y castigar la corrupción, tarea para la que acudiría a todas las herramientas de cooperación judicial disponibles, una de ellas, la extradición.

Un delito transnacional

Se cree equivocadamente que los actos de corrupción cometidos en Colombia, son asuntos exclusivos de nuestro país. Esa tesis, caduca por demás, está siendo revaluada toda vez que buena parte de los multimillonarios recursos que mueven tanto los corruptores como los funcionarios corruptos pasan por el sistema financiero norteamericano, lo cual abre automáticamente las puertas para que la justicia de ese país adelante las respectivas investigaciones criminales.

Cancelación de visas, primera acción

Ha trascendido la información en el sentido de que el departamento de Estado de los Estados Unidos procedió a cancelar la visa de turismo del senador Bernardo Ñoño Elías. Aunque el departamento de Estado ha dicho que no confirma ni niega la información, las visas de Roberto Prieto, Plinio Olano, Antonio Guerra, Musa Besaile, también temrinarían sido canceladas.

Aquella, sería la primera decisión de los Estados Unidos, pero no la única, contra los involucrados en la espeluznante trama de corrupción de Odebrecht.

Antecedentes

Si la justicia estadounidense resuelve pedir en extradición a los congresistas vinculados al caso Odebrecht, éstos no serían los primeros parlamentarios colombianos judicializados en aquel país. Está el caso del exsenador nariñense Samuel Alberto Escrucería Delgado, condenado a más de 270 años de prisión por narcotráfico y quien murió en una cárcel de Missouri, mientras purgaba la dura sentencia que le fue impuesta por una corte de Carolina del Norte.

El otro caso es el del político liberal samperista, contrabandista y mafioso guajiro, Samuel Santander Lopesierra, extraditado en 2003 y condenado a 25 años de cárcel por narcotráfico.

La reedición del 8000

Este proceso judicial, que toca a algunas de las empresas electorales más poderosas del país a pocos meses de las próximas elecciones, amenaza con convertirse en una versión actualizada del proceso 8000 en el que más de un poderoso parlamentario quedará por fuera del certamen electoral. Lo que desde ya muchos observadores de la política se están preguntando es hacia dónde se irán los centenares de miles de votos que administran los caciques enredados en el caso Odebrecht.

@IrreverentesCol

Publicado: julio 28 de 2017