Designado por Santos para seleccionar magistrados de la JEP, considera a los terroristas españoles como “víctimas” que deben ser indemnizadas.

Desconfianza frente a la JEP

Juan Manuel Santos ha dicho hasta la saciedad que la denominada justicia especial de paz no será utilizada para perseguir políticamente y que los procesos serán llevados con un criterio objetivo y profesional.

Desde los lados de la oposición, en cambio, se ha alegado que la JEP será un tribunal eminentemente politizado que se valdrá de su inconmensurable poder para cobrar venganza contra quienes, desde la legalidad, enfrentaron a las Farc (Puede leer “El tribunal para el desquite”).

El elegido

Uno de los designados por el gobierno de Santos para que integre el grupo de personas que van a elegir a los magistrados de la justicia especial de paz es el socialista español Álvaro Gil Robles, quien es militante del PSOE –partido socialista obrero español-, colectividad que en el pasado lo designó como defensor del pueblo de España.

Gil Robles, así mismo, se desempeñó como comisionado de derechos humanos del consejo europeo.

Su cercanía con la alcaldesa de Madrid del partido de extrema izquierda afecto al chavismo, Podemos, Manuela Carmena, es evidente. Gil Robles es uno de los principales consejeros de la mandataria madrileña.

A favor de indemnizar terroristas

Hace algunos años, el departamento de justicia del gobierno vasco  emitió un dictamen que causó una aguda controversia en el sociedad española.

En efecto, dicha dependencia estudió el caso de dos integrantes de la banda terrorista ETA que en los años 70 del siglo pasado, cuando finalizaba el gobierno del general Francisco Franco, fueron sentenciados a pena de muerta luego de ser hallados culpables de asesinar a un cabo de la guardia civil española.

Los criminales Ángel Oateagui y Juan Paredes Manot fueron fusilados a mediados de 1975, pocas semanas antes del fallecimiento del general Franco Bahamonde.

Décadas después de ese hecho, el gobierno del país vasco investigó esas ejecuciones y llegó a la conclusión de que los terroristas fueron “víctimas de sufrimientos injustos”.

Álvaro Gil Robles, en su condición de comisionado de derechos humanos del consejo europeo, estuvo de acuerdo con aquella decisión que estuvo acompañada por una jugosa indemnización para las familias supérstites de los terroristas que recibieron un cheque de $135 mil euros.

¿Pasará lo mismo en Colombia?

Preocupa que un personaje como Gil Robles que cree que los victimarios son en realidad víctimas, tenga el poder de designar a los magistrados de la denominada JEP, pues seguramente se inclinará por promover el nombramiento de personas afines a sus ideas y creencias. Aquello genera el riesgo de que en los procesos que se adelanten se llegue al extremo de exaltar a los cabecillas del terrorismo colombiano, convirtiéndolos en víctimas, como en efecto sucedió con los asesinos de ETA.

Si se aplica la “doctrina” de Álvaro Gil Robles, con estupor los colombianos verán fallos de la JEP en los que delincuentes como Raúl Reyes, Alfonso Cano y El mono Jojoy terminen convertidos en “víctimas” independientemente de que hayan sido dados de baja en operaciones legítimas llevadas a cabo por las fuerzas militares de la democracia.

Como están las cosas, no deberá extrañar que los familiares de Jojoy, Reyes y Cano terminen, además, disfrutando de multimillonarias indemnizaciones.

@IrreverentesCol

Publicado: febrero 24 de 2017