Cecilia Álvarez se declaró impedida para intervenir en decisiones que afectaran a los Parody, pero no ejerció plenamente ese impedimento.

El impedimento Cecilia

El 31 de enero de 2013, el presidente Santos aceptó un impedimento que presentó su entonces ministra Transporte Cecilia Álvarez para “conocer y decidir sobre todos los asuntos relacionados con las Sociedades Portuarias Regionales de Cartagena y Buenaventura”.

La doctora Álvarez alegó que su vínculo filial con Gina Parody la inhabilitaba para atender asuntos relacionados con los negocios de la familia de su pareja permanente.

En consecuencia, Santos nombró a la entonces ministra de Educación, María Fernanda Campo como “ministra Ad-hoc” de Transportes con el encargo de que fuera ella la persona encargada de tomar decisiones que afectaran o beneficiaran a los Parody.

Todo fue un parapeto

Ahora que se ha destapado el escándalo relacionado con la carretera entre Ocaña y Gamarra, llama poderosamente la atención el hecho de que la doctora Campo no hubiera sido la persona que intervino en la adición presupuestal para hacer la vía que claramente beneficia a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena de la que los Parody son socios.

Dado que la doctora Álvarez estaba en efecto impedida, no se entiende porqué su Cartera preparó el documento Conpes que fue aprobado en agosto de 2013 y a través del cual se adoptó la política pública para la navegabilidad del río Magdalena, política que abierta y directamente beneficia a los Parody. (Sobre este caso, puede leer “Carretera al puerto”).

María Fernando Campo debe responder

En momentos en que todos los funcionarios del gobierno Santos están sacando el cuerpo para responderle al país por este escándalo, es hora de que la exministra María Fernanda Campo le ponga la cara al país y explique porqué no participó en las deliberaciones sobre la carretera que empieza a ser conocida en Colombia como la “ruta Ocaña-Parody” y porqué no fue ella la encargada de elaborar el documento Conpes sobre la navegabilidad del Magdalena.

Quieren recusar a Néstor Humberto Martínez

LOS IRREVERENTES han conocido que sectores influyentes del gobierno y de la bancada de la unidad nacional están buscando la manera de obligar a que el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez se declare impedido para adelantar la investigación por el escándalo de Odebrecht. El argumento es peregrino y flojo: según los interesados, el fiscal no puede participar en ese proceso debido a que él fue abogado del ingeniero Luis Carlos Sarmiento, quien tuvo una sociedad con Odebrecht.

De acuerdo con juristas consultados por este portal, el fiscal Martínez no está en absoluto impedido. Lo que queda claro es que más de uno quiere sacarlo del camino porque es evidente que su decisión es la de llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias.

@IrreverentesCol

Publicado: enero 19 de 2017