El origen de la investigación que hoy tiene al presidente Uribe injustamente privado de la libertad, se halla en unas interceptaciones ilegales que le fueron realizadas entre el 7 de El origen de la investigación que hoy tiene al presidente Uribe injustamente privado de la libertad se halla en unas interceptaciones ilegales que le hicieron entre el 7 de marzo y el 9 de abril de 2018, ¡en plena campaña electoral!

En el momento en que se perfeccionó la chuzada, Uribe ejercía el indiscutible liderazgo de la oposición en Colombia, fundador y jefe del Centro Democrático, cabeza de lista para el Senado de la República por aquel partido y principal impulsador de la candidatura de Iván Duque.

La orden que emanó del despacho del ahora exmagistrado José Luis Barceló Camacho para chuzar al presidente Uribe fue una burda trampa, en sí misma un delito. No medió orden judicial, sino que él y su magistrado auxiliar disfrazaron el número telefónico del presidente Uribe dentro del expediente de un excongresista chocoano investigado por parapolítica y comenzaron a oír sus conversaciones ilegalmente intervenidas. El hecho se produjo cinco días antes de las elecciones de Congreso, 11 de marzo de 2018, y extendieron las escuchas casi un mes más, hasta el 9 de abril de 2018.

Uribe fue oído en plena campaña, cuando llevaba la voz cantante del partido que más curules obtuvo en el Senado de la República; individualmente, alcanzó la votación más alta de la historia del país. Más 875 mil colombianos delegaron su representación en él.

Mientras los ciudadanos votaban por Uribe, la Corte Suprema de Justicia de manera ilegal oía sus conversaciones con congresistas, ministros y exministros, generales de la república, embajadores, presidentes y ex presidentes de otros países, dignatarios eclesiásticos, centenares de periodistas, líderes de varias corrientes, etcétera. 

Lo que convierte el crimen del magistrado Barceló y sus cómplices, el magistrado auxiliar Iván Cortés y la funcionaria de la fiscalía Clara López, en un grave crimen de Estado, es el hecho de que hayan grabado y apropiado de copia de las conversaciones, en plena carrera por la presidencia, entre el jefe político de la oposición con el candidato presidencial de la oposición, Iván Duque, hoy presidente. 

¿Puede descartarse que haya habido filtraciones o acuerdos de espionaje con las campañas de los dos candidatos afectos al régimen santista, Humberto De La Calle Lombana y Germán Vargas Lleras y con las de los candidatos de la izquierda, Sergio Fajardo y Gustavo Petro?

Se dice que a Uribe le oyeron más de 25 mil comunicaciones en las que, como es natural, se hablaba fundamentalmente de graves asuntos de Estado y asuntos relacionados con el proceso electoral en marcha que él lideraba.

La operación criminal fue tan bien estructurada, que el propio ejecutor de la interceptación, el delincuente Óscar Álvarez -funcionario del CTI al que la fiscalía no ha querido investigar- confesó que le reportaba sobre los importantes contenidos de las audiencias telefónicas del presidente Uribe con personalidad del mundo, de manera verbal a sus superiores, específicamente al exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema -hoy auxiliar de la JEP-, Iván Cortés.

Al poner en orden las fichas, se facilita la comprensión de hechos que resultaban exóticos. Ahora se explica el porqué cuando Uribe llegaba a determinados lugares a hacer proselitismo a favor de su candidato presidencial, Iván Duque, hordas de militantes de la extrema izquierda organizaban zambras que muchas veces desembocaron en graves alteraciones del orden público. No hay que estar matriculado con teorías conspirativas para sospechar, con alto grado de certeza, que la información obtenida a través de la interceptación ilegal y que el analista confiesa haber transmitido verbalmente, haya terminado en poder de las campañas políticas opositoras al uribismo.

¿Cuántas veces no habrá conversado el presidente Uribe con su equipo inmediato sobre la situación de Venezuela y las acciones políticas del uribismo frente a esa dictadura, asunto en el que tendrían interés el presidente Trump, el congreso americano y la oposición venezolana apoyada por el candidato Duque? Vale preguntarse si esas charlas le fueron transmitidas al senador y dirigente de las Farc, Iván Cepeda, ese mismo que ha fungido como uno de los principales validadores de la satrapía que comanda Nicolás Maduro.

Como también es pertinente inquirir si los dirigentes políticos que están estrechamente vinculados con el denominado Cartel de la Toga recibieron “informes verbales” de las conversaciones del presidente Uribe.

El auxiliar que articuló la chuzada, Iván Andrés Cortés Peña, fue mano derecha de nadie menos que del magistrado Gustavo Malo Fernández, uno de los cerebros de la banda criminal que operaba al interior de la sala penal de la corte suprema de justicia. Bueno sería que en estos tiempos en los que la “justicia” está aclarando tantos asuntos, mirara el caso del extraditado Gustavo Moreno, cuota de Germán Vargas Lleras, ese mismo que no pudo mimetizar su emoción frente a la brutal medida adoptada en contra del presidente Uribe, en una reciente columna publicada en el diario El Tiempo.

El 10 de marzo de 2018, tres días después de que empezaran las escuchas contra el presidente Uribe bajo el argumento de que se estaba interviniendo la línea telefónica del ex congresista Nilton Córdoba, el exmandatario, tal y como lo revelaron LOS IRREVERENTES desde el 25 de octubre de 2018, llamó a una emisora de radio y se identificó con su nombre y apellido. El analista Óscar Álvarez confiesa que en ese instante confirmó que, en palabras suyas, no estaba “oyendo a A, sino oyendo a B”. Él alega que le informó sobre el particular y de forma “verbal” a la supervisora, una señora llamada Clara López. 

No obstante, como si se tratara de una pandilla de hackers, los magistrados de la corte y los funcionarios de la Fiscalía General, continuaron oyendo al exmandatario. Con base en las conversaciones que -de nuevo- fueron obtenidas ilegalmente, se erigió el montaje judicial que desembocó en la medida restrictiva de la libertad del presidente Uribe. 

El exmandatario no está haciéndole frente a un proceso penal con garantías. En el auto a través del que se definió su situación jurídica, todas aquellas personas que declararon haber sido presionadas por el senador y líder natural de las Farc, Iván Cepeda, terminaron afectadas por una compulsa de copias para que se les investigue por múltiples delitos. La intimidación es evidente: quien de ahora en adelante quiera servir como testigo contra el presidente Álvaro Uribe, debe saber que los magistrados ordenarán una investigación penal en su contra. 

El malhadado auto de las 1554 páginas, no es un pronunciamiento sino una sentencia condenatoria en la que el reo no tuvo ni tendrá oportunidad de ejercer una defensa. 

En consecuencia, nadie puede llamarse a engaños y, por duro que suene, el doctor Álvaro Uribe Vélez es un secuestrado de la Corte Suprema de Justicia. 

@IrreverentesCol

Publicado: agosto 11 de 2020