Con nobles intenciones se radicó la semana pasada un proyecto de acto legislativo que busca reducir el tamaño del Congreso. No obstante, a pesar que el ahorro en el gasto que puede generar no solamente es significativo sino también necesario para superar esta crisis, se corre un riesgo institucional que sepultaría las bases mismas de nuestra democracia.

Ante todo, para nadie es un secreto que el salario de los congresistas es un despropósito. No puede ser posible que mientras el mínimo está en $877.803, un parlamentario reciba una asignación superior a los $32 millones mensuales, lo cual genera que al Congreso se le haya destinado un presupuesto de $632mil millones para este año, de los cuales $549mil millones son para gastos de funcionamiento. Es decir, burocracia.

Con el proyecto radicado se disminuirían de 280 a 157 las curules en el Parlamento, lo que conllevaría a un ahorro anual estimado de $316mil millones y de $1.2 billones en 4 años. Siendo esto así, ¿por qué es un riesgo esta iniciativa? Muy sencillo.

La función principal del Congreso es hacer un contrapeso al Gobierno. Por eso, es que el Presidente no puede legislar y está sometido al control político que le haga la rama legislativa. Entre más fuerte y autónomo sea el Parlamento, más limitado estará el ejecutivo que ya de por sí ejerce súper poderes.

En efecto, recordemos que el Gobierno administra el presupuesto, la burocracia, controla buena parte de las inversiones regionales y tiene bajo su mando a las Fuerzas Militares. Ahora bien, no todo son flores para el Congreso. Esa entidad, en nuestro País, históricamente ha carecido de independencia frente a los Presidentes.

No obstante, el diseño actual permite que la oposición tenga herramientas para denunciar las eventuales irregularidades del ejecutivo. Por ejemplo, el Gobierno Santos tenía una mayoría de 80-20 en el Parlamento en todo lo relacionado frente al proceso de La Habana, pero gracias a nuestra estructura institucional el Centro Democrático logró visibilizar los problemas de la negociación, lo cual, en últimas, dio camino a la victoria del No en el plebiscito y el triunfo electoral en las elecciones legislativas y presidenciales del 2018.

Por eso, reducir el tamaño del Congreso es sepultar la ya maltrecha independencia del legislativo para convertirlo en el órgano notarial del Presidente de turno. Hoy en día el Gobierno debe negociar -en el buen sentido de la palabra- sus iniciativas con 280 congresistas. Empero, si se reduce el número de parlamentarios en un 43.9% la Casa de Nariño solamente necesitaría llegar a acuerdos con 79 legisladores para tener mayoría absoluta en las dos cámaras. Sería una cuestión de trámite.

Por ende, el Congreso no tendría fuerza institucional ni política alguna para contrarrestar el híper-presidencialismo de nuestro País. Además, al reducir el número de curules disponibles se disminuiría la representación de las minorías en el Parlamento, dado que sería casi imposible para los grupos pequeños superar el umbral y tener el número de legisladores que tienen hoy. El escenario ideal para cualquier Gobierno.

¿Cuál es la solución entonces?

Cambiar el régimen laboral de los congresistas. Los parlamentarios no deberían tener una asignación salarial fija mensual, sino recibir honorarios por cada sesión realizada. De esta manera, se disminuiría el gasto del Congreso y se aumentarían el número de plenarias, lo cual, a su vez, permite ejercer un mayor control al Gobierno.

Es indiscutible que hay que recortar radicalmente los gastos burocráticos del Estado, pero por el afán de la coyuntura no podemos correr el riesgo de acabar con la separación de poderes. ¿Se imaginan a Petro de Presidente con un Congreso de bolsillo sin capacidad de ejercer un contrapeso?

El Parlamento, con todos sus errores, es vital para la estabilidad institucional y democrática de nuestro País.

@LuisFerCruz12

Publicado: abril 22 de 2020