Uno de los proyectos que se aprobó al final de esta legislatura en el Senado fue el que pretende crear una nueva prima para todos aquellos trabajadores que perciban hasta tres salarios mínimos, lo cual engrosaría las finanzas de cerca de 9 millones de compatriotas.

Aunque es un proyecto que tiene las mejores intenciones tras los beneficios tributarios que se les dieron a las empresas con la Ley de Financiamiento, el riesgo que genera de aumentar la informalidad laboral y disminuir los índices de generación de empleo son demasiado altos.

En efecto, hoy en día la cifra de desempleo ha aumentado casi al 12% generada por múltiples factores como la masiva llegada de venezolanos y si a eso le agregamos el hecho que las empresas tendrán que desembolsar casi 1.8 billones de pesos anuales para cubrir el pago de esta prestación, disminuir esta estadística será prácticamente una misión imposible, en especial cuando, según cálculos aproximados, con el valor que implica la creación de la nueva prima cerca de 100mil personas podrían acceder a un trabajo.

Por supuesto que los beneficios tributarios a las empresas no se pueden otorgar sin ninguna retribución social a cambio. De absolutamente nada sirve aumentar los índices financieros de las grandes corporaciones sin que la base de la sociedad encuentre un beneficio por ello.

Sin embargo, en vez de crear una nueva prestación que aumente los costos de producción y condene a miles de colombianos a no poder acceder a la formalidad laboral, lo cual no solamente implica no contar con todas las garantías de un salario estable sino también el no cotizar al sistema de seguridad social, se debe hacer un énfasis muy fuerte en que la retribución principal de los beneficios tributarios sea darle nuevas oportunidades de empleos a familias que lo necesitan.

Además, aparte de lo anterior, hay que tener en cuenta que los beneficios tributarios que otorgó la Ley de Financiamiento y que sustentan la creación de la nueva prima se pueden ir al piso si la Corte Constitucional tumba esa Ley tras la demanda que interpuso German Vargas Lleras por vicios en el trámite de su expedición -la Cámara acogió el texto aprobado en el Senado sin que este se haya publicado-.

Esto implicaría que en el peor de los escenarios, y que desafortunadamente no está muy alejado de ser realidad, se le impondría una nueva carga prestacional al sector privado sin que siga vigente la reducción en el impuesto de renta que creó esa Ley, lo cual terminaría de oscurecer el panorama.

Ojalá que en el trámite en la Cámara de Representantes se revisen los impactos fiscales y sociales de esta iniciativa frente a la cual el Ministerio de Hacienda ya dio concepto negativo, más aún cuando estamos en un País con una fuerte inestabilidad jurídica donde aproximadamente cada dos años se cambian las reglas de juego tributarias para las empresas, lo que implica que con o sin Ley de Financiamiento no es certero que a futuro el sector privado tenga la disponibilidad de recursos para financiar la prima.

Esto, indudablemente, no solamente generaría no contratar nuevos empleados sino también poner en riesgo los trabajos existentes.

@LuisFerCruz12

Publicado: junio 26 de 2019