Resulta peligroso que un personaje con los antecedentes del exfiscal Eduardo Montealegre sea asesor de la Justicia Especial de Paz.

Colombia no se logra sacudir de la influencia perversa del cuestionado exfiscal general de la nación, Eduardo Montealegre Lynett, quien utilizó a la fiscalía para enriquecer fabulosamente a sus amigas, amigos y aliados políticos. Así mismo, el órgano de investigación, se puso al servicio de una espantosa cacería política de los opositores al gobierno de Juan Manuel Santos.

Fue durante la administración de Montealegre que un fiscal de bolsillo estructuró un proceso contra el hermano del expresidente Uribe, quien hoy continúa privado de la libertad, a pesar de la evidente falsedad que hay en la investigación que se adelanta en su contra.

Montealegre permitió que durante su paso por la fiscalía se erigieron distintos montajes judiciales. El más famoso, hecho a través de la muy cuestionada Martha Lucía Zamora contra el exdiputado del Valle, Sigifredo López.

Aquel episodio, que se constituyó en un vulgar falso positivo, continúa siendo un símbolo de vergüenza y deshonor de la justicia colombiana.

Terminado su periodo como fiscal, Montealegre maniobró, presionó y hasta chantajeó al gobierno para que su segundo, el también cuestionado Jorge Fernando Perdomo fuera incluido en la terna para efectos de que la corte suprema lo eligiera como fiscal en propiedad.

Al ver que Santos incumplió el acuerdo al dejar a Perdomo por fuera, Montealegre arremetió contra el gobierno, desató una pelea de de compinches, en la que uno amenazaba a delatar al otro.

Viajó a Alemania y luego de algunos meses ha regresado al país, esta vez en condición de contratista del ministerio de Justicia, evidenciando un pago de favores, pues cuando Montealegre fue fiscal, celebró un multimillonario contrato con quien hoy es su contratante, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero.

Ese “yo te contrato, pero luego tu me contratas” es una práctica muy habitual en el gobierno de Santos, donde los jefes de las entidades han manejado al erario como si fuera de pertenencia y posesión suya.

Resulta altamente riesgoso que una persona con los antecedentes de corrupción y sed de venganza comprobada como es el exfiscal Montealegre, sea contratado como asesor de la denominada jurisdicción especial de paz. De manera abusiva, reconoce que hará su trabajo “sin rencores ni odio”, lo que delata que en efecto aquel es su modus operandi, pero advirtiendo que en esta ocasión de abstendrá de ejercer de esa manera su cargo como consultor.

En vez de andar brindando opiniones en la JEP, Montealegre debería estar respondiendo por el vulgar entramado de corrupción que montó en la fiscalía durante los 4 años que estuvo en esa entidad. Aclarar escándalos como el de la universidad que fundó, los aviones que compró, las “embajadas” que estableció para pagar favores y, por supuesto, los desproporcionados contratos que asignó a dedo para enriquecer con dinero público a personas de cuestionada solvencia profesional y ética, como es el caso de Natalia María Lizarazo García, quien estafó al Estado presentándose con el nombre de “Natalia Springer Von Schwarzenberg”.

Lo del caso de “Springer”, que ha trascendido ante la opinión pública como el “escándalo Tocarruncho”, es de inaudita gravedad, pues Montealegre, además de haberle girado miles de millones de pesos para que vendiera humo, le abrió las puertas de la fiscalía y le dio acceso a expedientes muy delicados, cuando ella no era ni funcionaria, ni abogada, ni mucho menos experta en las materias para las que fue contratada.

Nadie puede extrañarse si en este proceso de oxigenación de Montealegre, personajes cuestionados y señalados por sus malas prácticas, terminen sacados del ostracismo.

Santos y las Farc se inventaron a la JEP para perseguir inclementemente a sus enemigos ideológicos y quién mejor que una persona de la calaña de Eduardo Montealegre para poner en marcha ese plan siniestro.

@IrreverentesCol

Publicado: julio 18 de 2017