A propósito del referendo que pretendía privar las parejas del mismo sexo y a las personas solteras de la posibilidad de adoptar, hay que hacer una precisión: La discusión que hasta el pasado miércoles dividió al país y al congreso, en realidad consiste de dos discusiones que deben diferenciarse para poder abordar apropiadamente el tema.
La primera de esas discusiones se refiere al concepto de la familia y a su evolución. Se refiere al reconocimiento de la diferencia o su invisibilización, al dilema que supone la superación de los dogmas religiosos que fundamentaron nuestras instituciones laicas. Es mi creencia firme que la igualdad como derecho y la tolerancia como valor supremo deben dar soporte a nuestro Estado. Al final, la lucha por la igualdad ha sido siempre la misma. La de la población afro, la de las mujeres, la de la población LGBTI. Esa lucha ha encontrado siempre una oposición similar, que esconde detrás de argumentos naturalistas o religiosos, sustentos discriminatorios. A quienes no estén de acuerdo conmigo para este punto, los invito a seguir leyendo, en un ejercicio de tolerancia, precisamente.
Es cierto que en el desarrollo de esta discusión la población LGTBI y las cabezas de los hogares monoparentales no han sido los únicos discriminados, y que se ha hecho mal al satanizar diferentes posturas religiosas, – en particular a la cristiana-. Llevan razón aquellos que reclaman que también la libertad de cultos es un derecho fundamental en nuestro ordenamiento, que debe protegerse. Sin embargo, lo relevante en esta discusión es aceptar que ninguna postura religiosa debe adquirir el rotulo de norma, por mayoritaria que resulte, si contradice las normas sociales, las que incluyen a las minorías. En cambio, algunas de nuestras normas, como la que autoriza el divorcio, contradicen de manera directa cánones o instituciones de naturaleza religiosa, o protegen esas contradicciones, pero esas no encuentran la misma resistencia, o acaso ninguna.
La segunda discusión, que me parece igual de interesante, pero en la que se ha profundizado mucho menos recae sobre la legitimidad del referendo para abordar una discusión como la primera. En mi opinión, no se debe dar a la mayoría la potestad de decidir sobre los derechos de las minorías. No se trata en lo absoluto de una prevalencia antidemocrática de la voluntad de las minorías. Se trata de que en un Estado Social de Derecho no se convierta la democracia en la tiranía de la mayoría, en la opresión constante de quienes no cuentan por no ser más. Lo derechos deben ser de todos, para que todos valgamos de verdad lo mismo, como sugiere la constitución – y también la biblia-.
En una nota relacionada: Al final el referendo no se hundió en la Comisión Primera de la Cámara solo por la contraposición de ideas en estas dos discusiones igualmente interesantes; ni por el argumento igualmente poderoso del costo descomunal que supondría para un Estado quebrado, llevar al hecho un mecanismo de participación como el que proponía la Senadora Vivian Morales. Al final el referendo se hundió por que el gobierno así lo quiso; porque intervino de manera directa, ministro del Interior mediante, en el voto de los congresistas que demostraron, una vez más, que el congreso colombiano no existe, más que como un escenario propicio para hacer oposición.
Publicado: mayo 13 de 2017