Mucho se ha hablado esta semana acerca del referendo que pretende acabar con la JEP, reformar el Congreso y revocar los magistrados de las altas cortes. Aunque sus intenciones son buenas y sin lugar a dudas recoge buena parte del clamor popular que siente cada vez más una profunda desconexión con las autoridades judiciales, desafortunadamente no es el camino que se debe seguir.

Sus promotores, cabe resaltar, son verdaderos patriotas que sobreponen la defensa de las convicciones por encima de las coyunturas políticas que convierten a muchos en veletas en el espectro ideológico.  Por ejemplo, el liderazgo de actores como Herbin Hoyos ha sido fundamental para que las miles de familias que padecieron el yugo del secuestro pudieran sobrellevar ese flagelo con la única conexión que tenían con sus seres queridos cuando estaban en la selva.

Sin embargo, más allá de las calidades humanas y profesionales de las personas que están liderando esta iniciativa, se tiene que hacer un análisis realista de las implicaciones que este proceso conlleva y las consecuencias políticas que generaría tanto para el Gobierno como para los partidos políticos, en especial el Centro Democrático.

En primer lugar, la recolección de las firmas necesarias no es tarea fácil. Se requieren amplios recursos tanto presupuestales como humanos que logren que más de 1´800.000 colombianos acompañen la propuesta en tiempo record. Para poner esa cifra en contexto, en la historia reciente del País la última vez que se logró cumplir tal requisito fue cuando se debatía el referendo reeleccionista en 2010, donde el Gobierno Uribe tenía una aprobación histórica de más del 70% y la sociedad no estaba tan fragmentada como ahora.

En segundo lugar, suponiendo que se logren recoger las firmas -que es la parte sencilla del tortuoso proceso- el Congreso tiene que expedir una Ley convocando al referendo, lo cual, con las precarias mayorías que actualmente tiene el Gobierno en el Capitolio para temas como la paz, conllevaría a una nueva y estruendosa derrota legislativa donde los partidos de la antigua Unidad Nacional hundirían esta iniciativa.

En tercer lugar, acudiendo al hipotético escenario que el Congreso expidiera la Ley, esta iría a control por parte de la Corte Constitucional, quien, al igual que lo hizo en el 2010 para hundir el mencionado referendo reeleccionista, adornaría sus posturas políticas en románticas expresiones literarias y jurídicas que declararían inconstitucional la iniciativa

Por eso, no es recomendable que ni el Gobierno ni el Centro Democrático se embarquen en una causa que generaría un mayor desgaste político que el causado por las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP y cercenaría aún más las tensas relaciones con las altas cortes.

El proceso de convocatoria a un referendo antes de 2 años no finaliza, lo que implicaría que el tiempo que le resta a Iván Duque en la Presidencia estaría enfocado en una propuesta que genera ilusión en el pueblo colombiano pero que por las particularidades propias del Congreso y las Cortes, en la realidad, no se puede llevar a cabo.

Por el contrario, se debe trabajar en construir acuerdos en el Congreso, como ya se había logrado a finales del año pasado, para, por ejemplo, adicionar nuevos magistrados a la JEP que tengan conocimiento de operaciones militares y le dieran garantías a los miembros de la Fuerza Pública que se sometan a ese tribunal, al igual que llevar avante modificaciones a esa entidad para que figuras como la extradición no queden enterradas en el olvido.

@LuisFerCruz12

Publicado: junio 19 de 2019