Que las Farc dejen de actuar como grupo armado ilegal es bueno para Colombia.

Y que, con el fin de facilitarlo, se requiere tomar decisiones excepcionales es una verdad de a puño.

Ya lo hemos hecho varias veces en el pasado para viabilizar el paso de la ilegalidad a la legalidad de otros grupos armados.

En las circunstancias actuales, es conveniente hacerlo de nuevo.

Sin embargo, resulta inaceptable que haya que destruir la institucionalidad vigente, en procura de que una organización terrorista y arrogante sienta satisfecho su propósito de imponerle a la sociedad que martirizó, pero que no le fue posible derrotar, el concepto de que todos los crímenes que cometió, atroces muchos de ellos, fueron en ejercicio del derecho legítimo a la rebelión.

El Presidente de la República, consagrado ahora con el premio nobel de la paz, jamás lo reconocerá, pero eso fue lo que hizo cuando estampó su firma.

Ese es el origen de la jurisdicción especial para la paz, de la elegibilidad inmediata de los culpables de los delitos más graves de trascendencia internacional, de que esos mismos responsables de atrocidades no paguen ni un solo día de cárcel, y de la consideración del narcotráfico como conexo al delito político.

Timochenko firmó al lado de Santos porque ganó en la mesa de La Habana lo que no consiguió, ni habría obtenido jamás, mediante el terror.

Logró que el jefe del Estado le aceptara que a su grupo no se le aplicaría una ley expedida para permitir el desarme y reinserción, tal como ya se había hecho antes, si no las normas y principios de una jurisdicción nueva, especial, que investigará y juzgará a todo el mundo, porque la responsabilidad es de la sociedad en su conjunto, no solamente de un puñado de rebeldes idealistas.

Logró que el jefe del Estado le aceptara que puedan ser elegidos inmediatamente porque ahora sí van a hacer política sin tiros.

Logró que, en contravía de la tendencia universal sobre lucha contra la impunidad y castigo a los responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, quienes tengan esas culpas, pero pertenezcan a las Farc, serán sancionados solamente con restricción de la libertad.

Y logró que el jefe del Estado le aceptara que eso del narcotráfico ha sido apenas un medio político para financiar la noble causa de la rebelión.

Pero Timochenko también consiguió que el jefe del Estado le aceptara que hay que acabar con el equilibrio de poderes para que todo lo que acordaron sea aprobado rápidamente por el Congreso, y que ningún poder, ninguno, puede atreverse a tocar una sola coma de lo que firmaron las dos partes.

Como si lo anterior fuera poca cosa, obtuvo, así mismo, que el jefe de Estado aceptara la tesis de que el Congreso puede sustituir al pueblo en el ejercicio de la soberanía, que reside, según la constitución nacional, exclusivamente en éste último.

Es malo, sin duda, el escenario en el que estamos, toda vez que, en lugar de ser semilla de estabilidad, tiene el potencial de ser fuente de inestabilidad.

Lo más grave, es que el presidente se rindió ante la inflexibilidad de las Farc, y prefirió firmar a la carrera con el apoyo de parte del país, en lugar de actuar como vocero de todos los colombianos y contar con su respaldo.

Se equivocó.

Esta historia no ha concluido, porque hay un pronunciamiento popular de por medio.

El 2 de octubre la mayoría se pronunció en contra de algunos aspectos de lo acordado con las Farc.

Y solamente el constituyente primario tiene el derecho a manifestarse y decidir sobre el texto reformado.

Lo hará, bien sea en un referendo, mediante un nuevo plebiscito, o en el 2018.

En cualquier caso, ¡el pueblo decidirá!

@CarlosHolmesTru