El fiscal general debe proceder a investigar las irregularidades del fiscal Carlos Ibán Mejía Bello, lavaperros de Montealegre y Perdomo.

Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo, amigos y compinches del corrupto exmagistrado Leonidas Bustos, sabían que antes de abandonar la fiscalía debían propinarle un duro golpe a su rival político e ideológico, el expresidente Álvaro Uribe.

Aunque hay casi 100 pruebas que demuestran que Santiago Uribe no tuvo ningún tipo de vínculo con la estructura armada ilegal denominada los 12 apóstoles, Montealegre y Perdomo buscaron a un fiscal de bolsillo, un verdadero lavaperros, que pisoteara dichas evidencias y buscara testigos falsos donde fuere menester, para efectos de encarcelar al hermano menor del expresidente de la República.

Carlos Ibán –con B- Mejía Abello, oriundo de Santander, liberal cercano Horacio Serpa, es un hombre sobre el que pesan serios cuestionamientos. Lleva décadas entrando y saliendo de la fiscalía general de la nación.

El primer fiscal general de la nación que intentó depurar a esa entidad, sacando a los funcionarios corruptos, fue el doctor Luis Camilo Osorio quien, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, incorporó medidas de choque para identificar focos de corrupción, obligando a que los fiscales de la unidad antimafia fueran sometidos a la prueba del polígrafo.

Carlos Ibán Mejía, adscrito a dicha unidad, fue llevado a la prueba y resultó ser el único en no pasarla. Creyendo que se trataba de un error, se ordenó una segunda prueba y el resultado fue aún peor. Quedaba en evidencia que el funcionario debía salir cuanto antes de la fiscalía, como en efecto sucedió.

A punta de marrullerías, Mejía se hizo reincorporar a la entidad de la que había sido despedido. Gracias a una acción de tutela, en la que poderosos exmagistrados metieron la mano, el cuestionado fiscal recuperó su empleo y con ello su capacidad para seguir haciendo “mandados” en la fiscalía general de la nación.

Perdomo y Montealegre nombraron a Mejía Abello como fiscal delegado ante la corte Suprema de Justicia, con dos consignas específicas: encarcelar al hermano del presidente y a la entonces contralor general, Sandra Morelli Rico, una archienemiga de Montealegre, a quien ella había denunciado con verticalidad por haber engavetado la investigación contra su antiguo cliente, el cuestionado expresidente de Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino.

Testigos falsos

Para lograr el cometido de llevar a una celda a Santiago Uribe, Carlos Ibán Mejía recurrió al testimonio libreteado del exmayor de la policía vinculado con el narcotráfico, Juan Carlos Meneses, un sujeto oscuro del que se sospecha ha recibido jugosas sumas de dinero por parte de la satrapía venezolana. De hecho, antes de ser encarcelado en Colombia, Meneses estuvo protegido en Venezuela, por orden de la dictadura.

Para darle mayor “contundencia” a su investigación, el fiscal Mejía Abello se fue hasta Chile para encontrarse con otro falso testigo. Se trata de un tal Eunicio Alonso Pineda Luján, un sujeto que padece evidentes trastornos mentales, al punto de que los médicos chilenos, para controlarle sus ataques de pánico y sus alucinaciones, se han visto obligado a mantenerlo dopado la mayor parte del día.

Aunque para cualquier investigador un desquiciado que vive en un mundo imaginario tiene poca relevancia como testigo, para Mejía Abello éste resultó ser de singular valor. Lo puso a decir cuanta estupidez se cruzara por su trastornada imaginación y él, en condición de fiscal, asumió sus palabras como hechos ciertos e incontrovertibles.

Lo increíble es que Montealegre y Perdomo, que se precian de ser unos expertos penalistas, forjados a la sombra de la escuela alemana de criminalística, compartieron ciegamente el testimonio fantasioso de Pineda y con base en él procedieron a ordenar la captura de Santiago Uribe, el último día del mes de febrero del año pasado.

El proceso contra Santiago Uribe más parece una puesta en escena de la edad media en la que el inculpado llegaba condenado ante quienes impartían “justicia”. Para Montealegre y Perdomo de nada sirvieron las contundentes pruebas que tiene la defensa del hermano del presidente Uribe. Ellos querían fustigar al uribismo encarcelando a Santiago y así procedieron.

El montaje es de tal nivel, que la actual fiscalía tuvo que admitir que el testimonio de Pineda Luján es totalmente inverosímil y estrambótico, razón por la que fue desestimado y retirado del caso.

Ahora que el fiscal Martínez asumió la heroica misión de limpiar a la justicia, de investigar y llevar ante los jueces a los fiscales y magistrados corruptos, bien vale la pena que le dé una revisada al proceder profesional claramente criminal de Carlos Ibán Mejía Abello, el mandadero de Luis Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo.

@IrreverentesCol

Publicado: agosto 22 de 2017