El exmagistrado de la corte suprema, Yesid Ramírez Bastidas debe ser investigado en este proceso de depuración de la justicia colombiana.

Leonidas Bustos no es el primero y, desafortunadamente, no será el último delincuente que llegue a la más alta cumbre de la justicia colombiana. Atrás quedaron los años en los que los cupos de las cortes estaban reservados para juristas excelsos y humanistas de altísimas calidades profesionales.

Al eliminarse la figura de la cooptación, la rama judicial se convirtió en un campo de batalla electoral en el que los más hábiles politiqueros logran hacerse a las vacantes.

En medio de ese forcejeo, un humilde abogado oriundo de Algeciras, Huila, logró ocupar uno de los 9 asientos de la sala penal de la corte suprema de Justicia. Se trata de Yesid Ramírez Bastidas, quien se desempeñó como magistrado de esa corporación entre 2002 y 2010.

Desde su llegada a la corte, se dedicó a la politiquería y a buscar la manera de favorecer sus intereses y los de su familia.

Elegido como presidente de la corte suprema, fue homenajeado en su departamento. Lo alarmante es que el convite fue organizado y financiado por un oscuro “empresario” estrechamente vinculado con la mafia, Ascencio Reyes.

Reyes no era el único amigo que el magistrado Ramírez tenía en el bajo mundo. El italiano Giorgio Sale, peligroso narcotraficante era, sin duda alguna, uno de los mejores amigos del poderoso magistrado quien se convirtió en cliente habitual de sus restaurantes y almacenes.

Su nivel de cercanía era tal, que el capo le regaló al togado un costoso reloj marca Patek Philippe.

Pero como en aquella época los grandes medios de comunicación estaban obnubilados por los supuestos avances de la corte suprema en la denominada “parapolítica”, hicieron oídos sordos ante las sustentadas denuncias que daban cuenta del nivel de corrupción de Ramírez y de algunos de sus colegas que pasaban más tiempo en las fiestas organizadas por la mafia que en el palacio de Justicia.

Como era evidente, las agencias de seguridad del Estado estaban perfectamente obligadas a investigar los hechos. No es en absoluto aceptable que algunos magistrados de la corte suprema de justicia mantuvieran un maridaje con miembros del hampa.

Como si se estuviera en un mundo al revés, quienes hicieron la investigación terminaron en la cárcel y los investigados impunes y, como si fuera poco, indemnizados por el Estado.

En efecto, en el año 2014, el tribunal administrativo de Cundinamarca, en un tiempo record, evacuó una demanda presentada por Ramírez, ordenando al Estado indemnizarlo con $290 millones de pesos por unos supuestos “daños morales” y perjuicios causados por el Estado.

La comisión de acusaciones de la cámara de representantes, juez natural de Ramírez, archivó la investigación que se le adelantó por sus vínculos con la mafia. Lo curioso es que dicho proceso, que se evacuó a una velocidad nunca antes vista, le correspondió al representante Carlos Ramiro Chavarro, quien, como Ramírez, es oriundo del departamento del Huila.

Ahora que se ha resuelto investigar la evidente y antigua corrupción en las altas cortes, el nombre de Yesid Ramírez Bastidas vuelve a tomar relevancia. Fue él quien acercó a dos narcotraficantes al palacio de Justicia. Fue él quien permitió que un lavaperros de la mafia organizara y financiara un evento en honor suyo, acto social para el que fue fletado un avión de Satena y en el que viajó un nutrido grupo de magistrados.

Yesid Ramírez Bastidas, un hombre que jamás se imaginó que concentraría el poder que tuvo y que borracho gritaba a los 4 vientos que derrocaría al expresidente Uribe, es un hombre que debe ser investigado a fondo. Sus cuentas bancarias revisadas y su patrimonio expugnado. Al hacerlo, el país encontrará que él, sin duda alguna, es un verdadero “patrón”, en el sentido menos honorable del término.

En esa investigación debe incluirse a su hermana, la señora Luz Natalia Ramírez Bastidas, señalada de ser la persona encargada de manejarle el dinero al exmagistrado.

@IrreverentesCol

Publicado: septiembre 4 de 2017