Una de las pocas victorias que ha tenido el exministro Arias en la larga guerra para evitar su extradición a Colombia fue la decisión emitida por el Comité de Derechos Humanos de la ONUque en noviembre del año pasado recomendó el reconocimiento de la segunda instancia para el exfuncionario uribista, condenado a más de 18 años de cárcel por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. 

Como es sabido, Arias fue procesado por la sala penal de la corte suprema de justicia -abiertamente antiuribista- y condenado en junio de 2014 a una pena de prisión que para muchos resultó injusta y por consiguiente desproporcionada. 

Días antes de que se conociera la sentencia condenatoria en su contra, Arias viajó a los Estados Unidos, país en el que inició un proceso de solicitud de asilo, el cual nunca avanzó.

A finales de agosto de 2016, Andrés Felipe Arias fue capturado en su casa ubicada en la ciudad de Weston -sur de Florida-, en cumplimiento de una solicitud de extradición emitida en septiembre de 2014 por la corte suprema de justicia colombiana. 

A partir del momento en que se produjo la captura con fines de extradición, su proceso de asilo en los Estados Unidos quedó suspendido. De acuerdo con las normas legales estadounidenses, las solicitudes de asilo no pueden proceder ni se pueden estudiar mientras se surte el proceso judicial de la extradición.  

Una vez el gobierno del presidente Duque fue notificado de la recomendación elevada la ONU en la que se plantea la pertinencia de la segunda instancia para Andrés Felipe Arias, de buena voluntad se aceptó la recomendación: “El comité de ministro resolvió asumir de buena fe las observaciones hechas en el Comité de Derechos Humanos en relación con la vulneración de los derechos previstos en los artículos 14 y 25 del pacto de derechos civiles y políticos, correspondientes al derechos a la doble instancia y a la aplicación de criterios de proporcionalidad en la imposición de sanciones que restrinjan los derechos políticos”, aseveró en representación del gobierno nacional el canciller de la República, Carlos Holmes Trujillo. 

Acto seguido, el asunto le fue remitido a la sala penal de la corte suprema de justicia, que es el juez natural de Arias, para efectos de que procediera a estudiar la recomendación de la ONU. El resultado era previsible. 

En días pasados, el cuestionado presidente de la sala penal de la corte suprema, el reconocido activista del antiuribismo, magistrado Luis Antonio Hernández convocó a una rueda de prensa en la que anunció que la impugnación del fallo condenatorio contra Arias no sería admitida. Según Hernández, “la sala de casación penal, en decisión de hoy [febrero 13 de 2019] decidió (sic) negar todas las solicitudes al señor exministro Arias Leyva. La sentencia condenatoria en su contra la dictó la corte en 2014 con respeto del debido proceso vigente cuando esa sentencia se expidió. Su caso frente a la constitución nacional era de única instancia… El acto legislativo 1 de 2018 es inaplicable al caso del señor exministro Arias Leyva”.

Frente a la segunda instancia recomendada por la ONU, Hernández aseveró que se requiere una reforma a la Constitución que permita la aplicación de esa figura a favor de los aforados cuya sentencia ya se encuentre ejecutoriada -como es el caso de Arias-. 

En tono desafiante, el magistrado Hernández -colega de los delincuentes que integran el denominado cartel de la toga-advirtió que en ningún caso la corte suprema va a presentar un proyecto de reforma constitucional en ese sentido. 

En aquel escenario, le corresponderá a la bancada del Centro Democrático -partido de gobierno- obrar en consecuencia y presentar, cuanto antes, el proyecto de acto legislativo que introduzca la reforma que se requiere para efectos de cumplir con la recomendación de la ONU y así se le pueda garantizar la segunda instancia al exministro de Agricultura del presidente Uribe. 

Arias y su familia pasan por un momento difícil. Su inminente extradición a Colombia es un golpe duro para un sector del uribismo que ha coadyuvado la causa del exfuncionario, razón por la que resulta francamente desagradable la manipulación politiquera y mezquina que grupos reducidos le han pretendido dar a la situación, tratando mentirosamente de responsabilizar a Iván Duque, cuando el proceso de extradición le es totalmente ajeno al gobierno nacional. 

La extradición fue efectivamente concedida el pasado 21 de febrero en aplicación de la facultad discrecional del gobierno del presidente Donald Trump, frente a una solicitud que fue remitida por la corte suprema de justicia colombiana en octubre de 2014.

Cuando el presidente Duque asumió en agosto del año pasado, el proceso de ext contra Arias ya estaba en marcha y ya se había presentado la decisión judicial de enviarlo a Colombia. Frente al asilo del exminsitro, faltan a la verdad los que aseveran -con total desconocimiento de las normas de asilo estadounidenses- que el gobierno podía haber ayudado a que éste fuera concedido, toda vez que desde el momento en que Arias fue capturado en 2016, su solicitud de asilo quedó irreversiblemente suspendida. 

No es este el momento de pescar en río revuelto, ni de generar divisiones en el seno del uribismo con cálculo electorero, sino de identificar soluciones plausibles y acometer acciones eficaces que permitan reversar la injusticia que muchos consideran que se ha cometido en contra de Andrés Felipe Arias.

@IrreverentesCol

Publicado: febrero 25 de 2019