Las finanzas públicas del Estado colombiano tienen un déficit fiscal acumulado de 30 billones de pesos al año para atender los gastos del presupuesto nacional, más 17 billones anuales para la amortización de la deuda, manteniendo una deuda pública equivalente al 32 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y un endeudamiento total que supera el 50 por ciento del PIB. Para ponerse al día, el Tesoro Nacional debe conseguir cerca de 282 billones de pesos; es decir el esfuerzo fiscal de dos generaciones.

Los niveles de depreciación del peso frente al dólar, la caída en los precios del petróleo, la emisión anual de bonos en el mercado internacional por cerca de 1.500 millones de dólares y la corrupción administrativa, denotan cada vez más que económicamente el Estado colombiano no es viable. Sin embargo, el debate no se abre y el gobierno aspira a sostener la economía con lo que recaude de la reciente reforma tributaria, más la emisión de TES o títulos de tesorería por 22.6 billones de pesos, destinados específicamente al pago de las obligaciones que tiene el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo, la deuda de la liquidación de CAPRECOM, el pago de sentencias y conciliaciones judiciales; entre las que se encuentran las de FONCOLPUERTOS y el pago de las pérdidas del Banco de la República de la vigencia anterior.

La bancarrota del Estado colombiano en inocultable. Debemos más de lo que tenemos y cada día nos endeudamos más. Para sostener la situación, la institucionalidad alimenta la corrupción de las ramas del poder público. Y los corruptos que saben lo que está sucediendo, se arropan entre ramas, los unos con los otros. Es triste decirlo, pero preocupa y da dolor, cómo poco a poco se roban lo que queda de Estado y apenas escándalos mediáticos como el de Odebrecht, alimentan el morbo colectivo, para dejar en el ambiente la sensación de que ahora sí, vamos a acabar con la corrupción.

Posiblemente el Estado esté esperanzado en que los bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que están en circulación en el mercado internacional, estén en manos de la diplomacia económica de las FARC-EP, y con ellos, esta organización se incorpore a la vida civil en lo económico, de acuerdo a sus intereses, y que igual situación o destino tengan los TES. Así legalizaríamos lo que por años el mismo Estado a través de sus instituciones persiguió, mientras los demás colombianos pagábamos los impuestos, incluido el de guerra, las vacunas y toda clase de extorsiones.

No entiendo la razón por la que no abordamos el tema de una vez por todas. El presidente de la República como contribución a la paz, debería entender que la solución, ya no está en sus manos, sino en la posibilidad de convocar un gran acuerdo nacional que permita que entre todas las fuerzas políticas, sociales y económicas, se estructure un modelo de gobierno transicional, capaz de sacar al país de la crisis y salvar el camino hacia una paz negociada.

¿Será que el presidente de la República Juan Manuel Santos, está esperando una eventual intervención de organismos internacionales, para que sean ellos los que impongan los cambios y las transformaciones?

@AlirioMoreno

Publicado: marzo 7 de 2017