Hasta hace relativamente poco tiempo, los Besaile, conocidos popularmente en el departamento de Córdoba como “los Musas”, eran los mandamases de la comarca. Su poder económico y político, ostensible y creciente, los convirtió en una familia imbatible. A pesar de la asociación entre el hoy capturado Musa Besaile y Bernardo Miguel Ñoño Elías, lo cierto es que el segundo no alcanzó a tener el capital político del primero que, valga recordar, fue en 2014 el congresista que individualmente obtuvo la mayor votación en toda Colombia.

En efecto, en aquella jornada electoral, 145.402 personas sufragaron por él, la mayoría, como es de suponer, en su natal Córdoba.

En sus recientes declaraciones a la emisora W Radio, el exgobernador de aquel departamento, Alejandro Lyons, confesó que una importante tajada del dinero robado durante su administración, temrinó en las arcas de los hermanos Besaile, particularmente en las de Edwin, quien fue la persona que lo reemplazó en la administración departamental.

Hace unos meses, LOS IRREVERENTES revelaron hechos que resultan altamente preocupantes, respecto del multimillonario patrimonio del gobernador Edwin Besaile que se ha visto reflejado en importantes y onerosas haciendas ubicadas en las mejores zonas de su departamento.

Ante las evidencias de sus reiterados actos de corrupción, la corte Suprema de Justicia, ordenó la captura del senador Musa Besaile, quien además de estar involucrado en temas de la denominada parapolítica, también está enredado en casos de saqueos a su departamento, el escándalo de Odebrecht y en el cartel de la Toga.

Creyendo que aun puede poner a su maquinaria política a votar por uno de los suyos, desde la cárcel, Besaile designó a su hermano Johnny como candidato al senado, aspiración que prosperó luego de que el partido de Juan Manuel Santos, presidido por el exministro Aurelio Iragorri, decidió concederle el aval.

No será una campaña exenta de cuestionamientos. Con su hermano Musa en prisión y con Edwin ad portas de ser privado de la libertad, Johnny no la tendrá muy fácil.

Seguramente afincará todas sus esperanzas en la aceitada maquinaria electorera de su familia, pero no es del todo descabellado pensar que los escándalos que rodean a su familia terminen por convencer al electorado cordobés de que es necesario aplicar un castigo democrático. Es un verdadero desafío a la comunidad que la familia Besaile, que tanto daño le ha infringido a la sociedad, que ha estado involucrada en inenarrables hechos de corrupción pretenda mantenerse indefinidamente en el poder. Los delitos de sangre claramente no existen. No es posible que se apruebe una ley impidiendo que el hermano de un corrupto se presente a las elecciones. Pero en cambio, sí es posible que los electores, que al fin y al cabo tienen la última palabra, castiguen ejemplarmente a aquellos que abusando del poder que les ha sido delegado, se enriquezcan fabulosamente.

La fiscalía asegura tener pruebas suficientes que indicarían que el gobernador Edwin Besaile participó decididamente en el robo denominado el cartel de la hemofilia. Por tal razón, al mandatario le serán imputados los delitos de concierto para delinquir y peculado. De ser hallado culpable, pasaría los próximos 15 años en la cárcel.

Mientras la fiscalía actúa, la procuraduría general de la nación puede tomar decisiones preventivas para evitar que el señor Besaile siga haciendo de las suyas como gobernador de su departamento. El ministerio público cuenta con las herramientas legales suficientes para suspenderlo. La pregunta es, ¿por qué no lo ha hecho? Es claro que para el gobierno de Santos, la gobernación de Córdoba significa un importante botín en tiempos de elecciones. Aquel departamento fue el que facilitó la victoria del presidente en la segunda vuelta de 2014. Pero la procuraduría no puede caer en ese tipo de valoraciones, cuando se trata de proteger a la sociedad del accionar de una banda de criminales integrada por políticos inescrupulosos como en efecto son los hermanos Besaile.

@IrreverentesCol

Publicado: enero 15 de 2018