Ahora que el presidente estadounidense, Donald Trump, habla de un aumento en la cantidad de coca colombiana que ingresa a su país, vale la pena hacer una mención especial a algunas de las comunidades que más habrían contribuido a ese fenómeno: nuestras protegidas y ya no tan sabias familias indígenas.

Y es que son justamente los protagonistas de la manifestación que ha bloqueado la vía Panamericana durante 25 días, y que deja pérdidas multimillonarias para varios sectores de la economía, los corresponsables en la proliferación de cultivos ilícitos que se dio durante el desgobierno de Juan Manuel Santos, tras la suspensión de las fumigaciones con glifosato y la reducción de los grupos de erradicación manual.

En su informe más reciente (2017) la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), evidencia que la contribución de los resguardos indígenas en el total nacional de cultivos de coca, para entonces, era del 10 por ciento, es decir, unas 17.909 hectáreas. Otro dato revelador es que ese fenómeno creció en un 196 por ciento entre los años 2012 y 2017, lo que refleja la pésima gestión de Santos en materia de drogas.

La minga indígena que se estableció en el Cauca solicita, entre otras cosas, 49.100 hectáreas más de tierra y una adición al presupuesto de 10 billones de pesos que el Gobierno nacional le concedió a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND), pero ni aunque existieran los modos sería conveniente entregarle tanto territorio y dinero a una mafia de tal tipo.

De acuerdo con el mismo informe, el departamento del Cauca es el cuarto del país con mayor área sembrada de coca, y se estima que el 4,5 por ciento de su producción, está concentrada en los resguardos indígenas.

Ahora bien, ¿será viable entregar más terreno a una comunidad que ya posee una cuarta parte del Cauca (720 mil hectáreas); que se ha opuesto a la erradicación y demuestra vinculación directa con el narcotráfico?

Las declaraciones de la líder indígena Diana Perafán este martes en el Senado, dejaron dos cosas claras: primero, que efectivamente las Farc y algunas comunidades indígenas fraguan un plan para intentar arrodillar al Gobierno y quedarse con tierras que luego pondrán al servicio de los narcoterroristas; y segundo, que la minga del Cauca sí ha sido infiltrada (además de politizada).

Es lamentable encontrarse con que algunos de nuestros ancestros, que en principio fueron reconocidos por su nobleza y sabiduría, se hayan convertido en una especie de plaga capaz de dañar incluso a propio pueblo; de desplazar a los productores de sus tierras; de atentar contra la fuerza pública; de manipular explosivos; de matar por ambición.

De todo esto solo queda una conclusión: en su lucha contra el narcotráfico, el Gobierno de Iván Duque no puede distinguir entre indígenas y milicianos; la fuerza pública debe combatirlos a todos por igual.

@JenniferAriasF

Publicado: abril 4 de 2019