Completamente indignante fue ver a comienzos de esta semana el infame mural que algunos personajes que se creen dueños de la verdad absoluta pintaron en Bogotá en contra de cinco excelsos generales del glorioso Ejército Nacional, endilgándoles sin prueba alguna la responsabilidad en un importante número de falsos positivos.

Y por supuesto que esos sucesos fueron una dura e inaceptable realidad que afectó a la institucionalidad militar. De eso no queda duda alguna. Sin embargo, estos hechos en ningún momento respondieron a los lineamientos de la política pública de seguridad del Gobierno y mucho menos pueden ser utilizados en la actualidad para manchar el nombre y la reputación de las cabezas de la institución.

En efecto, como sociedad debemos reaccionar y ser conscientes que en este País no podemos quedarnos inmóviles y legitimar como si fueran algo normal las cacerías de brujas en contra de los miembros de las Fuerzas Militares.

El daño en la imagen de la institución que causan estas acusaciones cercena la confianza de la ciudadanía en su autoridad, más aún cuando la afectación reputacional tiene una relación directa con la legitimidad de la actuación y las políticas desplegadas.

Además, a diferencia de muchos de los personajes que desde la comodidad de un escritorio en Bogotá, y percibiendo sueldos millonarios de ONG´s cuyas fuentes de financiación son un enigma, atacan la actuación de los soldados de la Patria, a ellos no solamente les toca arriesgar sus vidas durante más de 30 años al frente de la línea de mando en el campo de batalla, sino que, una vez salen triunfantes deben pasar al terreno legal a defender sus actuaciones.

Precisamente, es allí donde la falta de imparcialidad en las investigaciones que se adelantan contra los miembros de las Fuerzas Militares es más que notoria. La inseguridad jurídica a la que están sometidos los soldados de la Patria llega a tal punto que, por ejemplo, en la súper poderosa JEP no se respeta la más básica garantía a la que toda persona tiene derecho: ser juzgado por su juez natural.

Esta situación ha sido una constante en las últimas décadas en nuestro País y es un aspecto que esta administración, que está siempre dispuesta a establecer diálogos constructivos con la población, debería tener en cuenta.

Por supuesto que son importantes acciones como la Ley del Veterano, pero devolverle la seguridad jurídica a la Fuerza Pública está por encima de cualquier acto simbólico.

De igual manera, este infame suceso debe servir para reiterar que la presunción de inocencia en Colombia no puede seguir siendo un saludo a la bandera lleno de palabras de papel que se las lleva el viento.

Por el contrario, ha de ser una verdadera garantía que debe aplicar a todas las personas, desde el más humilde hasta el más poderoso y que así le duela al mismo grupito de bullosos de siempre también debe cobijar a los héroes de la Patria.

@Tatacabello

Publicado: octubre 25 de 2019