Ha surgido la versión fatalista de una supuesta renuncia masiva de empresarios a su nacionalidad colombiana, personas que estarían buscando establecerse como residentes fiscales en otros países.

Es obvio que dicho anuncio que no cuenta con sustento fáctico alguno tiene el propósito protervo de chantajear al gobierno nacional en plena discusión de la ley de financiamiento.

La gente siempre quiere pagar menos impuestos. Aquella es una verdad de Perogrullo, pero no menos cierta es la realidad financiera del Estado, luego del derroche sistemático que se observó durante los 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos Calderón.

La administración Duque, de manera responsable, ha elaborado un proyecto tendiente a identificar los mecanismos suficientes para lograr los recursos necesarios para asegurar la financiación del presupuesto general de la nación correspondiente al año 2019.

Sin esa ley, no habrá dinero para sostener los programas sociales que benefician a millones de colombianos de escasos recursos.

LOS IRREVERNTES hablaron con unimportante dirigente industrial colombiano, quien aseguró que la “diáspora” empresarial de la que se ha hablado no es cierta y puso un ejemplo que despeja cualquier duda. “Un empresario que personalmente tenga ingresos de $3 mil millones de pesos, paga cerca de $900 millones en impuestos en Colombia. Si ese empresario también es ciudadano americano, tendrá que pagar alrededor $400 millones de pesos adicionales ante el IRS –servicio tributario norteamericano-, en virtud del acuerdo que bloquea la doble tributación, pero que  obliga a cancelar el total del porcentaje de impuestos que se pagan en los Estados Unidos, que es del 40% en renta personal”.

En resumen, si un ciudadano colombiano renuncia a su nacionalidad para evitar el pago de impuestos en Colombia, si se convierte en residente de los Estados Unidos, en ese país pagará más tributos.

Ha trascendido, así mismo, la noticia de que Coca Cola Femsa amenaza con irse de Colombia en reacción a la posibilidad de que se grave toda cadena de las gaseosas en nuestro país, tal y como está previsto en la ley de financiamiento que hace tránsito en el Congreso de la República.

Aquello no es más que una amenaza inadmisible que revive el viejo debate sobre los impuestos sobre las bebidas azucaradas. En criterio de expertos, es fundamental aumentar los impuestos para las gaseosas como mecanismo para desestimular su consumo, como hace algunos años sucedió con los cigarrillos. Hay países que pagan hasta el 30% de impuestos sobre una cajetilla de cigarrillos, tributo que tiene un efecto positivo en materia de salud pública.

Es cierto que las gaseosas  son fuente de obesidad, con las consecuencias nefastas sobre las personas. No se trata de imposibilitar su consumo, pero sí de generar conciencia sobre los efectos dañinos que las gaseosas tienen sobre la salud de la gente.

En momentos de dificultad financiera, para hacer que el Estado siga funcionando, se necesita de generosidad y desprendimiento, sobre todo de quienes tienen mayores ingresos. El Centro Democrático ha sido claro y contundente al oponerse a la ampliación de los impuestos que perjudican a las clases bajas y medias.

Las discusiones tributarias deben darse con seriedad, rigurosidad y con base en fundamentos reales, no con amenazas ni chantajes al gobierno, cuya única preocupación es la de evitar el colapso de nuestra economía.

@IrreverentesCol

Publicado: diciembre 11 de 2018