La reciente decisión de la JEP, de calificar el ataque terrorista de las Farc contra la Escuela Superior de Guerra como un “blanco legítimo”, no es una decisión judicial. Se trata de un manifiesto político que ni a los más alevosos defensores de la guerrilla se le había ocurrido. 

En esa acción demencial, perpetrada en el año 2006, las víctimas fueron estudiantes y civiles.

No deja de ser angustiante que el magistrado de la JEP que haya adoptado esa brutal determinación, haya sido Pedro Julio Mahecha Ávila, antiguo comunista que en el pasado fungió como abogado particular del terrorista internacional, Rodrigo Granda.

Mahecha Ávila, desarrolló su carrera profesional en ONG afectas a las Farc, como el tristemente célebre Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, esta última involucrada en el soborno de testigos contra el presidente Uribe. 

No puede subsistir un tribunal en el que sus jueces dedican su tiempo a la protección de los victimarios, en detrimento de los derechos de las víctimas. Es una verdadera acción de alevosía la amnistía que le fue concedida a la terrorista Marilú Ramírez, alias Matahari, la responsable de infiltrar al ejército y de instalar la bomba que dejó a decenas de heridos, muchos de ellos con secuelas permanentes.  

Es una verdadera monstruosidad, alegar -como lo hizo el magistrado Mahecha- que el atentado contra la Escuela de Guerra está enmarcado dentro del Derecho Internacional Humanitario, con la consecuencia de que aquellos que sufrieron los estragos pierden automáticamente su condición de víctimas. Para el magistrado Mahecha, que ahora ejerce como abogado de las Farc, pero luciendo la toga de “juez”, los civiles que padecieron las secuelas de la bomba, fueron blancos legítimos, algo que se constituye en una vulgar revictimización.

Hay quienes dicen -y no les falta razón-, que el país debe empezar a superar el debate entre el SI y el NO del plebiscito de 2016. Para progresar, hay que mirar hacia delante, pero por cuenta de las decisiones absurdas y desafiantes de la JEP, las heridas que no han terminado de sanar, vuelven a abrirse, con riesgo de causar una sobreinfección.

La justicia es un valor sobre el que reposa la estabilidad de la sociedad. El daño que la JEP le ha causado a nuestro Estado de Derecho, es incuantificable. Los cabecillas de las Farc, no han recibido castigo ninguno y los magistrados del tribunal se han encargado de cambiar la semántica, con el propósito de reescribir la historia. 

Hace pocos días, la excandidata presidencial, Íngrid Betancourt-que fue una entusiasta promotora del acuerdo entre Santos y Timochenko-, se vio forzada a reaccionar frente a la JEP, pues aquel tribunal se ha resistido a hablar de “secuestros” y, en cambio, adoptó la definición de las Farc: retenciones. 

El debate sobre el futuro de la JEP, no puede seguir posponiéndose. Este no es un asunto de “corrección” política, sino de respeto por el Estado de Derecho. Ese tribunal, debe ser eliminado y proceder a la creación de un ente que le dé desarrollo a lo acordado con las Farc, partiendo de los principios elementales de verdad, justicia y reparación, garantizando que quienes funjan como jueces de los victimarios, sean personas imparciales y no simpatizantes y-quizas- militantes de su causa, como ocurre en la JEP. 

@IrreverentesCol

Publicado: marzo 5 de 2020