Al magistrado Antonio José Lizarazo, le gusta el dinero. Quizás mucho más que el derecho y, por supuesto, la administración de justicia.

No hay antecedente ninguno que enaltezca al hoy magistrado Lizarazo como un jurista; ha sido una ficha del liberalismo en distintos cargos políticos.

Fue, por ejemplo, gobernador de Norte de Santander, nombrado por Cesar Gaviria. 

Más que un hombre de leyes, es un operador político con cierta habilidad y con grandes padrinos que lo han utilizado para llenar vacantes y satisfacer cuotas burocráticas.

En 2002, fue designado por el partido liberal como miembro del desprestigiado consejo nacional electoral, sin duda el tribunal más politizado -y corrupto- que hay en nuestro país. 

Antes, había sido diputado de su departamento -Norte de Santander-. 

En el mundo de los expertos en derecho Constitucional, el nombre de Lizarazo es perfectamente desconocido. Su ejercicio profesional siempre se concentró en el derecho administrativo y en materias relacionadas con asuntos electorales. 

En el proceso de toma de la corte Constitucional por parte de las fuerzas afines al santismo, Lizarazo resultó ternado por el consejo de Estado. Una vez su nombre fue sometido ante el senado de la República, las mayorías de la denominada “unidad nacional” de Santos -estimuladas por la repartición indiscriminada de dinero público a través de la nociva mermelada– procedieron a su elección. 

Así aseguraron que hasta 2025 santos tendría un magistrado de bolsillo a su servicio.

Y Lizarazo ha demostrado que es un tipo agradecido con quienes le han dado la mano, o mejor, con quienes le han otorgado contratos. Aquello se evidencia en su defensa acérrima que desde la corte Constitucional hace del acuerdo ilegítimo entre Santos y la banda terrorista Farc.

Hace pocos días, trascendió que Lizarazo se disponía a rechazar las 6 objeciones presidenciales respecto del proyecto de ley que fija el reglamento de la cuestionada JEP. 

Lizarazo, si conoce algo de derecho y de decoro, debe declararse impedido para participar en cualquier asunto relacionado con el acuerdo Santos-Farc. 

Aquel impedimento se sustenta en la existencia de un multimillonario contrato que en su momento le otorgó la presidencia de la República -gobierno Santos- para que asesorara “a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el desarrollo de la Agenda Derivada del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP”.

Contrato entre el magistrado Lizarazo y el gobierno de Santos

Dicho contrato fue celebrado el 3 de agosto de 2016 y tenía una vigencia de 4 meses y medio. Por los servicios de Lizarazo, quien estaba obligado “a asesorar al Alto Comisionado para la Paz y al equipo de negociadores, en la puesta en marcha del acuerdo sobre participación política…” recibió poco menos de $70 millones de pesos -alrededor de $17 millones y medio mensuales-. 

Hay otro elemento que llama poderosamente la atención del contrato entre la Casa de Nariño y Lizarazo: el hoy magistrado, fue elegido por el Senado el 14 de diciembre de 2016. Cuando ello ocurrió, su contrato con la Presidencia se encontraba en plena vigencia, pues el mismo empezó a ejecutarse el 3 de agosto de 2016 y culminaba el 31 de diciembre de aquel año. 

En plata blanca, el Senado eligió, sin que el país fuera informado, no a un candidato ternado por el consejo de Estado, sino a un contratista de la presidencia de la República.

Lizarazo, cuyo maridaje con Santos y con el proceso con las Farc es más que evidente, debe ser apartado de cualquier discusión relacionada con el acuerdo con la banda terrorista. Él, gracias a los millones que recibió del gobierno anterior, no obra como un juez imparcial, sino como un agradecido contratista que en su momento saboreó el dulce sabor de la mermeladaoficial.

@IrreverentesCol

Publicado: abril 1 de 2019