Para nadie es un secreto que las altas cortes de Colombia han estado y siguen estando integradas por un buen número de rabiosos antiuribistas.

El caso más aberrante, es el del recientemente elegido en la sala penal de corte suprema, Hugo Quintero Bernate.

Quintero Bernate, que cobardemente resolvió borrar su cuenta de Twitter, durante más de una década se valió de esa red social para vomitar toda suerte de improperios e insultos contra el doctor Uribe Vélez, sindicándolo de irrepetibles delitos.

El es, sin lugar a dudas, un enemigo público del uribismo. Sin tener en cuenta sus marcados prejuicios contra el expresidente y senador Álvaro Uribe, la corte suprema resolvió designarlo para que ocupe uno de los 9 asientos de su sala penal.

En la corte constitucional, el sesgo antiuribista es extremadamente marcado. Uno de los más furiosos perseguidores del expresidente y de sus seguidores y compañeros de brega política fue el ahora exmagistrado Luis Ernesto Vargas Silva, quien se presenta como supuesto “defensor de los derechos humanos”.

Vargas Silva, oriundo de Cajamarca (Tolima) culminó su periodo en la constitucional en 2017 y fue uno de los promotores de los fraudes del santismo, entre ellos la reducción ilegal del umbral para el plebiscito de 2016. A pesar de las tramoyas instrumentalizadas por Vargas, el pueblo se impuso derrotando a la maquinaria corrupta del gobierno anterior.

El fallecido Jorge Enrique Pizano, para muchos el mayor conocedor de la corrupción de Odebrecht, en una de sus grabaciones dijo claramente que Vargas Silva fue beneficiario de la repartición ilegal de dinero que hizo dicha empresa. En palabras del ingeniero, “todo se sabe en la viña del Señor. El tema de porqué ganaron [los de Odebrecht] el proyecto de La Miel fue porque le regalaron 7 hectáreas en Subachoque a Luis Eduardo (sic) Vargas Silva, el magistrado”.

Ese gravísimo señalamiento, que pone en evidencia la existencia de un capítulo más del nefando cartel de la toga, no ha sido investigado por la justicia.

Cuando salió de la corte constitucional, Santos premió a Vargas, designándolo como comisionado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, sin trabajo y sin cargo, Vargas le ha dado rienda suelta a su virulencia, sumándose a la cuadrilla de difamadores del presidente Uribe y validando a los pseudoanalistas que se están encargando de limpiarle la cara a los terroristas de las Farc.

En su cuenta de Twitter, el polémico exmagistrado se dio a la tarea de legitimar una tesis peregrina según la cual las Farc no tienen tanta responsabilidad -como está judicial e históricamente establecido- respecto de la masacre de Bojayá.

Escribió: “Tremenda mentira que le echaron al país. Lean la formidable columna de Sara Tufano acerca de la verdad de lo que ocurrió en Bojayá y así entenderemos por qué (sic) persiguen a los testigos cuando no los asesinan… El matarife y su guerra sucia”.

¡Qué peligro que nuestra corte constitucional haya estado presidida por un sujeto de esa catadura! Al margen del reprochable insulto al señor expresidente Uribe, es perfectamente repudiable que ese sujeto, en la práctica, esté fungiendo como abogado de los genocidas que bañaron con sangre a nuestro país.

En vez de vituperar al presidente Uribe y de hacerle mandados a las Farc, Vargas Silva debería estar ante un tribunal respondiendo por el soborno que, según testimonio de Jorge Enrique Pizano, él recibió de manos de Odebrecht.

@IrreverentesCol

Publicado: junio 11 de 2020