La delincuente Aida Merlano, protegida por la satrapía venezolana, se ha dado a la tarea de enlodar al presidente Iván Duque -enemigo declarado del dictador Maduro- haciendo aseveraciones improbables en relación con la financiación de la campaña que lo llevó a la presidencia de la República.

El gerente de la campaña, Luis Guillermo Echeverri desde el primer momento hizo públicos los protocolos y controles sobre la financiación, al punto de que el Consejo Nacional Electoral archivó una investigación que surgió por cuenta de una denuncia claramente infundada. 

Los días 1 de febrero, 23 de marzo y 25 de abril de 2018, antes de que tuviera lugar la primera vuelta, Echeverri Vélez publicó en diarios de circulación nacional un comunicado en el que en uno de sus apartes se lee: “Se prohíbe la realización de cualquier evento o actividad para la recolección de donaciones y ayudas en especie de personas naturales que no estén autorizadas por la Gerencia de la campaña presidencial”. Igualmente, se ratificó que “el Gerente de la campaña presidencial es la única persona autorizada para celebrar contratos en representación de la campaña, abrir sedes de la campaña, y por lo tanto la campaña no responde por contrataciones que no sean celebradas por el gerente”.

Así mismo, y a través de 3 resoluciones, el Consejo Nacional Electoral confirmó la transparencia de la financiación de la campaña de Duque -en consulta (marzo 11 de 2018) y en primera (mayo 27 de 2018) y segunda vuelta (junio 17 de 2018)-, razón por la que autorizó los desembolsos correspondientes a la denominada reposición a la que tienen derechos los partidos y los candidatos. 

La campaña de Duque, tal y como quedó establecido en la publicación de los ingresos y gastos a través del portal de ‘cuentas claras’ fue absolutamente austera porque así lo determinaron tanto el gerente como el candidato antes de emprender la carrera por la primera magistratura. 

Por regla general, las campañas políticas gastan ingentes cifras de dinero el día de las elecciones. La de Duque, puede decirse, fue la excepción. Para la primera y la segunda vuelta, por ejemplo, la gerencia reconoció unas modestas ayudas para comida y transporte a las personas que sirvieron como testigos electorales. El resto de la logística se hizo a través de voluntarios. Por ejemplo, no se contrataron abogados pues se pactó con el partido MIRA -integrante de la coalición- que aquel se encargaría de esa labor, a través de juristas adscritos a esa corriente, en caso de ser necesario el apoyo jurídico. 

Los dineros de la campaña se tramitaron a través de una cuenta única nacional, sin subcuentas regionales ni tesorerías satélite. Ni siquiera los gastos de caja menor fueron ejecutados en efectivo. Todo en cheque y a través de transferencias bancarias desde la cuenta única, con sus respectivos soportes. 

El exigente protocolo de financiación prohibió la realización de eventos públicos para recaudar fondos, o rifas, remates, eventos culturales con el fin de conseguir recursos económicos. 

El gerente Echeverri fue la única persona de la campaña autorizada para designar a los gerentes departamentales, nominaciones que se hicieron con absoluto rigor. En aquellos lugares donde no identificó perfiles idóneos, como Meta y Guajira, no se establecieron gerencias. 

Con el fin de hacer aún más transparente la financiación de la campaña, se determinó que la misma iba a tener dos únicas garantías: la pignoración de la reposición de votos y una garantía personal del gerente Luis Guillermo Echeverri. No hubo terceros garantes ni prestamistas particulares. 

La fugitiva Aida Merlano asevera, sin presentar una sola prueba, que los Char y los Gerlein dieron $6 mil millones de pesos en efectivo. Lo cierto es que las cuentas de la campaña, que se defienden por si mismas toda vez que están totalmente respaldadas, dejan sin piso el señalamiento.

Bien vale hacer una relación de las cuentas de la campaña. En primera vuelta se recibió un anticipo del Estado por poco menos de $6.6 mil millones; se tramitaron créditos bancarios por $9.7 mil millones y el gerente avaló un crédito personal de $2.7 mil millones. En donaciones, se recibieron $4 mil millones. Según las reglas establecidas por la campaña, ninguna persona podía donar más de $80 millones de pesos. 

Para la segunda vuelta, en la que el gasto total fue de $10.7 mil millones de pesos, la campaña decidió no aceptar donaciones. Esa financiación se fundamentó en el anticipo estatal de $3.4 mil millones, un crédito bancario de $5.5 mil millones y una préstamo del partido Centro Democrático de $700 millones de pesos. 

Los informes de ingresos y gastos son precisos y coinciden totalmente con las cuentas que, de nuevo, fueron públicas desde el primer momento y gozaron del aval del Consejo Nacional Electoral.

Merlano, reconocida por su desequilibrio mental y por su debilidad por el delito, lleva años anunciando que tiene las pruebas que sustentan sus afirmaciones, pero no las ha presentado. La razón es incontestable: no existe un solo documento que le sirva de sustento a esas fruslerías. 

Horas después de su declaración mentirosa en la corte suprema, su antiguo amante y protector, el empresario Julio Gerlein emitió un comunicado de 5 puntos en el que la desmiente. 

En palabras de Gerlein: “Bajo la gravedad de juramento afirmo que nunca he hecho, ni a título personal ni por interpuesta persona, aporte económico alguno a la campaña electoral del hoy presidente Iván Duque Márquez. Lo afirmado por la señora Merlano es absolutamente falso”. Igualmente, expresó su arrepentimiento por haber sostenido una relación con la fugitiva: “No había reaccionado con anterioridad, por vergüenza ante mi familia, derivada del error que cometí de vincularme con la señora Aida Merlano”. 

@IrreverentesCol

Publicado: mayo 5 de 2022