Uno de los principales responsables del aumento exponencial de los cultivos ilícitos en Colombia es Alejandro Gaviria. Como Ministro de Salud del Gobierno Santos lideró la campaña contra el glifosato y promovió la suspensión de la fumigación aérea. Un claro compromiso derivado de La Habana que fortaleció económicamente a todas las estructuras criminales e hizo aún más lejano el legítimo anhelo de paz del pueblo colombiano.
De acuerdo a la medición de la ONU, de 2001 a 2012 Colombia pasó de 145.000 a 48.000 hectáreas de coca. Por su parte, en el mismo periodo de tiempo Estados Unidos registró una caída de 169.800 a 78.000 ha en el País. Independientemente de las variaciones de cada sistema de seguimiento, lo cierto es que en esos 11 años, donde se adelantó intensamente la fumigación aérea con glifosato, en el territorio nacional las plantaciones ilícitas cayeron entre un 54% y un 66%, superando inclusive la meta de 50% planteada en el Plan Colombia.
Sin embargo, el proceso de La Habana, iniciado en 2012, y la suspensión de la fumigación a partir de 2015, gestada por el Ministro Gaviria, tiraron a la basura una década de lucha contra la droga. Para la ONU de 2013 a 2019 pasamos de 48.000 a 154.000 hectáreas y para Estados Unidos el incremento en esos años fue de 85.000 a 212.000. Un escenario realmente crítico.
Como si esto fuera poco, la Corte Constitucional, tras solicitud de la Administración Santos, estableció un sinfín de requisitos y trámites que se deben adelantar si se quiere retomar la aspersión, a tal punto que en estos tres años el Gobierno Duque no ha podido completarlos. Las avionetas están parqueadas en los hangares, los narcos caminan felices en las regiones y el Ministerio de Defensa, aún si lograra algún día conseguir el aval, no podrá fumigar en resguardos indígenas ni parques nacionales, justo donde se concentran casi el 50% de los cultivos ilícitos.
Adicionalmente, recordemos que uno de los cinco puntos del Acuerdo de La Habana era la lucha contra el narcotráfico, donde supuestamente las Farc iban a entregar las rutas de comercialización de la droga y trabajarían de la mano con el Estado para desmontar el negocio. Un compromiso que solo cabía en la mente de los más ingenuos y frente al cual, como era de esperarse, absolutamente nada ha pasado tras cinco años de la firma del documento.
En otras palabras, Alejandro Gaviria carga sobre sus hombros gran parte de la responsabilidad política de la crisis que en matera de drogas sufre el País. La suspensión de la fumigación que tanto promovió creó el escenario perfecto para que el narcotráfico viviera una época de auge nunca antes vista. Y la solución difícilmente puede ser la legalización de la droga. Los carteles hoy andan dichosos de la vida y ninguna respuesta efectiva se puede esperar al respecto por parte de un candidato que sataniza una política fuerte de seguridad.
Publicado: octubre 6 de 2021
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