Es muy posible que el gobierno, a punta de presiones, logre aprobar la JEP. Pero no será una tarea fácil.

No le quedará fácil al gobierno aprobar la cuestionada y rechazada jurisdicción especial de paz en el congreso de la República. Las mayorías con que antes contaba, ya no están tan firmes y se empiezan a sentir los efectos de la decisión de Cambio Radical de abandonar a la denominada unidad nacional.

En la plenaria en la que debía abocarse el asunto, sucedieron dos hechos que son un fuerte campanazo para el gobierno que insiste en el propósito maligno de meter a la brava reformas que atentan contra el espíritu republicano de nuestra nación.

Durante media hora, estuvo abierta la votación del acto legislativo que prohíbe el paramilitarismo, como si aquel fenómeno criminal alguna vez hubiera sido legal. En esos 30 minutos, quedó en evidencia las dificultades del gobierno, pues por ninguna parte aparecían los votos necesarios para la aprobación del proyecto en cuestión. Cuando estaba punto de cumplirse el plazo, lograron que los senadores que hacían falta, concurrieran a votar.

El mensaje fue debidamente enviado: las mayorías del gobierno son precarias y extremadamente frágiles. Santos deberá repartir mucha mermelada si quiere mantener a su coalición de papel.

La aprobación de la JEP

El reglamento del Congreso de la República, ley 5 de 1992, ordena que los impedimentos que presenten los legisladores deben ser votados antes de que empiece el debate de un proyecto. Dado que la JEP terminará investigando a particulares, así la corte constitucional haya dicho lo contrario puesto que éste será un tribunal prevalente, omnímodo, incontrolado y todopoderoso, es evidente que muchos parlamentarios investigados por tener vínculos con grupos armados organizados al margen de la ley, se deberán declarar impedidos.

El primero en expresar dicho impedimento, fue el primer vicepresidente del Senado, Andrés García, invocando que su mamá –la exsenadora Piedad Zuccardi- actualmente es procesada por la corte suprema en el marco de la parapolítica.

Se sometió a votación dicho impedimento y el resultado fue letal para el gobierno: no se lograron los votos suficientes para aprobarlo o improbarlo, es decir, en el recinto del senado no había quorum decisorio, que para todos los efectos es de 52 congresistas.

Fue necesario levantar la sesión. Y en el ambiente quedó incrustada la percepción de que el gobierno Santos no tiene mayorías garantizadas.

Es muy posible que, dada su gran capacidad corruptora, el ministro del Interior logre, a través del ofrecimiento de gabelas y prebendas, comprar a los congresistas que le hacen falta para completar el quorum.

Los amigos de Santos, entre ellos el cuestionado Roy Leonardo Barreras, le apuestan a que el presidente del Senado someta la votación del proyecto de la JEP a lo que comúnmente se conoce como “pupitrazo”, operación que no será posible, pues muchos de los artículos de la ley -160 en total-, serán objeto de una profunda discusión en el debate del senado.

Primero, habrá que definir la suerte de la lluvia de impedimentos que serán presentados. Se calcula que alrededor de 20 senadores consideran estar impedidos. Superado ese obstáculo, deberá analizarse de manera individual todos y cada uno de los artículos de la ley sometida a aprobación.

LOS IRREVERENTES pudieron confirmar que el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, radicó ante el secretario general del senado 159 proposiciones, las cuales deberán ser sustentadas y votadas de manera individual.

Es posible que el gobierno, a punta de amenazas, arbitrariedades y de repartición de cargos públicos, logre sacar adelante a la JEP, pero lo cierto es que aquella será una operación que no será de fácil conclusión, precisamente porque se trata de uno de los elementos del acuerdo ilegítimo con la banda terrorista de las Farc que más rechazo, desconfianza y temor genera en la sociedad colombiana.

@IrreverentesCol

Publicado: Noviembre 1 de 2017