Como ministro de Defensa, Santos propició el desfalco de Fondelibertad: 75 mil millones de pesos por los que nadie responde.

Siendo ministro de Defensa del presidente Uribe, Juan Manuel Santos no ocultaba su intención de aspirar a la presidencia en 2010. Desde su posición, hizo hasta lo imposible para lograr que la corte Constitucional bloqueara la posibilidad de adelantar un referendo con el que se buscaba incorporar la segunda reelección del presidente de la República.

Santos no estaba dispuesto a esperar 4 años más para gobernar y puso en marcha una estrategia muy bien calculada para lograr que la segunda reelección de Uribe se hundiera. Paralelamente, desde el ministerio montó su campaña presidencial abusando de la chequera pública.

En efecto, Santos encontró en Fondelibertad -una entidad que dependía directamente de su despacho y cuya función era la de poner en marcha todas las iniciativas estatales para prevenir y enfrentar el flagelo del secuestro- una verdadera mina de oro.

Para articular el plan criminal, puso al frente de esa entidad a Harlan Henao Serna, un funcionario gris que cumplía obsecuentemente sus instrucciones. ¿Qué hizo Henao en Fondelibertad? Asignar multimillonarios contratos de prestación de servicios a las personas que se encargaron de montar la campaña presidencial de Santos. Así, por ejemplo el hoy embajador Juan Mesa, cerebro de la persecución contra el uribismo, recibió contratos para cumplir “funciones administrativas y financieras” en Fondelibertad durante los años 2008 y 2009. Otras personas cercanas al ministro y que a la postre fungieron como directivos de su campaña, también habían sido previamente contratadas por la entidad cuyo propósito era el de implementar políticas antisecuestro, pero que en la práctica, Juan Manuel Santos convirtió en la caja menor de su campaña presidencial.

A finales de 2010 se hizo esa denuncia. De manera inmediata el ya presidente Santos ordenó la intervención y liquidación de Fondelibertad. Los archivos fueron desaparecidos y las investigaciones tanto en la procuraduría como en la contraloría y fiscalía duermen el sueño de los justos. Siete años ha de aquello y no se sabe dónde están los más de 75 mil millones de pesos que se evaporaron por esa vena rota llamada Fondelibertad. Lo único cierto es que personas cercanas a Juan Manuel Santos, como el hoy embajador Juan Mesa Zuleta se quedaron con parte del jugoso botín.

Y aquel es solo uno de los tantos casos de corrupción ideados y ejecutados por el presidente Juan Manuel Santos que merece ser evidenciado y denunciado para efectos de que se establezcan las responsabilidades, castigando ejemplarmente a los responsables.

Y ahí la oposición debe jugar un papel de primera línea. Los ciudadanos que rechazan al gobierno de Santos esperan de quienes lideran la oposición política, acciones decididas frente a los casos de corrupción que indignan al país.

Desde su llegada al poder, Santos y sus aliados, vendiendo la meliflua tesis de que se está esparciendo la “mermelada por toda la tostada”, han puesto en marcha una descarada operación de saqueo de las arcas públicas.

Quienes aspiran a ser los candidatos del uribismo están en mora de plantarse frente al país para señalar aquellas deleznables acciones atentatorias contra el erario. La campaña presidencial tendrá, además de los capítulos propios de una gesta de esa magnitud, dos líneas de acción que deben ser afrontadas de forma inequívoca: la denuncia férrea de los desmanes del gobierno de Santos y la defensa leal del gobierno del presidente Uribe, rechazando con verticalidad y sin ambages aquellos casos en los que funcionarios de aquella administración que estuvieron involucrados en hechos de corrupción.

Este no es el tiempo para adelantar una campaña política timorata. Todo lo contrario: los colombianos, exasperados con el desgobierno de Santos, indignados por la entrega de la democracia al terrorismo de las Farc y asqueados por los desbordados niveles de corrupción que se registran en el país, esperan posiciones firmes de quienes están buscando su voto. Con respeto, pero sin hipocresía.

Es preocupante, por ejemplo, que en la reciente denuncia penal formulada por el doctor Jaime Lombana y suscrita por un importante grupo de congresistas del Centro Democrático para efectos de que la fiscalía general de la nación investigue las conductas punibles en las que están incursas las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez en relación con la carretera entre Ocaña y Gamarra, no aparezca la firma de ninguno de los 3 precandidatos del Centro Democrático (Sobre esta denuncia, puede leer El Tejemaneje del 27 de enero de 2017).

Abundan los aspectos por los que el gobierno de Juan Manuel Santos tiene una muy bien merecida reprobación popular. La corrupción es, sin duda, uno de los motivos por los que el descontento ciudadano crece de manera exponencial. Santos, que se presenta a sí mismo como un gobernante “impoluto”, está colmado de máculas. Una de ellas es el desfalco de más de 70 mil millones de pesos a Fondelibertad cuando era ministro de Defensa del gobierno Uribe. Con ese dinero, aceitó a quienes serían los cuadros más importantes de su campaña presidencial. Eso, en cualquier lugar del plantea se llama corrupción.

@IrreverentesCol

Publicado: febrero 1 de 2017