Especial LOS IRREVERENTES

Si hay una palabra del castellano que pueda resumir lo que se ha hecho en contra del general de la policía Luis Eduardo Martínez, es “infamia”. Víctima de los que en los Estados Unidos se llama “character assassination”, que no es otra cosa que un proceso deliberado y sostenido por destruir la reputación y la credibilidad de una persona, el tiempo de manera rápida se ha encargado de develar el cúmulo de mentiras y calumnias que se dijeron sobre ese valeroso oficial de la policía.

Con base en un documento anónimo que indicaba que el general Martínez era cercano a los grupos de autodefensa oportunamente allegado a la oficina del director de la policía de entonces, el cuestionado general Palomino, cuando se evaluaba su ascenso al grado de mayor general, empezó la catarata de rumores que dieron pie a la operación de desprestigio más impresionante que se haya visto sobre una persona en muchos años.

Con una carrera impecable, cargada de logros en la lucha contra la delincuencia organizada, el general Martínez es respetado y aplaudido por quienes conocen su hoja de vida. Como comandante de la policía de Antioquia y Medellín, le dio fuertes golpes a las bandas criminales, empezado por la Oficina de Envigado.

Fue transferido a la comandancia de la policía de Bogotá. El 15 de mayo de 2012, explotó una bomba puesta sobre la camioneta en la que viajaba Fernando Londoño. Aquel atentado, que acabó con la vida de dos escoltas que acompañaban a Londoño, se perpetró mientras el Congreso de la República aprobaba en último debate el marco jurídico para la paz.

Resultaba inconveniente que, precisamente ese día, en que el gobierno empezaba a jugarse todas sus cartas para sentar las bases de una negociación con la guerrilla, las Farc realizaran un atentado con bomba. Pero la naturaleza criminal de los terroristas siempre sobrepasa el sentido común. El presidente Santos, atemorizado porque se le entorpeciera el naciente proceso de paz, no quiso hacer imputación alguna, mientras que el comandante de la policía de Bogotá no dudó en hacerlo.

“Pero lo que sí puedo afirmar con mucha contundencia, con mucha vehemencia y mucho dolor de patria es que detrás de esto están los terroristas de las Farc, los dementes, los desquiciados de las Farc”, sentenció el general Martínez mientras el país aún seguía conmocionado por el atentado.

Sus palabras fueron confirmadas durante la investigación. Pero igual, cayeron muy mal en la Casa de Nariño. Uno de los mejores policías de Colombia no le quiso hacer, como se dice popularmente, la segunda al gobierno callando sobre aquel bombazo que alteró a la capital del país

Colombia entera conoce los resultados del general Martínez en la lucha contra el crimen organizado. Mientras fue comandante de la policía del departamento de Antioquia entre 2006 y 2009 y luego de la policía metropolitana de Medellín hasta 2011, Martínez le dio duros golpes a la delincuencia. Logro la captura de delincuentes como Luis Arnulfo Tuberquia, alias Memín, del jefe terrorista alias Tío Pacho, cabecilla del frente 34 de las Farc. Pero también le propició un golpe durísimo a la denominada Oficina de Envigado cuando capturó Diego Fernando Tavera, alias Cachetes. También, en su hoja de vida se reconoce la captura de Rodrigo Granda, “canciller” de las Farc y su participación en la planeación que terminó en la baja de alias “Raúl Reyes”.

Tavera era un hombre clave dentro esa organización al margen de la ley. Era el encargado de armar y entrenar los “combos” de sicarios que operaban en el norte del Valle de Aburrá.

Desde siempre, el general Martínez estuvo en la mira de los ilegales. Era su enemigo declarado, razón por la que era objetivo de éstos ya fuera para asesinarlo o para destrozar su carrera policial. Sin dejar de lado lo primero, se inclinaron por la segunda alternativa.

Durante su paso por la policía de Antioquia y Medellín, el general Martínez

le propinó fuertes golpes al crimen organizado

Vinculación con Francisco Cifuentes Villa

Cuando el entonces coronel Martínez asumió la comandancia de la policía de Antioquia, dicha entidad tenía contratos suscritos con diferentes empresas de transporte aéreo para desplazar al personal uniformado a las zonas en las que era imposible acceder por vía terrestre. Una de esas compañías se llamaba Cóndor, cuyo propietario era el señor Francisco Cifuentes Villa.

Cifuentes Villa fue asesinado en 2007 y los primeros señalamientos contra él, en relación con el narcotráfico, surgieron en 2009, dos años después de su muerte.

Aquel contrato, que es importante recalcar ya existía cuando Martínez llegó a la comandancia de la policía de Antioquia, fue utilizado por un narcotraficante extraditado para pretender “probar” un vínculo ilegal entre el general y Cifuentes Villa. Efectivamente, el desmovilizado y extraditado jefe de las AUC, alias Macaco fue quien habló de ese asunto.

Sobre el contrato de la policía de Antioquia con la empresa de helicópteros de Cifuentes Villa, cabe hacerse muchas preguntas: Si las autoridades tenían conocimiento de las actividades criminales de ese sujeto, ¿por qué la fiscalía, la policía y la gobernación de Antioquia contrataban los servicios de su empresa? ¿Por qué solamente se cuestiona el contrato entre Cifuentes y la policía de Antioquia y no los que había con otras entidades oficiales? ¿Si Francisco Cifuentes era un peligroso criminal, por qué la Aeronáutica Civil emitió licencia de funcionamiento a su empresa y por qué él se movía libremente por la ciudad de Medellín?

Lo más llamativo en todo este caso, es que los vínculos de Cifuentes con el narcotráfico hayan salido a relucir, precisamente, dos años después de su muerte y que dichas actividades al margen de la ley sólo sean utilizadas para mancillar la carrera del general Luis Eduardo Martínez.

Resulta absurdo pretender que si el Estado colombiano y las agencias antinarcóticos y de inteligencia norteamericanas no tenían conocimiento de las actividades mafiosas de Cifuentes, el general Martínez tuviera que conocerlas.

El general Martínez liderando a sus hombres durante las operaciones contra el “Clan Úsuga”

El hacker Sepúlveda

Cuando estalló el escándalo del denominado Hacker Andrés Sepúlveda, el entonces jefe de seguridad del presidente Santos, el cuestionado exgeneral Gilberto Ramírez Calle, declarado rival del general Martínez inventó la historia de que él hacía parte del complot que buscaba perjudicar el proceso de paz y, por ahí derecho, ayudar al candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Todo esto, fundamentado en un documento firmado por una persona que incluyó un número de cédula inexistente y en el que se lee que “este general (Martínez)…ha cohonestado con el señor Andrés Fernando Sepúlveda acusado de ser hacker informático, que tenía acceso a información sensible de inteligencia (chuzadas), entre otras de las conversaciones de paz que se desarrollan en La Habana (Cuba) con la guerrilla de las Farc, información que debía ser utilizada en contra del candidato presidente Juan Manuel Santos Calderón…”.

Anónimo enviado durante la campaña

Santos, susceptible como pocos a los chismes y rumores, creyó la historia de Ramírez y en un arrebato de histeria, ordenó el retiro inmediato del oficial. El entonces ministro de defensa y hoy Embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, que conocía como pocos la trayectoria de Martínez y su proceder honorable, no creyó la versión inventada por el general Ramírez Calle e intercedió ante el presidente para que revaluara su decisión. Salir de Martínez significaba pasar al retiro uno de los mejores policías que ha tenido Colombia en muchos años. Prescindir de él con base en un chisme motivado por envidias personales era un error de incalculables consecuencias.

Juan Manuel Santos es un hombre de rencores y odios. Coincidencia o no, quienes caen en desgracia frente a él, sufren una misma suerte: la de la persecución judicial, precedida ésta por una atroz campaña de desprestigio en los medios de comunicación. Ejemplos hay de sobra. Están los casos del almirante Gabriel Arango Bacci, el del ex Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo –desde 2009, Restrepo fue la primera persona en el seno del uribismo que se opuso abierta y directamente a que Santos fuera el candidato presidencial que reemplazara a Álvaro Uribe, señalando que una vez él asumiera el poder desataría, como en efecto sucedió, una persecución indiscriminada contra quienes lo condujeron al poder- y ahora el del general Luis Eduardo Martínez.

Tres meses después de que Santos tomara posesión de su segundo periodo en la presidencia de la República, misteriosamente apareció un anónimo que dice que el general “recibió pagos, sobornos y en algún momento propiedades, por la información que él proporcionaba a las organizaciones de tráfico de drogas, respecto de las actividades operativas propias de la Policía Nacional, ya que esta información suministrada permitía la evasión de las acciones en contra de estos grupos del narcotráfico alertándolos para así truncar la acción de las Agencias Americanas…”

El hombre fuerte contra “El Clan Úsuga”

En Colombia sólo había un hombre capaz de desvertebrar al creciente y poderosos “Clan Úsuga”: el general Luis Eduardo Martínez. Y esa fue la razón por la que aquellos anónimos en su contra pasaron a un segundo plano y el mando policial, con el visto bueno del ministerio de defensa decidieron nombrarlo como director de Carabineros para que trazara y pusiera en marcha la Operación Armagedón contra esa estructura criminal.

Es por todos conocido que la policía de Carabineros, que es una de las dependencias que mejores resultados ha dado en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, recibe ayuda financiera y técnica de las agencias antinarcóticos de los Estados Unidos. Surge una duda elemental, ¿Si los norteamericanos tenían dudas del proceder del general Martínez, entonces por qué permitieron que fuera el comandante de esa unidad y además que tuviera la responsabilidad de combatir al grupo mafioso más poderosos de Colombia? No suena en absoluto creíble que ese “anónimo” que lo vinculaba con el hampa tuviera sustento alguno.

Hace pocos días, la Procuraduría General de la Nación decidió archivar de manera definitiva la investigación que se adelantaba en contra de Martínez por supuestos vínculos suyos con grupos al margen de la ley. En criterio del Ministerio Público, los comentarios sobre la relación del oficial con el narcotraficante Cifuentes Villa “no ostentan sustento en otros elementos de prueba”. Así mismo, consideró que para la época en que el general se desempeñó como comandante en Antioquia, no existieron ni denuncias ni investigaciones en su contra, razón por la que no se puede inferir relación alguna de parte suya con los ilegales.

El acenso a mayor general

A finales de noviembre del año pasado empezó el viacrucis del general Martínez en el Senado de la República. Todo estaba orquestado para impedir su acenso a mayor general. En ese momento, su archirrival, el general Gilberto Ramírez se valió de periodistas aliados suyos para mover en los medios de comunicación, una vez más, los anónimos que habían circulado en su contra (ver artículo: “Periodistas al servicio del mal”).

El entonces director de la policía, general Rodolfo Palomino, le sugirió a Martínez que solicitara su retiro del servicio, para evitar que los escándalos mediáticos continuaran tomando fuerza. Martínez, consciente de su inocencia, descarta esa posibilidad y acude a la comisión segunda del Senado a defender su honor y dignidad. Con pruebas en mano, desvirtuó uno a uno los señalamientos que se hacían en su contra.

Sospechosamente, a la portería del edificio donde habita el senador Carlos Fernando Galán, miembro de la comisión segunda, llegó un sobre de manila con copia de los anónimos que hasta ese momento solamente conocía el Alto Gobierno. Claramente, a alguien le interesaba que el ascenso de Martínez se entorpeciera.

Hacia mediados de diciembre de 2015, una comisión de la policía viajó a los Estados Unidos con el fin de verificar si los señalamientos contra el general tenían algún sustento. La respuesta fue negativa. Se trataba simplemente de memorandos antiguos que no estaban soportados en evidencias.

Un senador de la República miembro de la comisión segunda, que habló con LOS IRREVERENTESsobre el episodio del ascenso del general Martínez, confirmó que desde la Casa de Nariño emanaba la orden de impedir que el oficial fuera ascendido y que desde el principio estaba decidido llamarlo a calificar servicios.

La visa a los Estados Unidos

En medio de la discusión, surgió una herramienta de presión contra el general: la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos tomara la decisión de cancelarle la visa de ingreso a ese país. El ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, en un punto de la crisis le planteó a Martínez que si él se retiraba voluntariamente, intercedería ante las autoridades migratorias norteamericanas para que le mantuvieran la visa, propuesta que el oficial descartó de plano. Su decisión estaba tomada: él no se iba a retirar; si no lo querían en la policía, tendrían que echarlo. No daría voluntariamente un paso al costado, porque al hacerlo estaría dándole la razón a los anónimos que circulaban en contra suya.

El gobierno, a través del decreto 252 del 15 de febrero de 2016, llamó a calificar servicios al brigadier general, Luis Eduardo Martínez Guzmán, oficial que durante 34 años estuvo en la Policía Nacional, siendo uno de los mejores miembros de la institución, lo que se confirma con las 150 condecoraciones que recibió a lo largo de su carrera.

10 días después de su retiro, la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá informó que la visa del general quedaba cancelada. Los hechos sucedieron tal y como el ministro Villegas y el general palomino le habían advertido con anterioridad a Martínez.

Nunca será tarde para que el gobierno de los Estados Unidos, de manera serena y reposada, revise el caso del general. Los anónimos en su contra datan del año 2008. Si tuvieran algún grado de credibilidad, ¿por qué los norteamericanos no le quitaron la visa desde ese año y se esperaron hasta 2016 para hacerlo? ¿Si no confiaban en él, por qué no protestaron cuando le fue delegada la responsabilidad de perseguir y reducir al “Clan Úsuga? Y, finalmente, ¿por qué mientras el oficial estuvo activo era recibido frecuentemente por el Embajador de los Estados Unidos en Bogotá? Todos estos interrogantes permiten creer que la cancelación de la visa de Luis Eduardo Martínez respondió más a una decisión basada en razones políticas y no en hechos concretos que demostraran la responsabilidad del oficial en actividades ilícitas.

Colombia está en mora de reconocerle al hoy vilipendiado general Martínez todos los servicios que le prestó al país y lo primero que debe hacer es proteger su vida. Resultan lamentables y preocupantes las informaciones que aparecieron a finales de la semana pasada y que indican que la vida del oficial corre peligro, pues el “Clan Úsuga” que sufrió en carne propia la implacabilidad de ese hombre, ha ordenado su asesinato.

@IrreverentesCol