Esta es la historia del abogado santandereano Carlos Iván Mejía Abello, construida con base en el testimonio proveído por algunos de sus compañeros de trabajo, que lo conocen hace más de 20 años.

El episodio más oscuro de su carrera tuvo lugar en el año 2004, cuando estuvo adscrito a la llamada Unidad Antimafia, dependencia de la Fiscalía encargada de perseguir al narcotráfico. Agobiado por la corrupción que reinaba en el ente investigador, el entonces fiscal general, Luis Camilo Osorio, ordenó hacer la prueba de polígrafo (o detector de mentiras) a los fiscales de las unidades más sensibles a la infiltración de las mafias: los fiscales de Derechos Humanos y los fiscales Antimafia. Las preguntas del test diseñado por expertos en manejo del polígrafo pretendían detectar eventuales relaciones de los funcionarios de la Fiscalía con el mundo del narcotráfico y del hampa.

Mejía no pasó dicha prueba, razón por la que el fiscal Osorio se vio obligado, en aras de depurar a la entidad bajo su mando, a declararlo insubsistente.

La defensa de Mejía Abello

El fiscal Mejía, reconocido por recurrir a lo que en el mundo callejero se conoce con el nombre de “marrullas”, presentó una acción de tutela con la que pretendía recuperar su empleo. Lo interesante de este caso, fue que  Mejía Abello obvió incluir en su tutela el motivo por el que fue despedido de la fiscalía, concentrándose más bien en alegar que su nombre y honra habían sido mancillados con la decisión del doctor Luis Camilo Osorio.

El hecho cuestionable para Mejía Abello era que su nombre fuera mencionado en los medios de comunicación, como en efecto lo fue, y no la razón que motivó su declaratoria de insubsistencia: haber perdido la prueba de polígrafo cuando le preguntaron si tenia relaciones con el narcotráfico.

Quienes lo conocen, dicen no haberse sorprendido cuando supieron que Mejía había logrado que se fallara a favor suyo la acción de tutela. Hombre hábil para la intriga, bien conectado con magistrados de tribunales y cortes, era cuestión de tener tiempo y paciencia para que se diera su reintegro a la fiscalía general de la nación, no obstante el mal ambiente que se generó en el seno de la entidad cuando lo vieron regresar, triunfante, al bunker desde donde se lidera la política contra el delito en Colombia.

Finalizado el período de Osorio, fue elegido fiscal general (agosto de 2005) Mario Iguarán.LOS IRREVERENTES pudieron confirmar que, gracias a un acuerdo burocrático alcanzado entre Iguarán y un magistrado de la sala penal de la Corte Suprema, Mejía Abello no solo fue ratificado en la fiscalía sino que resultó promovido a un cargo de mayor jerarquía: fiscal delegado ante los tribunales de Bogotá y Cundinamarca.

Luis Camilo Osorio declaró insubsistente al fiscal Mejía Abello cuando éste perdió la prueba del polígrafo.

Una verdadera proeza. Pasó de ser fiscal de la unidad antimafia declarado insubsistente por perder la prueba del detector de mentiras, reintegrado gracias a una argucia judicial en la que alegó que su nombre había sido mancillado, pero hábilmente no explicó el porqué, para luego convertirse, en un santiamén, en fiscal delegado ante los tribunales.

En dicho cargo no le fue muy bien. Quienes lo conocen, aseguran que pudo mantenerse en el puesto gracias al padrinazgo que sobre él ejercen “vacas sagradas” de la rama judicial. Para evitar un colapso en los procesos que le fueron encomendados, la fiscalía resolvió designar a Mejía como fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia.

En su nuevo cargo, le correspondió participar en el proceso por las denominadas “chuzadas” del DAS. Lo curioso es que Iguarán, que permanentemente le exigía resultados en esa investigación, tuvo que ver cómo faltando un día para que se cumpliera su periodo, Mejía libró un número importante de medidas de aseguramiento contra funcionarios del DAS. El problema estuvo en que el fiscal procedió de manera ilegal, violando el código de procedimiento penal, violentando los derechos constitucionales al debido proceso y a la presunción de inocencia, razón por la que a los pocos días dichas medidas de aseguramiento fueron reversadas por otro fiscal que se dio cuenta de la protuberante ilegalidad cometida por Mejía.

Investigando la parapolítica

Gracias a los buenos contactos de Mejía con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, logró que lo pusieran en la unidad que estaba investigando a los políticos señalados de tener vínculos con grupos de autodefensa. Su primera proeza, en su nuevo cargo fue la de irse a un hospital a realizarle una indagatoria a un investigado que acababa de sufrir un síncope cardiológico.

Efectivamente, en septiembre de 2010 el entonces senador Javier Cáceres fue detenido por orden de la Corte Suprema. Horas después de su captura se sintió mal y tuvo que ser internado en una clínica de Bogotá. Al día siguiente apareció Mejía en el centro asistencial. Muchos pensaron que era para una simple verificación de las condiciones de seguridad del procesado. No. Ante el asombro de los galenos, y contra su criterio y recomendaciones, sometió a Cáceres a responder una indagatoria. Mejía quería lucirse ante los magistrados por su “rigor y diligencia” y no aceptó esperar unas horas mientras el paciente se recuperaba y era dado de alta. Aquella actuación, puso de manifiesto el nivel humano de Mejía.

Su hoja de vida y trayectoria, más en las sombras que en la claridad, seguramente sedujo al cuestionado vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, quien en febrero de 2014 lo posesionó como fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, con una orden específica: meter presos al hermano del expresidente Uribe, el empresario Santiago Uribe Vélez y a la excontralor Sandra Morelli.

La excontralor Morelli, otra víctima del accionar del fiscal Mejía.

Tras Santiago Uribe y Sandra Morelli

El primer trabajo que le encomendaron Montealegre y Perdomo fue “empapelar” –así describe cínicamente Mejía en sus conversaciones privadas sus propias actuaciones judiciales– a Sandra Morelli. El proceso contra la funcionaria se resume así: siendo contralor, ella descubrió todos las irregularidades de Montealegre en su actuación como asesor jurídico de Saludcoop (Ver artículo “Los contratos de Montealegre). Para Morelli, Montealegre era el autor intelectual del saqueo. La respuesta fue un proceso penal contra ella impulsado por el fiscal Mejía Abello. La orden fue hacer lo posible y lo imposible para llevar a Morelli Rico a la cárcel, absurda pretensión que ha sido resistida por todos los jueces ante quienes ha sido solicitada la medida de aseguramiento.

La oportunidad de oro de Mejía para pasar a la historia universal de la infamia fue la entrega a dedo, sin reparto por sorteo como ordena la ley, del proceso contra el empresario Santiago Uribe, hermano del ex presidente Álvaro Uribe.

Un grupito de enemigos del ex presidente, utilizando testigos falsos, como se ha demostrado fehacientemente en el expediente, decidieron adelantar una campaña de desprestigio y de venganza contra el ex gobernante y su familia. Inventaron el cuento imposible de que Santiago Uribe había hecho parte de una organización criminal que asesinaba a personas en el municipio antioqueño de Yarumal.

Lo más absurdo es que los “hechos” materia de investigación se remontan a 1994, es decir, hace 22  años. Las leyes colombianas determinan que el delito de homicidio prescribe a los 20 años. Mejía y sus consuetas del bunker elevaron los “hechos” a la categoría de crimen de lesa humanidad –que es imprescriptible– para poder llevar a la cárcel a Santiago Uribe. La captura se hizo efectiva el 29 de febrero pasado con base en una providencia que seguramente sus superiores le entregaron a Mejía para que firmara.

Lo cierto es que el caso de Santiago Uribe es una especie de seguro laboral de Mejía Abello. Cuando en pocos días se posesione el nuevo Fiscal General, lo primero que hará es cambiar a los fiscales delegados ante la Corte Suprema, toda vez que son de libre nombramiento y remoción. Ya veremos a Mejía Abello interponiendo tutelas para exigir que lo dejen en el cargo porque en su despacho está el proceso contra Santiago Uribe. Otra alternativa será volver a los brazos de sus patrones de las altas cortes como el “mandadero mayor”. Una tercera opción será recibir un premio de Juan Manuel Santos como pago por haber tenido en prisión al hermano de Álvaro Uribe.

@IrreverentesCol