El médico Carlos Jaller Raad es reconocido en la costa por su habilidad a la hora de hacer negocios, pero sobre todo por la forma como ha logrado escalar económicamente, gracias a su matrimonio con la hija del dirigente conservador fallecido Gabriel Acosta Bendek, Ivonne Acosta, una mujer con evidente limitación mental.

En el año 2014, Jaller Raad asumió la rectoría de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, un centro académico fundado en noviembre de 1973 por los hermanos Gabriel, Jacobo, Alfonso y Eduardo Acosta Bendek, quienes a su vez eran los miembros de la fundación que llevaba como denominación sus dos apellidos: Acosta Bendek.

Aquel centro académico fue creado con el propósito de formar a los jóvenes del Caribe de clase media que no tenían los recursos económicos suficientes para acceder a la educación superior.

Durante más de 30 años, uno de los hermanos Acosta, Eduardo, fungió como rector del claustro académico, hasta el momento que en que decidió renunciar, pues a sus más de 90 años de edad era más que justo que diera un paso al costado para permitir que llegara una nueva generación a dirigir los destinos de dicha institución académica.

El médico Jaller Raad, exhibiendo sus credenciales de yerno de Gabriel Acosta, logró hacerse con la rectoría del claustro a través de una maniobra que nadie duda en calificar como turbia.

En efecto, tal y como se lee en el acta número 100 del denominado consejo directivo de la universidad Metropolitana, suscrita el 1 de septiembre de 2014, en la reunión sólo participaron 3 de las 10 personas habilitadas para votar la designación del rector.

De acuerdo con los estatutos del claustro, para tomar cualquier decisión se requería del voto de por lo menos 6 de los 10 miembros del consejo. A Jaller lo eligieron 3 personas, hecho que viciaba su nombramiento.

Lo que parecería una simple disputa entre particulares, tomó un nivel insospechado. Tal y como pudo establecer este portal, el objetivo central de la familia Acosta siempre fue el de crear un centro universitario que brindara formación en medicina, enfermería, bacteriología, odontología y psicología, entre otros, a precios accesibles a jóvenes de escasos recursos y no una bolsa de empleos para la familia Jaller, como terminó sucediendo.

Nepotismo ¿ilustrado?

Con la llegada de Jaller a la rectoría, las cosas cambiaron radicalmente. El programa de becas, que beneficiaba a más de mil estudiantes, fue reducido a su mínima expresión. La administración se convirtió en un fortín familiar. Se crearon cargos para los parientes del nuevo rector, acompañados de sueldos suntuosos. Hasta “embajadores” fueron nombrados, pues se pudo constatar que un sobrino del rector, Miguel Jaller Martelo, que vive en los Estados Unidos, recibió un jugoso contrato de más de US$3 mil dólares mensuales, a pesar de vivir a miles de kilómetros de la universidad.

Contrato de $10 millones a favor de un sobrino de Carlos Jaller

El hermano del rector, Juan José Jaller fue nombrado como director de Investigación. Lo mismo sucedió con otro hermano, Rodolfo, a quien se le dio el cargo de Subdirector de Investigación.

Creyendo que las familias que trabajan unidas, se mantienen unidas, Jaller se valió de la chequera de la universidad Metropolitana para llenar de contratos a más hermanos y primos suyos. A Antonio Miguel Jaller Raad, le regaló el cargo de “director de extensión” y a su sobrino Andrés Felipe Jaller Char le dio un contrato como “asistente financiero”.

 

Cuando el señor Carlos Jaller Raad tomó el control de la Metropolitana, en las cuentas bancarias de la universidad había más de $50 mil millones de pesos, dinero que según reposa en la denuncia que tiene la fiscalía general de la nación, literalmente se esfumó, razón por la que los fundadores resolvieron sacar a Jaller de la rectoría.

Saliendo como un rufián

Horas después de que Jaller fuera notificado de su destitución, se desplazó a la oficina de la rectoría en compañía de 5 personas, entre ellos un abogado de nombre Raúl Romero. No fue por sus efectos personales sino a sustraer información que probaría los malos manejos del claustro universitario.

Un investigador del caso en Bogotá le aseguró a LOS IRREVERENTES que entre los efectos sustraído ilegalmente por Jaller se encuentran los discos duros de los computadores de la rectoría, los originales de buena parte de los multimillonarios contratos celebrados durante su administración y que confirmarían cuál fue el destino final de los recursos de la universidad. Igualmente, se señala que Jaller se llevó consigo todos los originales de la fundación Acosta Bendek –fundadora de la universidad Metropolitana-.

Lo cierto es que la destitución de Jaller de la rectoría gozó del respaldo del ministerio de Educación Nacional, entidad que certificó que su nombramiento no había estado ajustado a los estatutos de la universidad. Al decir del ministerio, “la elección de ese Directivo [Jaller] se extralimitó en el tiempo otorgado por los Estatutos vigentes de la universidad Metropolitana”.

La manipulación de la justicia

Jaller golpeó a la puerta de la justicia para efectos de lograr ser reintegrado a la rectoría de la universidad. Lo que a todas luces es un litigio laboral, el exrector manipuló para convertirlo en un asunto penal.

Apoyado por el fiscal 56 de Barranquilla, Gustavo Orozco Pertuz, se iniciaron toda suerte de investigaciones contra la familia Acosta.

Curiosamente, ese mismo fiscal 56 es el encargado de investigar a Jaller, quien ha sido denunciado por estafa y otros delitos. Esas investigaciones duermen el sueño de los justos en el despacho de Orozco Pertuz.

Ha sido un proceso largo, colmado de irregularidades y en el que al parecer hay una situación extraña que debe ser aclarada. En efecto, en el último año el fiscal Orozco Pertuz ha adquirido una serie de inmuebles, los cuales han sido pagados de contado.

Resulta cuando menos intrigante confirmar que un funcionario como el fiscal Orozco Pertuz, cuyo salario no supera los $9 millones de pesos, haya adquirido una casa de 283 metros cuadrados en el barrio La Cumbre que de acuerdo a expertos en finca raíz tiene un valor comercial que oscila entre $420 y $560 millones de pesos. Esa transacción se hizo el 9 de junio de 2017.

Un día antes, el próspero fiscal Orozco Pertuz había comprado un apartamento de 83 metros cuadrados en ese mismo barrio. Según la escritura, el inmueble fue adquirido por $64 millones de pesos, pero el precio comercial de esa propiedad gira entorno a los $150 millones de pesos.

Como si aquello no fuera suficiente, en abril de este año, la esposa del señor fiscal, doña Raquel de Jesús Constante Díaz, se hizo a una casa en el municipio de Galapa. Dicha propiedad fue declarada por la irrisoria suma de $12.5 millones de pesos, pero en los certificados de tradición se nota claramente que el valor del inmueble se acerca a los $50 millones.

Y todo, pagado en estricto contado, sin créditos ni hipotecas de ningún tipo. Una historia bastante parecida a la del polémico juez civil bogotano del caso por el que Carlos Mattos está a punto de ser solicitado en extradición desde España.

Al final del día, será el ministerio de Educación Nacional el que resuelva este entuerto. Durante el gobierno de Santos, nada se hizo para esclarecer este caso en el que se denunció la desaparición de miles de millones de pesos durante el paso de Jaller por la rectoría de la Metropolitana, la desaparición de documentos y la alteración de otros, en un claro interés por manipular pruebas que confirmarían los malos manejos que ese individuo le dio a aquel centro académico.

Por ahora, la nueva ministra de Educación, María Victoria Angulo se ha concentrado en conocer los detalles de este caso para tomar decisiones de forma libre y, sobre todo, ajustadas a la ley.

@IrreverentesCol

Publicado: agosto 31 de 2018