La tardía decisión de devolver al narcotraficante Jesús Sántrich al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota es una medida desesperada del gobierno que está tratando de retornarle un poco de legitimidad a la cueva de corrupción e impunidad en la que se ha convertido la JEP, tribunal que sin competencia alguna está intentando suspender el proceso de extradición de ese criminal que es reclamado por la justicia estadounidense.

El episodio de Sántrich ha sido una verdadera burla a los colombianos. Con el cuento de la supuesta huelga de hambre, ese sujeto terminó en una casa de reposo y retiro del clero colombiano, disfrutando de comodidades inmerecidas para un delincuente de su catadura.

Haber llevado a ese mafioso a una instalación religiosa, le acarreó un alto costo al episcopado colombiano, el cual fue objeto de duros cuestionamientos, muchos de ellos provenientes de prestigiosos sacerdotes.

Ronda en el ambiente la tesis de que los magistrados de la JEP se disponen a tomar decisiones aun más estrambóticas en relación con Sántrich. Se especula con que en los próximos días se decretará la libertad condicional de ese sujeto, lo cual sería una afrenta adicional a Colombia, a  la justicia de nuestro país, a las víctimas de las Farc.

Hasta ahora, la JEP, con sus actuaciones erradas, se ha encargado de demostrar que en efecto ese es un tribunal para la impunidad. Desde su creación, ese organismo se ha concentrado en asuntos accesorios como la adquisición de lujosas oficinas, costosos vehículos para sus integrantes y la contratación de una abultado número de asesores y empleados de todos los niveles.

La paz estable y duradera no se construye con un mecanismo judicial como el de la JEP, ente que ha facilitado que los genocidas de las Farc se paseen por el mundo sin haber respondido por sus crímenes.

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Es evidente que los viajes de los miembros de la guerrilla a otros países no eran con fines eminentemente turísticos. Deberá determinarse qué fueron a hacer a Venezuela, Chile, España y Ecuador, países en los que, coincidencialmente las Farc tuvieron amplia presencia a través de la denominada Cominter o “comisión internacional”, un frente encargado del tráfico de estupefacientes y el mercado ilícito de armas y pertrechos.

El tema de Jesús Sántrich debe ser evacuado cuanto antes. Urge que la justicia norteamericana finiquite, en el término de la distancia, la presentación del expediente que sustenta la solicitud de extradición. Igualmente, la corte suprema de justicia deberá darle el visto bueno a esa solicitud sin dilación alguna para que el próximo presidente de la República firme la resolución de extradición de ese narcotraficante.

El que la hace, la paga. Sántrich violó lo contemplado en el acuerdo. Nunca dejó de delinquir y creyó que gracias a la generosidad desmedida de Santos, tenía licencia para continuar inundando al planeta Tierra con la cocaína que le producen sus frentes guerrilleros que continúan en armas.

Es benéfico que Sántrich haya sido retronado a La Picota. Que se le acabe el veraneo a ese mafioso y que empiece a recibir el castigo por los crímenes que ha cometido. Sin manipulaciones, chantajes o supuestas huelgas de hambre, las Farc deben entender que el país no está dispuesto a otorgarles una licencia amplia para que sigan delinquiendo, como la que seguramente les ofrecieron Santos y Humberto De la Calle, los autores de esa falacia a la que algunos llaman “el mejor acuerdo posible”.

@IrreverentesCol

Publicado: junio 6 de 2018