La incompetencia del gobierno santista se ha hecho insoportable durante estos últimos meses que le queda en el poder al hombre que le entregó la democracia colombiana a una banda mafiosa y terrorista.

Los ministros de Santos son corresponsables de la tragedia que se vive en el país. El ministro del Interior, el putumayense Guillermo Abel Rivera, cuestionado corrupto, parece portavoz de las Farc, mientras que la canciller samperista María Ángela Holguín, amiga íntima de Nicolás Maduro, permitió la consolidación de la dictadura venezolana.

En materia de educación, la situación es caótica. Santos puso al frente de esa cartera a dos personas perfectamente incompetentes e irresponsables. Primero, tuvo a la corrupta Gina Parody, quien se concentró en imponer la agenda de género para adoctrinar a los niños en las lides del homosexualismo y a patinar favorecimientos a su familia, como la carretera entre Ocaña y Gamarra, obra por la que los colombianos pagaron más de $900 mil millones de pesos. Esa vía tiene unos grandes beneficiarios: los Parody, propietarios del puerto en el que desemboca la cuestionada carretera que en su momento le fue adjudicada a dedo a la empresa brasilera, Odebrecht.

Como es natural, Pardoy tuvo que renunciar. Cuando salió del gobierno, Santos dijo que ella era una mujer impoluta. El tiempo se ha encargado de demostrar lo contrario. Hoy, ella está huyendo junto a su pareja, la exministra Cecilia Álvarez, la estructuradora de esa operación corrupta.

Parody fue reemplazada por Yaneth Giha, funcionaria aún más incompetente y cuestionada. Su desconocimiento en asuntos relacionados con la educación es ostensible. El retroceso en materia educativa durante la gestión de Giha es evidente. Quien entre a reemplazarla no solo tendrá que trazar una política educativa, sino que deberá enmendar todos los errores y posibles actos de corrupción cometidos durante la gestión de esa mujer, que se ha mantenido en aquel cargo gracias a su cercanía con Santos.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas merece ser sometido a una investigación cuando asuma el nuevo gobierno. Gracias al manejo que ha tenido de la chequera oficial, Santos ha podido sobornar a los parlamentarios con los que ha configurado su agonizante coalición de gobierno. Las finanzas públicas deben ser sometidas a una profunda, seria e independiente auditoría una vez el señor Cárdenas Santamaría desocupe el ministerio de Hacienda. Serán muchas las irregularidades que se encontrarán y ese funcionario, que en el pasado estuvo involucrado en el saqueo a la nación por cuenta del caso Dragacol, tendrá, indefectiblemente, que responder ante la justicia.

El de Santos ha sido un gobierno indolente, corrupto e impopular. Todo ello se ve reflejado en la baja popularidad que se encuentra en todas las encuestas. Germán Vargas, que fue el coequipero de Santos, en vez de pelear con las firmas encuestadoras, debe asumir que la sociedad, justa o injustamente, le está pasando la cuenta de cobro por haber sido el ministro del Interior, el ministro de Vivienda y el vicepresidente de ese régimen espantoso que hizo mucho mal y muy poco bien por el país.

Los crímenes del gobierno Santos no pueden quedar impunes. La sociedad debe reclamar justicia contra ese sujeto, pero también contra sus ministros, verdaderos cómplices del saqueo de que fueron víctimas las arcas públicas y del desgobierno que se vive en todas las áreas. Ser incompetente no es un delito, pero sí lo es coadyuvar el robo y la corrupción como en efecto han hecho buena parte –si no la totalidad- de los altos funcionarios del señor Santos Calderón.

@IrreverentesCol

Publicado: mayo 21 de 2018