Uno de los elementos sobre los que la sala de instrucción de la corte suprema de justicia erigió el complot contra el presidente Uribe, es el testimonio del delincuente Carlos Enrique Vélez Ramírez, conocido en el mundo delincuencial con el alias de Víctor

Aquel criminal, en principio aseveró que el senador comunista y cabecilla de las Farc Iván Cepeda, le ofreció beneficios a cambio de que testimoniara contra los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez. 

Alias Víctor hizo parte del denominado bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas que, valga decirlo, fue la única estructura de las AUC que no se sometió al proceso de diálogo y desmovilización que se adelantó durante el gobierno de la Seguridad Democrática. 

Según la Sala de Instrucción, el abogado Diego Cadena supuestamente le ofreció la suma de $200 millones de pesos para que declarara contra Iván Cepeda, conclusión que no tiene sustento probatorio ninguno. 

Pero, ¿cómo apareció Carlos Enrique Vélez en el proceso que hoy tiene al presidente Uribe en condición de secuestrado?

Entre finales del año 2016 y comienzos de 2017, el abogado Diego Cadena se enteró de una pelea que tuvo lugar en un patio de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.

El hecho ocurrió entre dos exparamiliatares: Pablo Hernán Sierra y Carlos Enrique Vélez. 

Vélez, quien se encontraba en la cárcel bogotana de paso, pues estaba atendiendo unos procesos y rindiendo unas declaraciones, fue abordado por Sierra para que lo acompañara  a una reunión con Iván Cepeda. 

En dicho encuentro, Cepeda les solicitó que grabaran un video asegurando que los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez eran los fundadores del denominado Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.  

A cambio de su testimonio, les ofreció asilo político en Suiza para sus familiares y beneficios penitenciarios para ellos. 

Según los presos que estaban cerca al lugar de los hechos, Vélez reaccionó airadamente, negándose a aceptar el ofrecimiento de Cepeda, vociferando que él es un paramilitar que jamás ayudaría a un guerrillero como Iván Cepeda. 

Minutos después, de regreso a su celda, increpó a Sierra y la discusión pasó a las agresiones físicas. Otro exparamilitar recluido en el mismo lugar, Fauner José Barahona alias Racumín, intervino en la gresca para evitar que esta se saliera de control.  

En julio de 2017, el abogado Diego Cadena visitó a un cliente suyo en la cárcel de Palmira. En el patio de las visitas, vio a Carlos Enrique Vélez con quien se sentó a conversar. Vélez le confirmó el episodio de La Picotay ratificó que efectivamente Iván Cepeda le había ofrecido beneficios y dádivas a cambio de que mintiera contra el expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago.

De acuerdo con la versión del abogado Cadena, Vélez accedió a dar esa versión por escrito. Le solicitó a él -Cadena- que la escribiera mientras él narraba los hechos. 

Dada la delicadeza del asunto y para efectos de transparencia, Cadena decidió tomar nota en una hoja de papel con el membrete de su firma de abogados Cadena y Asociados

En el mes de octubre de aquel año, 2017, Vélez llamó a Cadena y le solicitó que fuera nuevamente a la cárcel porque tenía información que en su criterio era relevante. 

El abogado se desplazó hasta el centro penitenciario. Los datos que tenía Carlos Enrique Vélez eran efectivamente valiosas. Había podido confirmar que Iván Cepeda abordó a otros exparamilitares con el objetivo de que mintieran en contra del presidente Uribe. 

Se trataba de Euridice Cortes, alias Diana; John Jaime Cárdenas alias Fosforito; alias Jonathan y alias Jopra.

En esa reunión, Vélez le aseguró a Cadena que requería $500 mil pesos para comprar los minutos de telefonía y poder contactar a las personas mencionadas para efectos de ponerlos en contacto con la defensa del expresidente Uribe con el fin de que narraran las presiones y ofrecimientos que les estaba haciendo el senador Cepeda Castro. 

En julio de 2018, Carlos Enrique Vélez volvió a aparecer, esta vez para pedir una ayuda humanitaria. Según le dijo al abogado Cadena, un hijo suyo tiene dificultades de salud, razón por la que requería de la suma de $2 millones de pesos. 

Cadena evaluó la información y accedió a la solicitud, no sin antes protocolizar el asunto en la notaría 18 de la ciudad de Cali. A través de una declaración juramentada suscrita por su abogado asistente, Juan José Salazar, quedó consignado que “este aporte tiene fines humanitarios dadas las difíciles condiciones económicas y de salud que padece el señor Vélez Ramírez, ya que tiene un hijo menor de edad, su madre enferma y esposa a su cargo. Adicional el señor Vélez Ramírez padece de una grave enfermedad dental que requiere de medicinas y un tratamiento odontológico”.

En esa misma declaración, quedó claro el motivo por el que la oficina de Cadena tenía comunicación con el exparamilitar: “La relación con el señor Vélez Ramírez surge luego de que uno de nuestros abogados se acercara a su lugar de reclusión a tomarle una declaración juramentada para adjuntarla a un proceso judicial. Este aporte se hace de manera voluntaria y bajo ningún tipo de condiciones…”.

En sana  lógica, ¿a quién demonios se le ocurriría protocoliar un soborno ante una notaría y hacer el desembolso del mismo a través de canales de transferencia de dinero como Efecty o Baloto? Las reglas de la experiencia indican que los pagos fruto de actividades ilícitas se realizan por medio de mecanismos que no dejen huella -en efectivo- y mucho menos sin hacer declaraciones firmadas y selladas por un notario público.  

Es evidente la transparencia con que obró la oficina del abogado Cadena, despacho que en total le dio por concepto de ayudas humanitarias $7 millones de pesos al exparamilitar Vélez, y no $200 millones como  mentirosamente afirma el magistrado Reyes. 

Pero lo que es aún más claro y que derrumba la torpe tesis de que Cadena, en nombre Uribe sobornó a Vélez, es que en diciembre de 2016 -8 meses antes de que Cadena tomara la declaración en la cárcel de Palmira-, Vélez ya había testificado contra Cepeda ante el polémico exmagistrado José Luis Barceló.

Nuevamente, hay que aplicar la sana crítica: ¿Quién pagaría para que un testigo diga lo que previamente ya había declarado? Aquello es, en la práctica, un delito imposible: sobornar a una persona para que narre un hecho que de tiempo atrás ya había puesto en conocimiento de la justicia.  

Claro que Vélez es un testigo falso. Un profesional de la mentira. Por eso, tiene 6 condenas por falso testimonio y múltiples investigaciones pendientes por ese mismo delito. 

La Corte Suprema de Justicia, lo ha catalogado como un sujeto que no merece la menor credibilidad. Un exmagistrado de la sala penal aseguró que ese individuo “actuó como testigo falso en el caso contra Mauricio Lizcano, y en la corte demostramos que era un mentiroso. Tenemos testimonios de varios integrantes del bloque Cacique Pipintá que descalifican a Víctor [Carlos Enrique Vélez], quien además tiene varias condenas por falso testimonio y fraude procesal”.

Pero es el propio Vélez quien no tiene inconvenientes en reconocer que es un mentiroso capaz de decir cualquier cosa en aras de perjudicar a quien le venga en gana. En un audio que está en poder de LOS IRREVERENTES, el exparamilitar dice que no tiene problemas “hasta de hablar de la virgen del Carmen. Decir que ella soltó al Niño, aunque no lo soltó, pero yo lo digo”. 

Ese es el perfil del “testigo” comprado por Iván Cepeda y por sus compinches de la sala de instrucción para prefabricar el proceso que hoy tiene al doctor Álvaro Uribe en condición de secuestrado. Un testigo que en la propia corte suprema han calificado como un impostor, peligroso para la sociedad y para la administración de justicia. 

@IrreverentesCol

Publicado: agosto 25 de 2020