Se cumplieron dos años de la entrada en vigencia de la Ley del Veterano, una cuenta pendiente con los héroes del País que este Gobierno hizo realidad. A pesar de haberse intentado en el pasado, la poca voluntad política hizo que esta idea nunca se volviera realidad, dejando desamparados por mucho tiempo a miles de uniformados que le entregaron toda su vida a la Patria.

Ser soldado o policía en un País con las características como las nuestras no es nada fácil. Hay narcotráfico, extorsión, estructuras criminales, paros armados y cada cierto tiempo se anuncian planes pistola. El Estado todavía falla en controlar zonas del País como el Catatumbo y la inseguridad jurídica a la que está sometida la Fuerza Pública es tal que más se demora un uniformado en salir a servicio que en ser objeto de innumerables investigaciones.

Desde los miembros de los comandos especiales del Ejército que incursionan durante meses en la selva hasta los policías que deben patrullar noche tras noche las zonas más peligrosas de las ciudades, la Fuerza Pública está sometida a un constante riesgo donde su vida e integridad terminan siendo moneda de cambio para garantizarle la tranquilidad a todo un País.

Por eso, si algo faltaba en Colombia era una ley de esta naturaleza. Era sinceramente inexplicable que el Estado tratara con tanta indiferencia a aquellos que le sirvieron durante décadas. Los veteranos no tenían voz ni voto dentro del Gobierno y sus problemáticas no tenían mayor eco en los pasillos del Congreso.

Afortunadamente, la administración Duque cumplió su promesa de campaña y sacó adelante esta legislación. Se van a cumplir dos años desde su sanción y los resultados son bastante positivos. Por ejemplo, se triplicó el monto de las pensiones por invalidez que reciben los casi 5 mil soldados que tienen esa asignación y ya hay beneficios establecidos para acceso a vivienda, educación y transporte.

Además, se creó el Consejo Nacional del Veterano integrado por oficiales y suboficiales, instancia que permite generar una interlocución permanente entre los uniformados retirados y los órganos de decisión del ejecutivo, lo cual facilita el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a este sector.

Unas medidas más que merecidas que no solamente resaltan la labor histórica de la Fuerza Pública, sino que ayudan a fortalecer la confianza en las instituciones de los 442.864 uniformados en servicio activo.

Sin embargo, la tarea en pro de los soldados y policías no debe parar ahí. Ojalá que desde el Ministerio de Defensa se continúen estructurando programas que superen los cambios de Gobierno y que faciliten las condiciones de vida de este personal, ayuden en su proceso de incorporación laboral una vez se retiran del servicio activo y fortalezcan el acceso a la educación superior de aquellos que portaron con honor el camuflado.

@Tatacabello

Publicado: julio 17 de 2021