Se discute por estos días en el Congreso de la República el proyecto de Acto Legislativo que le da vida constitucional a la Jurisdicción Especial de Paz, otorgándole régimen legal propio, autonomía administrativa y presupuestal y con funciones de administración de justicia autónoma; y aunque transitoria, con capacidad de conocer de manera preferente sobre todas las jurisdicciones con exclusividad absoluta de las conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y por quienes participaron en el mismo.

El texto del proyecto contempla entre otras, una modificación a la propuesta inicial contenida en el que fue sometido a consideración de los colombianos en el plebiscito de octubre de 2016: “Será la Corte Suprema de Justicia, la única competente para revisar las sentencias que haya proferido”, pretendiendo dejar claro, ahora, que “únicamente para los combatientes que hubieran sido condenados, podrá solicitarse la revisión de las sentencias ante la Jurisdicción Especial de Paz”, definiendo como combatiente, única y exclusivamente a los miembros de la Fuerza Pública y a los miembros de las Farc.

Sin embargo el proyecto que está orientado a buscar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, se olvida de tajo, de lo establecido en el punto 3º del acuerdo general para el fin del conflicto y la búsqueda de una paz estable y duradera y en especial el sub punto 7º  que determina que “se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo”. Pareciera ser, que ya no existe interés en el Estado por cumplir el punto que tiene que ver con la atención a las víctimas del conflicto, puesto que son ellas las primeras interesadas en desmadejar los tejidos del paramilitarismo y su entraña, que incluso, llevó al fenómeno, a sostener y mantener hilos de poder público.

Colombia ha vivido una confrontación histórica liderada por un establecimiento fantasma. Ese fantasma se ha mantenido allí desde los años 50.  El conflicto degeneró después de las negociaciones de las Farc con el gobierno del expresidente Belisario Betancur, y el Estado, pretendiendo combatir la insurgencia, a la que le había otorgado personalidad jurídica e instrumento electoral, rayó en prácticas no adecuadas. La perversidad del Estado permitió prácticas atroces contra la insurgencia y fue política pública “secreta” que todos los que pensaran distinto al régimen imperante, fueran aniquilados. Esa práctica antidemocrática, debe formar parte del pasado; pero para alcanzarlo, nada más necesario que la búsqueda de la verdad. Hubo regiones del suelo colombiano en donde la insurgencia fue derrotada por una alianza entre el Estado y el Para-Estado, para luego el Estado ser suplantado por los paramilitares, desmovilizados luego en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Muchos hoy, exservidores públicos, agentes públicos –en representación del Estado- hicieron alianzas con paramilitares, que en procura de la verdad deben  ser examinadas y valoradas en una instancia como la Jurisdicción Especial de Paz. Colombia no debe permitir, que se excluya y se evite la apertura del debate del paramilitarismo y la parapolítica, observando las circunstancias que motivaron las relaciones entre esos grupos y los ex servidores públicos. Se debe visibilizar y determinar, si los  políticos establecieron relaciones y se reunieron con los paramilitares por un estado de necesidad, puesto que ellos, los paramilitares habían suplantado al Estado, eran el Estado. Segundo, si aceptaron esas relaciones por coacción, porque los obligaron con el poder de las armas y el temor de la muerte y la pérdida de sus propiedades y del poder económico regional. Y tercero, mirar si lo hicieron por voluntad y por causa.

@AlirioMoreno

Publicado: febrero 14 de 2017