La corte constitucional ha sido clara: la política de paz es una política de gobierno, mas no de Estado. Eso significa que las decisiones adoptadas por Santos, no vinculan ni comprometen a la administración de Iván Duque.

En las elecciones de 2018, el pueblo colombiano votó mayoritariamente por el candidato uribista, aquel que presentó un programa de gobierno enfocado en la legalidad. El Centro Democrático, tuvo un discurso claro de oposición a la política de paz de Santos, la cual era nociva para el país.

Más de 10 millones de ciudadanos confiaron su voto en el candidato del CD, enviando un mensaje claro y contundente. La elección de Duque no fue la primera expresión ciudadana frente a la manera como Juan Manuel Santos estaba manejando los asuntos de la paz. En octubre de 2016, con ocasión del plebiscito, la mayoría votó en contra del acuerdo perfeccionado con la banda terrorista de las Farc.

De ninguna manera el gobierno de Iván Duque está obligado a continuar con los proyectos de paz trazados por Santos, particularmente los que estaba ejecutando con la organización criminal Eln.

Luego de haberse posesionado en la presidencia de la República, el presidente Duque declaró que no continuaría los diálogos con el Eln hasta que esa estructura no cesara unilateralmente todas sus acciones terroristas y devolviera de manera inmediata a la totalidad de los secuestrados, lo cual no ocurrió.

Los diálogos con esa organización empezaron en Ecuador, país que suspendió su facilitación en abril del año pasado, poniendo la condición del cese de hostilidades para efectos de permitir que los acercamientos continuaran en su territorio.

Como es natural, el Eln desoyó el llamado del gobierno de Lenin Moreno, razón por la que el presidente ecuatoriano solicitó que la mesa de negociaciones fuera levantada y trasladada a otro país.

Santos, desesperado, golpeó la puerta de la dictadura cubana, la cual no dudó un instante en permitir la llegada a su país de los terroristas del Eln que fungen como negociadores.

Nada de eso fue consultado con Iván Duque, a pesar de que para la época se perfilaba como el candidato ganador.

El 5 de mayo de 2018, el gobierno de Santos trasladó el diálogo con el Eln a La Habana. Desde ese momento se encuentran en la isla de los Castro los denominados “miembros representantes” de esa guerrilla, fungiendo como negociadores.

De forma secreta, es decir clandestina, Frank Pearl –en representación de Santos- y el terrorista internacional alias Antonio García, suscribieron un “protocolo establecido en caso de ruptura de la negociación de diálogos de paz”.

Protocolo Santos-ELN

Dicho documento, de 11 puntos, fue firmado el 5 de abril de 2016, es decir dos años y un mes antes de que los negociadores del Eln llegaran a cuba. En el numeral 2 se lee que “si se rompen los diálogos de paz los países garantes y las partes contarán con 15 días a partir de su anuncio para planear y concretar el retorno a Colombia de los miembros representantes de la delegación del ELN”.

Aquel acuerdo compromete al gobierno de Santos y al Eln; nunca al Estado.

Este portal pudo establecer que durante el empalme entre el gobierno de Santos y el de Duque, jamás se habló del protocolo. Y si se hubiera hablado, no se trata de un compromiso que deba mantenerse durante la nueva administración que tiene una política de paz totalmente distinta de la que se implementó durante los 8 años de Juan Manuel Santos.

El Eln no merece ninguna contemplación. La mesa de diálogo con esa estructura no se levantó por cuenta de una diferencia en la negociación, sino como consecuencia de una acción terrorista que ha conmocionado al mundo entero. La comisión interamericana de Derechos Humanos, en un comunicado que no deja espacio para las dudas no dudó en calificar dicha acción como un “atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional de Colombia”.

En su comunicado, en 4 oportunidades la CIDH se refirió a la acción perpetrada por el Eln como una acción terrorista.

No se entiende entonces porqué hay voces que pretenden lanzarle un salvavidas a los criminales del Eln. Acá no hay que pensar en los victimarios, sino en las víctimas. El gobierno de Iván Duque Márquez está en la obligación de perseguir implacablemente a la banda terrorista que ha asesinado a los jóvenes cadetes, sin sentir la limitación que impone un protocolo que nadie conocía y que fue firmado en la penumbra por un delegado de Juan Manuel Santos.

@IrreverentesCol

Publicado: enero 23 de 2019