El gobierno, con exceso de confianza, pretendió llegar al “mejor acuerdo posible” con las Farc, sin intentar primero un consenso interno, el “Acuerdo Nacional” al que me referí hace unas semanas, que fuera soporte de las negociaciones y les garantizara un verdadero blindaje, mayor inclusive al de subirlo enterito a la Constitución, porque, como dije entonces, las constituciones se modifican, pero la voluntad del pueblo desoída es la semilla de la confrontación y la negación de la paz.

El presidente, como máximo responsable del orden público y la seguridad nacional, tiene competencias para negociar con grupos al margen de la ley, con limitaciones constitucionales, claro está. No se trata de omnímodas atribuciones, ni las tiene, por supuesto, para negociar las instituciones y el orden constitucional, que fue la peligrosa línea en que se movió el proceso con las Farc. 

No es menos cierto que, dentro de esas competencias y limitaciones, el presidente no estaba obligado a someter a refrendación popular el acuerdo con las Farc. Es decir, podía haberse echado a sus espaldas toda la responsabilidad política y hasta judicial, en el caso de que lo negociado trasgrediera la Ley y la Constitución.

Pero si el presidente se autoimpuso el compromiso de someter el acuerdo al voto popular en un plebiscito, con acto legislativo y sentencia de la Corte Constitucional incluida, entonces se produce una nueva realidad, unas nuevas reglas de juego revestidas de legalidad, generadas por el presidente y a las que el presidente se debe someter, sin perder con ello sus facultades constitucionales, pero sin poder usarlas frente a esta negociación específica, porque renunció a ellas voluntariamente, como parte de una promesa de campaña. Así las cosas, el gobierno no puede aceptar un día los resultados del plebiscito, y al siguiente abrogarse sus atribuciones para desoír la voluntad popular.   Las urnas dieron su veredicto. Por una estrecha mayoría, es cierto, condición por la que pretende ser desestimada por algunos sectores y columnistas que le hacen más daño que favor al presidente, quien por estrecha mayoría ganó también la reelección, y ahí está, sin que nadie pretenda cuestionar la validez de su mandato, al menos por esa razón.

Dentro de esa nueva realidad los sectores del NO invitaron a un Acuerdo Nacional para ajustar lo negociado a los resultados del plebiscito, un proceso que empezó bien, con la convocatoria  incluyente del presidente, la respuesta incondicional de la contraparte y la dinámica propositiva de la renegociación. Pero entonces, abruptamente, se volvió a cerrar la puerta. Para mí, los sectores del No deberían haber tenido un “cuarto de al lado” en La Habana. Pero no. El gobierno se llevó las propuestas, las priorizó y negoció, otra vez a puerta cerrada, como si no hubiera existido plebiscito, como si no fueran los voceros del mandato popular, sino, simplemente, del gobierno con sus atribuciones. 

La firma del nuevo Acuerdo Final fue un portazo para quienes, con sus votos, tenían el mínimo derecho a una revisión y una segunda instancia, antes de la firma definitiva. No se trataba de dilatar indefinidamente, sino de continuar en modo de “acuerdo nacional” y no de actuaciones unilaterales. El gobierno cerró la puerta y descartó además un nuevo plebiscito, quedándole solo el camino riesgoso, a pesar de sus mayorías, del trámite ordinario en el Congreso, o bien, el muy seguro del fast track, aunque no creo realmente que la Corte declare inexequible el artículo 5º del Acto Legislativo, con lo cual el plebiscito iría al cesto de la basura y la democracia habría sido burlada.

@jflafaurie