No deja de ser arbitrario hacer un escalafón sobre la gravedad de los crímenes de lesa humanidad. Todos hieren el alma de la especie humana, razón por la que se ha llegado a un consenso universal respecto de la imprescriptibilidad de los mismos. Pero el Reclutamiento Forzado, es especialmente delicado.

El objetivo consiste en lograr que se imparta justicia, cuando los países en que fueron cometidos los delitos no se haya querido o podido castigar a los responsables de aquellos crímenes.

Colombia ostenta la deshonrosa condición de ser el único país del hemisferio occidental en el que se registran casos de reclutamiento forzado de menores de manera sistemática y generalizada -en el territorio-.

Para la Corte Penal Internacional, el reclutamiento de niños es asumido como una manifestación de esclavitud.

Uno de los aspectos más preocupantes del acuerdo con las Farc, es la indefinición en la que quedó el reclutamiento de menores. Primero, no se estableció un protocolo riguroso para la desvinculación de los menores en poder de esa estructura delincuencial. Y, segundo, no se iniciaron los procesos judiciales correspondientes contra los autores intelectuales y materiales de ese delito.

La impunidad se ha convertido en la principal aliada de los determinadores del reclutamiento forzado de niños. Las cifras oficiales de la Fiscalía General de la Nación, son francamente angustiantes. 

En los archivos de la Fiscalía, hay registro de 4.219 investigaciones por ese delito y solo hay 10 casos en los que se han impartido sentencias condenatorias.

Hace poco tiempo, la JEP abrió un expediente para investigar los casos de reclutamiento que ocurrieron entre 1971 y 2016, pero preocupa que las víctimas no tengan el espacio para elevar sus denuncias con total libertad.

Cuando se estaba protocolizando la desmovilización de las Farc, un grupo de mujeres que siendo niñas fueron reclutadas por esa estructura guerrillera, integraron una organización –“Rosa Blanca”-, con el propósito de contarle al país y a la justicia las atrocidades y vejámenes de que fueron objeto.

La mayoría de ellas, fueron utilizadas como esclavas sexuales. Muchas embarazadas y obligadas a abortar. Como víctimas, tienen derecho a ser oídas, a confrontar a sus victimarios y, por supuesto, a exigir que se imparta justicia.

Es urgente que las autoridades atiendan las denuncias de algunas integrantes de “Rosa Blanca” en el sentido de que desmovilizados de las Farc las han amenazado y presionado para que se retracten y retiren las acusaciones que han elevado.

Las víctimas de reclutamiento forzado, tienen que gozar de todos los derechos, empezando por el de las garantías necesarias para que puedan narrar ante la justicia, medios de comunicación y la comunidad lo que les ocurrió.

La lucha contra el reclutamiento de menores tiene que ser un asunto que una a todos los colombianos, por encima de las diferencias ideológicas o partidistas. Un niño que es sacado a la fuerza de su hogar para convertirse -contra su voluntad- en un combatiente, es una tragedia que debemos evitar o revertir. Una niña conducida a un campamento de terroristas para ser esclavizada sexualmente, se constituye en una herida imborrable en el alma de la República.

Que esta fecha simbólica que se conmemora a nivel mundial para rendirle un homenaje a todas las víctimas del reclutamiento forzado, sirva para que los colombianos, dejando de lado la polarización que se vive en nuestra sociedad, unamos esfuerzos con el propósito de lograr que los niños no sigan siendo utilizados por las organizaciones armadas ilegales.

@MargaritaRepo

Publicado: febrero 17 de 2020