Se dirá que por «la paz» todo era válido y que había que comprar lo que se necesitara y al precio que fuera, desde la reelección hasta el premio Nobel.
A muchos nos gustaría creer que Jesús Santrich no se ha fugado y que mañana 9 de julio se va a presentar ante la Corte Suprema de Justicia a rendir indagatoria por narcotráfico como estaba programado, pues hay que aceptar que tratándose de un «honorable parlamentario» no tiene restricción judicial alguna y puede moverse a sus anchas por todo el territorio nacional, por lo que puede haber sido un poco apresurado considerarlo como un fugitivo de la justicia.
Sin embargo, la paz de Santos hace agua porque no ha sido más que un sainete para jubilar guerrilleros barrigones, lavar sus crímenes y convertirlos en dirigentes políticos. También, porque ha resultado en una gigantesca operación de lavado de activos, pues la inmensa fortuna de las Farc sigue en sus manos mientras pretenden reparar a las víctimas con exprimidores de limones y trapeadoras.
Y, como si fuera poco, porque comandantes farianos y guerrilleros de base siguen en armas al no alcanzar la toma del Estado que anhelaban. El poder que les da ese mar de 208.000 hectáreas de coca en el que nos estamos ahogando, es más seductor que el sueldo de congresista, y por eso han renunciado a este tanto Iván Márquez como Santrich, quienes por derecho propio encabezan las disidencias. No es por culpa del presidente Duque que está naufragando la falsa paz de Santos, sino porque esa paz era un ardid más de la combinación de todas las formas de lucha que al no ser de la utilidad que esperaban, ya muchos bandidos lo quieren abandonar.
Nada de eso es raro porque Santos solo dejó desastres. Ahora tenemos certeza de que no solo en 2010 entraron dineros de Odebrecht a su campaña, sino muy especialmente en 2014, para su reelección. Lo que se ha destapado huele muy mal, sobre todo por el papel del Partido Liberal y su director, el expresidente Gaviria, quien hasta puso a su hijito Simón a entregar personalmente los dineros sucios. Sin duda, una operación que nos recuerda la turbia trama de la elección de Ernesto Samper, en 1994, impulsada con los billetes sangrientos del Cartel de Cali. Y mientras en Perú han ido a la cárcel varios expresidentes por haber recibido dineros de Odebrecht en sus campañas, aquí no va a pasar nada; se dirá que por «la paz» todo era válido y que había que comprar lo que se necesitara y al precio que fuera, desde la reelección hasta el premio Nobel de paz.
Pero, aunque los medios de comunicación viven muy agradecidos con Santos por las sobredosis de mermelada que recibieron durante sus ocho años de gobierno, no podrán guardar más silencio ante el escándalo que se está destapando por las 30.000 aulas escolares que la ministra Parody se comprometió a entregar en tiempo récord antes de que terminara ese mandato. Son más de 500 megacolegios contratados a dedo con solo dos contratistas por una suma multimillonaria y hasta ahora solo se han entregado unas mil aulas. Ya esta mujer y su esposa —la también ministra de Santos, Cecilia Álvarez— figuraban en el caso Odebrecht por una adición al contrato de la Ruta del Sol por $ 900.000 millones para ejecutar el tramo Ocaña-Gamarra, donde hay un puerto fluvial concesionado a un hermano de la exministra Parody.
A esto hay que agregarle los desaciertos del costoso censo de población que hizo Santos el año anterior y del que apenas se conocieron sus resultados definitivos, a los que hubo que agregarles cuatro millones de personas para hacerlos creíbles. Una adición necesaria para rellenar el vacío de tantas casas, calles y regiones enteras donde no les abrieron las puertas a los funcionarios del censo o donde ni siquiera fueron. De manera que este instrumento tan importante para planificar las inversiones del Estado para el desarrollo de las comunidades, sobre todo de las más pobres, podría terminar sirviendo para un carajo.
Finalmente, mencionemos que el presidente Duque derogó el decreto 450 de 2016 con el cual pretendió Santos que el Fiscal General fuera elegido mediante convocatoria pública y no de una terna presentada por el Presidente de la República a la Corte Suprema de Justicia para que esta elija a ese importante funcionario como manda la Constitución. Al parecer, se le está volteando el Cristo a Santos, y es solo el comienzo.
Publicado: julio 9 de 2019
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