Por supuesto que no se trata de una injerencia indebida del gobierno estadounidense en los asuntos internos de nuestro país, como lo han querido hacer creer los sectores más recalcitrantes de la izquierda proFarc de Colombia.

La cancelación de las visas de un muy nutrido grupo de magistrados y ex altos funcionarios de la rama judicial -como es el caso del cuestionado Eduardo Montealegre Lynett- es la consecuencia obvia del comportamiento deleznable y corrupto de quienes tuvieron o aún tienen en sus manos la responsabilidad de impartir justicia en el nombre de la República.

Acá no se trata de que los Estados Unidos estén intentando apercollar a los jueces colombianos, sino de enviar un mensaje claro y contundente hacia quienes convirtieron a la rama jurisdiccional en un garito en el que se compran y venden decisiones, sin tener en cuenta evidencias o argumentos.

Muchos creyeron equivocadamente que el escándalo del denominado “cartel de la toga” iba a quedar en nada. No se puede olvidar que uno de los protagonistas de ese episodio, el corrupto Gustavo Moreno está en los Estados Unidos en condición de extraditado y de soplón, delatando a todos y cada uno de sus cómplices y, también, clientes. 

Una vez se confirmó la noticia de que por lo menos tres magistrados y un exfiscal general de la nación se quedaron sin visa a los Estados Unidos, la extrema izquierda desempolvó el trasnochado y caduco discurso nacionalista para señalar miserablemente al gobierno de los Estados Unidos de estar presionando indebidamente a la justicia de nuestro país. 

Curiosamente, el grueso de quienes se rasgaron las vestiduras jamás ha tenido y posiblemente jamás tendrá acceso a una visa para visitar a los Estados Unidos. No nos engañemos: buena parte de esa turbamulta antinorteamericana tiene a La Habana, La Paz, Caracas y Managua como destinos predilectos cuando de viajar al exterior se trata. 

El comunista y aliado de las Farc, Iván Cepeda, aseguró en una entrevista radial que “se trata de una campaña de desprestigio contra la corte constitucional, que tiene en sus manos una decisión clave para la paz del país”.

Un sector del Congreso, liderado por la izquierdista Juanita Goebertus -exasesora de Sergio Jaramillo y en consecuencia coautora del pacto de impunidad con las Farc- empezó a difundir una campaña de odio hacia los Estados Unidos, promoviendo slogans patrioteros como el de “Colombia se respeta”. Según la congresista, “un país es libre de decidir quién entra a su territorio, pero retirarles las visas a 1 congresista y a 3 magistrados en medio de sus decisiones legislativas y judiciales es injerencia directa internacional y violación a la soberanía”.

Trino de Juanita Goebertus promoviendo el odio contra los EE.UU

Los terroristas de las Farc, todos ellos pedidos en extradición para que respondan ante cortes estadounidenses por delitos relacionados con el narcotráfico, no se quedaron atrás. El mafioso Carlos Antonio Lozada -por cuya cabeza el Departamento de Estado ofrece US$2.5 millones de dólares- publicó un comunicado en el que el denominado movimiento “defendamos la paz” aseguró que “expresamos tajante repudio a la intimidación contra las magistradas y los magistrados de las altas cortes y los respaldamos en la defensa de la independencia de la rama judicial”. ¿A qué independencia se refieren? ¿A la de la JEP, tribunal corrupto en el que sus fiscales son capturados en flagrancia mientras reciben maletas cargadas con dólares? ¿A la compraventa de sentencias en la corte suprema de justicia? 

La justicia llegó a un punto de no retorno. Más bajo no puede caerse. Ahora son unos magistrados sin visa, pero al ritmo en que se están desarrollando los hechos, no sería en absoluto sorprendente que en un futuro no muy lejano, el país se despierte con la noticia de que hay togados con sendas solicitudes de extradición en su contra. 

Los Estados Unidos tienen todo el derecho de impedir que a su país entren personas indeseables, corruptas y con monstruosos delitos a cuestas. Ernesto Samper, desde 1996 no puede pisar ese país. Con Eduardo Montealegre ya son dos los fiscales generales colombianos que no pueden ingresar a territorio norteamericano. El primero, fue Gustavo De Greiff, señalado de ser un despreciable colaborador de los capos del denominado “cartel de Cali”. 

El país no puede quedarse cruzado de brazos ni convertirse en un testigo silente frente al derrumbamiento moral de la justicia que se ha evidenciado una vez más con ocasión de las cancelaciones de las visas de los magistrados. 

No puede generalizarse ni creer que todos los togados del país caben en la misma denominación. Seguramente en la rama judicial hay personas honorables que cumplen su deber con apego irrestricto a las normas. Pero lamentablemente, el daño que la corrupción le ha hecho a la justicia es tan grande que obliga a que el gobierno del presidente Iván Duque, comprometido con el restablecimiento de la legalidad en nuestro país, haga una convocatoria nacional para emprender la necesaria reforma estructural que demanda la rama judicial. 

Esto no se soluciona con paños de agua tibia. Hay que hacer ajustes de fondo, preferiblemente a través de una asamblea constituyente.

Una labor como esa, indefectiblemente requiere del liderazgo político sólido que tiene el presidente Duque, pero del que carece su fallida ministra de Justicia, Gloria María Borrero, una mujer a la que evidentemente le ha sido imposible estar a la altura de las responsabilidades de su cargo y quien, por lealtad y respeto al señor presidente de la República, debió haber extendido su renuncia irrevocable hace varios meses. Una persona que no es capaz de hacerle seguimiento al envío de una carta, claramente no tiene las condiciones intelectuales ni políticas para liderar la reforma que urge emprender. 

@IrreverentesCol

Publicado: mayo 13 de 2019