Durante los últimos años nos hemos acostumbrado a ser unos meros espectadores del deplorable espectáculo en el que se ha convertido el rompimiento de la independencia de los poderes en Colombia. Como animales encandilados en una carretera, quedamos pasmados mientras el gobierno de Juan Manuel Santos arrollaba a todas las ramas públicas para que su proceso de paz llegase a “feliz” término. Cabe recordar que a pesar de todas las mentiras como decir una y otra vez que las Farc no tendrían elegibilidad política ni impunidad, y del uso sin asomo de vergüenza de las entidades públicas para promover el Sí, igual perdió el Plebiscito. A pesar de su derrota recurrió a todas las formas de lucha burocrática y contractual para legalizar lo que mal nació a la vida jurídica. Ese uso de la burocracia y de los contratos, que no es otra cosa que un soborno disfrazado de la benevolente palabra mermelada, nos dejó como legado unas instituciones débiles y mal acostumbradas a transar a cambio de algo. Ahora, esa pasividad nos está pasando a todo el pueblo colombiano una cuenta de cobro, y los intereses nos terminarán comiendo vivos.

Esta semana la Corte Constitucional, cuya honorabilidad quedó en entredicho, filtró una posible respuesta a un concepto solicitado por el presidente de la Cámara de Representantes, el liberal Alejandro Carlos Chacón. Cabe recodar que la última noticia a resaltar que tuvimos de Chacón fue que, aunque tuvo la posibilidad de apelar la decisión del Consejo de Estado respecto a que Jesús Santrich conservara su curul, decidió motu proprio, no hacerlo. En la misiva Chacón comenzó por reconocer que, aunque la Corte no es un órgano consultivo del Congreso, igual hace la consulta dada la “connotación sui generis del proceso en referencia”. Es decir, que el congresista le pidió a la Corte que decidiera si el Congreso debería o no llevar a cabo el trámite del análisis de las objeciones por inconveniencia que presentó el Presidente Iván Duque al proyecto de Ley Estatutaria de la JEP. La respuesta de la Corte Constitucional ha debido ser que se declaraba inhibida, ya que dicho organismo no es un órgano consultivo, luego, cualquier manifestación que hagan que no sea a través de una sentencia judicial tiene el mismo valor que el de un ciudadano de a pie cuando emite una opinión. Es decir, que no es vinculante.

Sin embargo, la Corte no solamente evitó dar la respuesta que le correspondía, sino que, según la W Radio, filtró a través del magistrado Antonio José Lizarazo un proyecto de respuesta al congresista Chacón. Cabe anotar que Lizarazo fue asesor del Gobierno Santos en el proceso de paz, cosa que en cualquier país normal sería una causal de impedimento para manifestarse en el tema relacionado con la JEP, pero vuelvo e insisto, acá pasan cosas y nosotros somos observadores impávidos. En el borrador, la Corte comienza por decir que tiene la competencia para pronunciarse respecto a todas las solicitudes en torno a la sentencia porque se trata de un seguimiento a la misma. En el segundo punto dice que aunque el Presidente tiene el derecho a objetar por inconveniencia, en este caso, tal vez no porque el acuerdo de paz está blindado – hágame el favor –. En el tercer punto, endilgándole al Presidente una actuación de mala fe, decían que la Corte encontraba que las objeciones son en esencia inconstitucionales disfrazadas de inconveniencia. En el cuarto punto dicen que todas las objeciones ya han sido resueltas en distintas sentencias. Y por último, en el quinto punto le ORDENA al Congreso devolver a la Presidencia el expediente para sanción presidencial y promulgación.

Lo que la Corte Constitucional pretendió hacer es algo muy parecido a un golpe de Estado que primero filtraron a los medios para medirle la temperatura al país y lo que se encontraron fue con que el termómetro se estalló. La indignación generalizada de la población a través de las redes sociales que le gritaron a los cuatro vientos que la Corte es corrupta y que deberíamos hacer una constituyente llevó al organismo encargado de salvaguardar nuestra Constitución a responder lo que ha debido responder desde el principio: que se declaraba inhibida y que el Presidente de la República tiene competencia para objetar por inconveniencia y el Congreso de tramitar las objeciones.

Ahora resta esperar, mentiras, exigir que el Congreso le lance una mirada a las víctimas de las Farc que reclaman que estas objeciones se tengan en cuenta para garantizar que los crímenes cometidos contra ellas no queden impunes.

@ANIABELLO_R

Publicado: marzo 22 de 2019