Informe de Gustavo Rugeles

El actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Diego Fernando Mora, tuvo que maniobrar velozmente ante la información publicada en la cuenta de twitter @GustavoRugeles el pasado 24 de marzo señalando una serie de irregularidades que comprometen a la empresa Neostar Seguridad de Colombia LTDA, cuyo propietario es el señor Alan Perlman Katz y es una importante contratista de vehículos blindados de la UNP.

Una de las denuncias referidas estaba relacionada con el vehículo de placas RGN634, alquilado por esta empresa a la UNP, el cual estaba incurso en un proceso de extinción de dominio y lavado de activos. A pesar del estado del vehículo, estaba rodando y asignado a uno de los protegidos por la Unidad de Protección: el alcalde del municipio de Manaure en el César, Ever Antonio Santana.

Al día siguiente de la denuncia, sin mayor explicación, el vehículo fue retirado del esquema de protección del alcalde y le fue asignado uno nuevo, con placas  NCL139. Sin embargo, estas no son las únicas irregularidades que presenta esta empresa y que comprometen al director Diego Mora -de la cuerda del ministro Juan Fernando Cristo- y responsable de la contratación de la entidad encargada de salvaguardar la vida de quienes son víctimas de amenazas.

La empresa NeoStar Security tiene alquilados más de 200 vehículos en la UNP, los cuales han sido asignados a ministros, senadores y funcionarios en riesgo.

Llama la atención que algunos de esos carros estén matriculados a nombre de personas naturales o empresas que no están relacionadas con el negocio de la seguridad, por lo cual no podrían subcontratar ni alquilar vehículos al Estado. También aparecen varios vehículos que no cuentan con el blindaje y cuyas tarjetas de propiedad habrían sido alteradas o falsificadas para dar apariencia de legalidad y hacer creer que cumplían con los requisitos exigidos por la ley y por la UNP.

Algunos ejemplos:

  • El vehículo marca Toyota Prado de placas UDM 173 figura a nombre del señor Salomón Korn -socio de Alan Perlman Katz- y quien no posee licencia de la Supervigilancia para alquilar vehículos a la UNP.
  • El vehículo marca Toyota Prado con placas HSY380 figura a nombre de Panaderia y Biscochería El Cometa. Una panadería no está autorizada para alquilar vehículos al Estado o a la UNP.
  • Toyota Prado de placas IXY126 figura a nombre de la firma PSM Alianza SAS, una sociedad cuya actividad comercial no tiene nada que ver con alquiler de vehículos, ni con el negocio de la seguridad y por lo tanto no cuenta con la licencia de la superintendencia de Vigilancia para arrendar vehículos a la UNP. Además, en la tarjeta de propiedad que la firma Neosecurity presentó en los pliegos de licitación a la UNP, aparece con blindaje tipo III. Cuando se consulta el Registro Único Nacional de Transporte (RUNT) las características del blindaje no corresponden a la tarjeta de propiedad presentada ante la UNP.

Hay otros casos donde la irregularidad y la posible adulteración de las tarjetas de propiedad es más evidente aún.

  • El Toyota Prado modelo 2016 de placas IKZ735, aparece a nombre de la firma PSM Alianza SAS, la cual no tiene licencia de la Supervigilancia y además en la tarjeta de propiedad presentada ante la UNP figura con blindaje III. En el RUNT no figura ningún tipo de blindaje. Las tarjetas de propiedad tienen un número único de identificación. En este caso es el LT06000393578, el cual aparece repetido más adelante en otras tarjetas de propiedad presentadas por Neosecurity a la UNP. Aquello constituye una prueba irrefutable de la alteración de las tarjetas de propiedad.

  • El vehículo Toyota Prado de placas IXU681 figura también a nombre de la firma PSM Alianza SAS. y en la tarjeta de propiedad aparece con blindaje tipo III a diferencia de lo que registra oficialmente en el RUNT. El número de identificación de este vehículo es exactamente igual al de placas IKZ735, es decir LT06000393578 .
  • El Toyota Prado con placas IXX919 tampoco tiene resolución de blindaje, pues aparece a nombre de la firma PSM Alianza SAS. En la tarjeta de propiedad figura con Blindaje tipo III y el número único de identificación coincide con el de los dos anteriores: LT06000393578.
  • La camioneta Toyota Prado de placas IXI125 presenta las mismas condiciones que los anteriores: no tiene resolución de la Supervigilancia y además la tarjeta de propiedad presentada a la UNP habría sido alterada. El número único de identificación coincide con el de los tres vehículos anteriores: LT06000393578 .
  • La tramoya se repite con el Toyota Prado de placas IKZ779  que tampoco tiene licencia de la Supervigilancia y su número único de identificación es idéntico al de las demás Toyota: LT06000393578.
  • El vehículo IXU965 tiene las mismas características y su número de identificación es el mismo de las demás: LT06000393578. Tampoco cuenta con resolución de la Superintendencia de Vigilancia. La misma situación presentan otras Toyota con los siguientes números de placa IXU969, IXI124, IXU967, IXI119, entre otros.

Las denuncias ante los organismos de control ya están radicadas poniendo de presente irregularidades que pueden tocar el limite del código penal y dejan en entredicho la transparencia de la millonaria contratación de la UNP. Pero lo que es más grave: ponen en riesgo la vida de las personas protegidas y con alto riesgo de seguridad que ruedan en camionetas cuyo blindaje no es el que corresponde y no cuentan con los debidos permisos de la Superintendencia de Vigilancia.

Se sabe que la Contraloría General, por orden del despacho del Contralor Edgardo Maya, abrió una auditoría especial a la UNP para revisar la contratación de esta firma que acaba de obtener un contrato mediante el mecanismo de selección abreviada por valor $11.468 millones y frente al cual se han presentado varias quejas y denuncias ante los diferentes organismos de control.

El director de la UNP, Diego Fernando Mora, dio las siguientes explicaciones: ”Un proponente presenta sus documentos en la licitación, el otro proponente hace las observaciones de lo que considera irregular, y el proponente tiene el derecho de subsanar las irregularidades. Uno de los proponentes observó que algunas de las tarjetas no cumplían con los requisitos y supe que el comité evaluador revisó el tema. Posteriormente la firma Neosecurity cambió las tarjetas de propiedad y allegó otras. La UNP no es la entidad que le corresponde verificar que hay o no una falsificación y si el otro proponente tenía esa información debió haber colocado la denuncia en la Fiscalía. A nosotros nos corresponde revisar cuando lleguen las nuevas tarjetas, aunque como son fotocopias no se puede verificar si hay o no adulteraciones’. En todo caso la Procuraduría revisó el proceso de contratación y certificó que todo está ajustado a la ley’.

@GustavoRugeles

Publicado: mayo 15 de 2017