El presidente de la República dio en su alocución de Instalación el pasado 20 de julio las gracias al Congreso, al Congreso de la Paz, como decidió bautizarlo, por su apoyo en el proceso con las Farc. “El Congreso de Colombia puede sentirse orgulloso por haber dictado  las leyes para poner fin a un pasado de violencia”, dijo el Presidente, pero  ni las leyes dimanaron verdaderamente del Congreso, ni ellas terminaron la violencia en del país, ni tiene nada de que sentirse orgulloso aún ningún miembro de esa institución que haya dado su apoyo a dicho acuerdo, en cuanto  no podamos observar las consecuencias verdaderas de haber desconocido la voluntad del electorado para refrendar un documento que el pueblo había sabido rechazar en las urnas.

Por otra parte, cumplir el acuerdo de paz, no es como afirma el presidente Santos una responsabilidad moral por tratarse este de un compromiso Estatal, tanto como lo es revisarlo a la luz de una constituyente para devolverle al pueblo el poder de decisión que un Estado democrático no podía haber desconocido.  El acuerdo tal y como existe, no es lo como dijo el presidente el pasado 20 de Julio una forma de cerrar la puerta a una violencia absurda, sino una manera de abrir la puerta a violencias futuras.  Las obligaciones morales, políticas y legales del Estado deben ser primero frente a su soberano, el pueblo.

Lo cierto es que las normas que permitirán la implementación del acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las Farc han pasado por el Congreso de la Paz sin sufrir las modificaciones significativas que congresistas de algunos partidos como Cambio Radical prometieron incluir o apoyar. Las concesiones de ese acuerdo hechas normas y elevadas muchas de ellas a rango constitucional servirán como documentos históricos para recordar un momento en el que el órgano más representativo de nuestra democracia fue, en cuanto se refiere a su función legislativa en los temas fundamentales de la discusión política y constitucional, un tramitador sin voluntad o sin poder para manifestarla.

Al Congreso de la paz se le olvidó quizás mientras se aplaudía a si mismo  durante la alocución, que  el presidente tomó la decisión de arrebatarle su capacidad, constitucionalmente otorgada, para  modificar las normas para la implementación  del acuerdo, que los congresistas pueden hoy solo presentar las modificaciones a ese tipo de proyecto de ley, que el gobierno les avale; se le habrá olvidado a la mayoría del Congreso  que el presidente por vía de decreto ha  legislado algunas de las cuestiones más importantes para hacer posible dicha implementación, porque no confió  al Congreso ni siquiera las funciones tramitadoras que le fueron permitidas; se le habrá olvidado al Congreso de la paz el rol patético al que se ha sido minimizado y a lo mejor haya olvidado también que  fue él mismo,  por medio de su cuestionable refrendación quien permitió la indignidad a la que fue reducido.

El Congreso de la paz no merece su denominación porque ni este Congreso se ha comportado como tal en la discusión democrática más importante desde la vigencia de la actual constitución, ni se ha logrado en Colombia todavía la materialización más exigua de ese derecho.

@daraujo644

Publicado: julio 22 de 2017