¿José Leonidas Bustos recibió algún tipo de pago por parte de las Farc cuando sirvió como arquitecto de la JEP?

El flujo de noticias y nuevas revelaciones que dan cuenta del desbordado nivel de corrupción en la justicia, escándalo protagonizado por el delincuente exfiscal Luis Gustavo Moreno y su “papá” el exmagistrado Leonidas Bustos, no ha permitido analizar un hecho que cubre con un manto adicional de ilegitimidad a la denominada jurisdicción especial de paz, sistema creado para satisfacer las exigencias de la banda terrorista de las Farc.

Como es sabido, el macabro aparato judicial que fue construido por exigencia de la guerrilla durante las conversaciones en La Habana, tiene el firme propósito de garantizar la impunidad de los miembros de esa estructura criminal, mientras que los ciudadanos que la enfrentaron desde la democracia y la legalidad, podrán ser conducidos al banquillo de los acusados.

Pero hay un elemento sobre el que el país no ha hecho la correspondiente reflexión: el papel protagónico que jugó Leonidas Bustos durante la planificación y estructuración de la jurisdicción especial de paz, mientras fungía como presidente de la corte suprema de justicia.

Valga recordar que Bustos, fue el magistrado que lideró la tesis deleznable que sostiene que el narcotráfico es una conducta conexa al delito político, razón por la que los miembros de las Farc procesados por ese crimen pueden recibir la correspondiente amnistía. Aquella “audacia”, que fue muy bien recibida en la Casa de Nariño y en los cambuches guerrilleros, le fue recompensada por la revista Semana –dirigida por un sobrino del presidente de la República-, que lo catalogó como “el magistrado que Santos necesita para la paz”.

En medio de la locura colectiva que se apoderó del gobierno en los meses previos a la firma del acuerdo con los terroristas de las Farc, Bustos, desde su pedestal de presidente de la corte suprema de justicia, se erigió como el gran patrocinador de la impunidad. En una declaración que le desluce a quien fungía como cabeza de la rama jurisdiccional, aseveró que “la persecución de todos los delitos cometidos en el conflicto llevarán a una gran frustración ya que es un imposible, por lo que considero que se concentren los procesos en los máximos responsables de las graves infracciones o de los crímenes atroces, siempre y cuando se concluya en conocer la verdad del conflicto”.

Esas palabras fueron la antesala de lo que hoy existe en nuestro país: un sistema judicial paralelo, garantista de la impunidad y que no prevé castigos efectivos para los cabecillas de la guerrilla que cometieron las peores atrocidades contra la sociedad colombiana.

Es hora de que el país conozca todos los pormenores de la planificación de la JEP, sobre todo el papel que en ella jugó Leonidas Bustos, quien sostuvo reuniones privadas para discutir ese asunto con el hoy exfiscal Eduardo Montealegre y quien figuraba como jefe negociador, el ahora candidato presidencial, Humberto de la Calle.

En diálogo con LOS IRREVERENTES, el candidato a la presidencia de la República, Alejandro Ordóñez Maldonado, no ocultó su malestar por este hecho y exigió que “Montealegre y de la Calle deben darle la cara al país y revelar puntualmente qué fue lo que hablaron con Bustos sobre el tema de la JEP, contar cuántas veces y dónde se reunieron con él, para planificar ese entramado de impunidad”.

Está suficientemente documentado que Leonidas Bustos era un mercader de la justicia. Sus decisiones no estaban signadas por los parámetros del derecho, sino por sus intereses económicos y aquello obliga a preguntarse si él, que fungió como abogado de los intereses de las Farc al planificar la JEP, lo hizo motivado por algún tipo de pago u ofrecimiento hecho por esa guerrilla, cuya riqueza es más que ostensible. Al fin y al cabo, el requisito sine qua non para ser “cliente” de Bustos es, precisamente, el de contar con un patrimonio abundante para poder sufragar sus multimillonarias pretensiones.

@IrreverentesCol

Publicado: septiembre 1 de 2017