El país está asistiendo a un espectáculo que se puso en marcha en el año 2010, pocos días después de que el presidente Uribe saliera del gobierno. 

Durante su mandato, la corte suprema de justicia, específicamente la sala penal de ese organismo, se convirtió en un partido político de oposición. La confrontación se desató por cuenta de las denuncias que se hicieron en su momento, respecto de las estrechas relaciones de un grupo de magistrados con capos del narcotráfico.

Efectivamente, Colombia conoció que importantes magistrados de la corte, eran invitados frecuentes de los narcotraficantes Ascencio Reyes y Giorgio Sale. Aquel comportamiento, que quedó en absoluta impunidad, puso por primera vez en evidencia que los más importantes representantes de la justicia colombiana, eran en realidad unos sucios corruptos que se permitieron ser agasajados por la mafia. 

A quien fuera presidente de la corte suprema, Yesid Ramírez Bastidas, el mafioso Giorgio Sale, le obsequió un lujoso reloj de decenas de millones de pesos. ¿En qué país del mundo, se permite que un magistrado de la más alta corte, pueda recibir obsequios de un narcotraficante? Ramírez nunca respondió ante la justicia, terminó su periodo de 8 años en la corte suprema y fue reemplazado por nadie menos que el señor Fernando Alberto Castro Caballero, sujeto que, sin pruebas y de forma temeraria, hace pocos días aseveró que el presidente Uribe hablaba a través del teléfono de un delincuente. 

Es evidente que, gracias al perverso mecanismo de elección de los magistrados de las altas cortes, los togados que terminan su periodo se encargan de dejar en reemplazo suyo a sujetos de su misma catadura. 

Motivados por la sed del desquite, los magistrados de la corte se trazaron la meta de encarcelar y condenar a importantes figuras del uribismo. El cabecilla del “cartel de la Toga”, el fugitivo exmagistrado Leonidas Bustos, dijo con toda claridad que los ministros de Uribe debían ser condenados por unanimidad en la sala penal de la corte, “por motivos políticos”. 

Y siguiendo esa instrucción, personas probas e inocentes como Diego Palacio, Bernardo Moreno, Sabas Pretelt y María del Pilar Hurtado, terminaron condenadas con el único propósito de establecer un cerco contra Uribe, el cual se fue estrechando, hasta llegar al punto en el que ahora nos encontramos: el presidente vinculado formalmente, mediante indagatoria, a una investigación.

De acuerdo con lo establecido en la ley 600 -norma aplicable al presidente por su condición de aforado como consecuencia de ser senador de la República-, el magistrado que realizó la indagatoria tiene 10 días hábiles para resolver la situación jurídica del expresidente, es decir decidir si libra o no una medida de aseguramiento en su contra. 

Si la instrucción del proceso contra el exmandatario estuviera en manos de un juez imparcial, justo y sin sesgos ideológicos lo suficientemente fuertes como para obrar de acuerdo a las normas y no con apego a sus prejuicios, en cuestión de minutos brillaría la verdad y el proceso de Uribe sería precluído para, de forma inmediata, proceder a abrir una investigación formal contra Iván Cepeda, jefe natural del cartel de los falsos testigos. 

Que nadie se llame a engaños: la corrupción en la justicia, sigue, al decir popular, vivita y coleando. El cáncer que carcome a la corte suprema, no fue extirpado con la captura de los corruptos Gustavo Moreno y del exmagistrado Malo. 

Esa enfermedad sigue enquistada en el seno del palacio de justicia, cuyos funcionarios continúan tomando decisiones con criterio ideológico y no jurídico. 

Utilizando al código penal como herramienta de vindicta política y no como norma superior para sancionar a los delincuentes, los herederos del “cartel de la toga” tienen en sus manos la suerte del presidente Uribe. Lo más frustrante es que haya uribistas que sinceramente crean que el exmandatario de Colombia goza de plenas garantías, en una investigación que está sustentada sobre el decir de falsos testigos e interceptaciones ilegales y manipuladas abusivamente por agentes corruptos, al servicio de la corte suprema.  

@IrreverentesCol

Publicado: octubre 11 de 2019