Es evidente la violación de los Derechos Humanos y de las garantías fundamentales de los detenidos en cárceles colombianas.

En días pasados cité a un debate de control político, en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, con el fin de denunciar una serie de irregularidades que se están presentando en el régimen penitenciario colombiano. Y no me refiero solo a los graves problemas de hacinamiento, que ya son bien conocidos. No. En mis visitas y diálogos con los internos pude comprobar que esto es mucho más grande y preocupante.

Por un lado, es evidente la violación de los Derechos Humanos y de las garantías fundamentales de los reclusos. A esto se le suma la improvisación de planes y políticas por parte del Gobierno Central, para contrarrestar la crisis carcelaria. Como si no fuera suficiente el alto grado de ineficiencia administrativa en el manejo de los recursos destinados al mantenimiento de las cárceles del país, se le suma la falta de doliente.

Entonces no es raro que a la hora de pedir respuestas, el Ministerio de Justicia le tire la pelota al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y este último, a su vez, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). Para que este, el USPEC, se la devuelva a la cartera de Justicia o de Hacienda. Al final, nadie sabe nada, se evaden las responsabilidades y siguen los problemas.

Lo que llama la atención es que toda esta problemática de los centro de reclusión parece sobrediagnosticada. Es decir, las autoridades y entidades competentes saben lo que sucede, tienen estudios y comisiones, pero lo resultados a la hora de medir la gestión son muy pobres.

Es verdad, tal como lo dijo el Ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, el aumento de la población recluida es del 316%. Sin embargo, como expliqué el día del debate, las políticas criminales son ineficientes y no buscan una verdadera solución a los problemas de delincuencia en el país. Y si a esto se le suma el incumplimiento de Planeación Nacional para la creación de políticas y estrategias, que logren mitigar el alto impacto de hacinamiento y crisis de salubridad que viven las cárceles y los reclusos del país, podemos decir que el panorama es desalentador.

Desde las tres ramas del poder público se ha buscado una solución a los problemas sociales para disminuir las tasas de delincuencia. Es así como se han ideado políticas criminales poco eficientes y legislaciones populistas. Adicionalmente, las altas cortes han buscado proteger los derechos y garantías fundamentales de los sindicados y condenados, lo cual, en realidad, ha dejado en evidencia un fuerte choque de poderes.

¿Qué nos queda, entonces? Hacer seguimiento y denuncia. Mientras tanto seguiremos escuchando de los brotes de enfermedades, de la ineficiencia administrativa, de la inejecución presupuestal, de la falta de modernización de los centros de reclusión, de la violación flagrante de los derechos fundamentales y del abandono del Gobierno Central. Esto es muy triste para los reclusos y sus familias, que ven muy lejos la resocialización y muy cerca las grandes brechas de desigualdad y falta de oportunidades.

 

@Tatacabello