La operación criminal desde la Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez para desviar la investigación a través de una teoría fantasiosa y sin evidencias

La reacción ciudadana frente al asesinato de Álvaro Gómez Hurtado fue contundente. Luego de que sonaran las balas, la totalidad de los estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda se “tomaron” la carrera 15 y marcharon indignados hasta la Clínica del Country, lugar al que llegaron gravemente heridos el dirigente conservador y su escolta y hombre de confianza, José Huertas Hastamorir. 

Pocos minutos después, el centro médico certificó la muerte del principal opositor del gobierno de Ernesto Samper. Frente al lugar, miles de simpatizantes a una sola voz empezaron a reclamar justicia. Luego de 25 años, esa exigencia no se ha cumplido, gracias a la operación criminal que el samperismo logró poner en marcha en la fiscalía general de la nación con el propósito de desviar la atención del caso, montando falsos positivos judiciales con el fin de garantizar que los determinadores y perpetradores del crimen gocen de la más insólita e inaceptable impunidad. 

En medio de la conmoción que causó el homicidio, en el diario El Tiempo apareció una columna del politólogo Hernando Gómez Buendía en el que se refirió a ese asesinato y al del dirigente israelí Isaac Rabin.

El analista se preguntaba: “¿Qué hace Israel ante el asesinato de Rabin? Castiga al criminal y acelera el proceso de paz. ¿Qué hace Colombia ante el asesinato de Gómez? Discursos. Los países de verdad hacen actos. Los de mentiras, producen gestos”.

Y así ocurrió. Abundaron los panegíricos, las falsas caras de dolor y los mensajes oficiales en el sentido de que “se llegaría hasta las últimas consecuencias en la investigación”. 

Ernesto Samper y Horacio Serpa estaban pletóricos: los bandidos que desarrajaron más de una docena de tiros contra el vehículo del doctor Gómez Hurtado, callaron para siempre a quien sin duda ninguna era el mayor dolor de cabeza para el régimen mafioso que gobernaba a Colombia. 

Existen abundantes evidencias que esclarecen los móviles del asesinato. A lo largo de estos 25 años, con dedicación monacal, la familia Gómez se ha dado a la tarea de recopilar las evidencias, todas ellas, hasta ahora, ignoradas alevosamente por la fiscalía. 

El mismo día del atentado, se puso en marcha una eficaz operación para desviar la atención y sembrar las semillas de una tesis que logró consolidarse durante muchísimos años: la participación de militares en el asesinato. 

La vinculación del Ejército

Tan pronto ocurrió el asalto armado, un ciudadano anónimo se comunicó con una emisora de radio para denunciar que en las inmediaciones de la universidad Sergio Arboleda se encontraba un campero adscrito a la escuela de cadetes del Ejército, José María Córdoba.

El testigo declaró que la placa de ese vehículo era LIW033. De inmediato, los interesados en impulsar la falsa tesis de que el ejército estaba involucrado en el crimen desataron la teoría conspirativa que fue bastante eficaz ya que pudo desviar durante muchos años la atención de la justicia colombiana. 

Los soldados que estaban a bordo del campero, explicaron que efectivamente se encontraban en la zona donde ocurrieron lo hechos, buscando unas copias de un ejemplar de la revista Cromos en el que aparecía un reportaje al comandante de la escuela de Cadetes, el general Ricardo Emilio Cifuentes. 

La coartada era totalmente convincente, pero para minar la credibilidad de la explicación surgió una nueva tesis: que las placas del campero no correspondían a aquel, sino que pertenecían a un vehículo adscrito a la brigada XX del Ejército. 

Con base en ese elemento se erigió la hipótesis de que unos militares fueron los encargados de acabar con la vida del doctor Gómez Hurtado. 

Aquella tesis no tenía un solo elemento medianamente creíble. Las armas que portaban los soldados que estaban a bordo del campero, no eran del calibre de las balas que fueron disparadas durante la acción criminal. Al hacérseles la prueba de absorción atómica para confirmar rastros de pólvora en los uniformados, esta dio un resultado negativo y frente al uso de la placas de un carro distinto, la justicia concluyó que aquella era una práctica inveterada en las Fuerzas Militares que, por razones de seguridad, intercambiaba las placas de sus automotores.

El falso testigo

Colombia es un país que debería incluir en su PIB la producción de testigos. Uno de los mayores daños que se le ha causado a la administración de justicia es, precisamente, la credibilidad que se le otorga a los falsos informantes que contaminan el trascurrir de las indagaciones.

Se cuentan por montones los “testigos” que aparecen en múltiples procesos, ofreciendo versiones que resultan convenientes para el enfoque que determinados fiscales pretenden darle a sus procesos. 

La investigación del asesinato de Álvaro Gómez no ha sido ajena a los testigos mentirosos. Hasta ahora, van 16 sujetos de esa especie. 

El que más daño le hizo al proceso, fue un sujeto que en principio fue presentado con el seudónimo de “Emilio I” -cuando ocurrió el crimen, aún existía la funesta justicia sin rostro-, inventado y libreteado por la administración de Alfonso Gómez Méndez.

Su primera declaración, apareció a mediados de 1998.

Tiempo después, el país supo realmente quién era el tal “Emilio I”. Se trata de un campesino santandereano llamado Julio Ramón Carrillo Vargas, quien para la fecha de su comparecencia contaba 63 años. Por su condición, era un hombre de ignorancia supina y con evidentes desequilibrios psiquiátricos, deshonrosamente utilizado por la fiscalía para que recitara una historia colmada de contradicciones e incongruencias. 

Su atestación indicaba que el general Luis Bernardo Urbina -que se desempeñaba como comandante de la inteligencia militar- le había compartido los detalles de la planificación del asesinato y las personas que habían participado en el complot. 

Según él, Urbina le narró que un grupo de generales -Zúñiga, Cifuentes y Harold Bedoya, entre otros- estaban reuniéndose con un importante grupo de dirigentes políticos y empresariales para planificar -con el concurso del embajador de los Estados Unidos- un golpe de Estado contra Samper. “Emilio I” dijo que los urdidores de la conjura eran Hernán Echavarría Olózaga, Pablo Victoria y Hugo Mantilla quienes buscaron al doctor Gómez para proponerle que asumiera el control del gobierno cuando se perfeccionara la defenestración del régimen mafioso de Samper Pizano. 

Siguiendo con su atestación, “Emilio I” dijo que el general Urbina le confirmó que como consecuencia de que el líder conservador se había negado a participar en el plan, se resolvió acabar con su vida para garantizar su silencio.

Un estudiante de bachillerato se formularía un interrogante que Gómez Méndez no quiso hacerse: ¿Cómo es posible que un general de inteligencia militar con la experiencia y trayectoria del general Urbina, compartiera con un humilde campesino a quien no conocía los detalles de semejante operación criminal en la que él mismo -Urbina- estaba involucrado? 

Se pudo establecer que “Emilio I” era un hombre sin relaciones con el Ejército, razón por la que no tenía acceso a altos oficiales de esa institución. Su afirmaciones eran de oídas y claramente mentirosas. 

Al cabo del tiempo, la justicia descartó a “Emilio I” concluyendo que “respecto a lo aseverado por el testigo, ninguna verosimilitud tienen las circunstancias que plantea…”. 

Gracias a los falsos testigos, la justicia no ha llegado hasta los verdaderos responsables y personas inocentes, como el coronel Bernardo Ruiz Silva y otros han pagado largos años de injusto encarcelamiento.

Así mismo, todos estos años de impunidad han servido para que personas que supieron lo que realmente pasó -por su participación directa o por conocimiento de primera mano de los hechos- hayan sido asesinadas. 

Los 3 articuladores del magnicidio, Orlando Henao Montoya, Danilo González e Ignacio Nacho Londoño fueron asesinados. El primero, fue abaleado cuando pagaba cómodamente una irrisoria condena en la cárcel La Modelo; el segundo, fue ultimado en su apartamento en Bogotá y el tercero, murió en un ajuste de cuentas entre mafiosos mientras hacía campaña para ser elegido alcalde de Cartago.

No deja de ser intimidante que todo aquel que exprese su voluntad de ayudar a esclarecer el crimen, resulte visitado por un grupo de sicarios. 

Luego de que alias Rasguño -preso en los Estados Unidos- aseverara que el asesinato del doctor Gómez fue perpetrado por el cartel del Norte del Valle en cumplimiento de las indicaciones de Nacho Londoño, su sobrino apareció asesinado en el norte del Valle.  

Desde siempre, Rasguño ha señalado que ese crimen fue ordenado por el socio político de Samper y Serpa, Ignacio Londoño Zabala.

Lo mismo sucedió con el narcotraficante Víctor Patiño Fómeque, alias El químico. Le anunció a la fiscalía su disposición de declarar sobre el magnicidio y a las pocas horas, una sobrina suya fue brutalmente liquidada. 

La familia de Álvaro Gómez Hurtado no ha desfallecido. A pesar de los riesgos, de las amenazas y de ser conscientes de que están navegando en aguas asquerosas, han mantenido la mirada en alto y con una admirable dignidad se han enfrentado a todos los poderes posibles exigiendo que las pruebas que obran en el expediente, sean evaluadas finalmente por los jueces para efectos de impartir las sanciones penales a que haya lugar. 

El fiscal general, Francisco Barbosa se ha comprometido con el país a ponerle fin a estos 25 años de impunidad. El expediente ha llegado a las manos de una de las fiscales más respetadas del país: la doctora Elba Beatriz Rengifo. 

Aunque los Gómez son escépticos, muchos conocedores del caso Gómez Hurtado ven con algo de optimismo el impulso que la administración Barbosa le está dando a esa investigación. Solo resta darle tiempo al tiempo y esperar las decisiones de la nueva fiscal del caso.

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Este trabajo sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado consta de 4 entregas. En la primera de ellas, se hizo un recorrido por la historia de la financiación de la campaña de Ernesto Samper Pizano con dineros de la mafia, recursos que impulsaron y facilitaron su elección como presidente de la República en 1994. 

En la segunda entrega, se revivieron algunos de los momentos más importante del denominado Proceso 8000y la posición política que al comienzo de ese escándalo adoptó el doctor Álvaro Gómez, frente al gobierno de Ernesto Samper Pizano.

El tercer capítulo, hace referencia al momento de inflexión en la actitud de Gómez Hurtado respecto de las administración de Samper, luego que del país conociera la indagatoria de Santiago Medina, en la que quien fuera el tesorero de la campaña samperista revelara con lujo de detalles cómo se planificó y ejecutó el ingreso de los dineros de la mafia. Álvaro Gómez asume el liderazgo de la oposición al gobierno y es asesinado el 2 de noviembre de 1995.

@IrreverentesCol

Publicado: mayo 6 de 2020