Análisis de David Meza Pretelt

Con la segregación que se busca para los guerrilleros de las Farc a través de los acuerdos, se crea un paraEstado en el que algunos colombianos vivirán mejor que el resto del país, como premio a más de medio siglo de disparar sus armas contra los colombianos.

Se han visto en la historia muchos momentos en los que un Estado dispone de sus herramientas para legitimar situaciones que van en contra de sus ciudadanos, pero es más grave aún cuando estos gobiernos logran que sus ciudadanos legitimen esta injusticia, coartando sus derechos y haciéndoles creer que lo que se les ofrece es una ventaja cuando se trata de un gran y peligroso condicionamiento.

Fue sabio Mark Twain al decir que “Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados” y aunque es incierto que quienes quieren decirle Sí a las Farc sean hoy en día mayoría; con las prebendas que presuntamente ha empezado a entregar el Gobierno, la posibilidad de usar recursos públicos y la arremetida mediática, hay una sensación en la opinión pública que el SÍ es lo políticamente correcto.

Y es que si no analizamos de esa forma, ¿quién sería capaz de decir que está en contra de la paz?.

Pero la respuesta causará una mayor respuesta si nos apegamos a la Constitución, pues todos los colombianos tenemos el deber y el derecho de estar a favor de la Paz como lo determina el artículo 22 al decir que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Por lo tanto, el hecho de incluir la palabra paz o invalida la pregunta, o nos obligaría a todos los colombianos a votar SÍ y en ese escenario entonces ¿para qué plebiscito?.

El Apartheid

Aquí viene la parte terrorífica de todo esto y debemos remitirnos a una triste historia:

En Sudáfrica, con la adquisición de la autonomía en 1910 surgió una minoría de ascendencia holandesa que supo tomar ventaja del momento y la debilidad política de sus adversarios. Fue así como lograron mantener políticas de segregación racial y vetar a la gran comunidad negra de votar y ocupar cargos públicos.

Una de estas leyes del tenebroso Apartheid estableció en 1953 unas zonas segregadas en las diferentes regiones del país, según las cuales sólo podrían transitar o hacer uso de ciertos lugares personas de raza blanca, las cuales tenían acceso a los mejores bienes y servicios.

Además, a través de otras leyes promulgadas por el Apartheid, se otorgaban derechos a los blancos a gobernar, sin distingo de sus capacidades intelectuales o si tenían un prontuario criminal, mientras que personas de color que hubiesen estudiado y trabajado honestamente todas sus vidas, difícilmente verían alguna oportunidad de ocupar puestos en el Gobierno o representación en el parlamento.

Una de las consecuencias más documentadas sobre esta triste etapa de la historia humana es que además las áreas asignadas a las personas de color, rara vez tenían electricidad o agua potable, padecían hospitales pobremente equipados y la atención no alcanzaba a cobijar las dimensiones de la población.

Esta historia de sufrimiento que duró cerca de 100 años llegó a su fin a través de la épica gesta conocida por todos de Nelson Mandela pero si se analiza, no hay mayores diferencias en lo que ofrecen hoy en día los acuerdos de paz con las FARC, dando un estatus de “superciudadanos” a los guerrilleros que se desmovilicen en el actual proceso.

En nuestro país se les va a entregar a los guerrilleros, que hasta hace pocos meses fueron considerados terroristas por la comunidad internacional, 23 zonas veredales y varios puntos transitorios de normalización. Allí estos podrán gozar de los salarios que a cambio de nada les dará el Estado y es muy posible que las penas que restrinjan la libertad de estos se apliquen en estas zonas, por determinación de una Jurisdicción Especial para la Paz en la que ellos serán juez y parte, como si el derecho no hubiera avanzado en 160 mil años de historia humana.

Para que nos hagamos la idea de cómo las FARC gobiernan en sus propios territorios podemos echar un vistazo al Cauca, zona de alta influencia de este grupo guerrillero, donde han ejercido presencia histórica. Mientras que en 2015 se vio una reducción drástica en las cifras de muertes violentas a nivel nacional, que bajaron a niveles cercanos a los que tenía el país en 1985, en el Cauca, bajo influencia guerrillera hubo en 2015 un aumento del 25% de las muertes violentas según cifras de la Policía Nacional.

Mientras se están preparando hospitales, alimentos y resguardo para los 16 mil exguerrilleros de las Farc, millones de colombianos deben someterse a diario a un sistema de salud indolente, al hambre y a la carencia de vivienda, entre otras cosas. Le están dando a un pequeño grupo que por fuerza de las armas adquirió poder, lo que muchos colombianos a través de toda una vida de trabajo jamás podrían alcanzar.

Además, si usted era asiduo visitante o sentía algún tipo de empatía por los municipios de Tibú, Planadas, Puerto Asís, Tumaco, Tame y otros 18 más de la lista, lastimosamente ya no podrá visitarlos, o al menos en su plenitud. Las zonas veredales de las Farc tienen acceso restringido y operan en su interior bajo las reglas de ese grupo armado, no las del Estado colombiano.

Y para rematar, la instauración del Apartheid colombiano a través del plebiscito les garantiza a los miembros desmovilizados de las Farc alrededor de 26 curules en el Congreso. Así es, 10 curules directas y 16 más que corresponden a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, zonas en las que ellos van a tener el tiempo, la ubicación y el financiamiento para cosechar electoralmente.

El acuerdo Santos-Timochenko

Las cartas están sobre la mesa, el Presidente Santos ha decidido enfilar todo su aparato político y económico a su última y máxima apuesta política (por no decir única): los acuerdos con las FARC.

En ese proceso y al mejor estilo de los poderosos del pasado como los Borgia o Medici, ha ido eliminando paso a paso cada una de las fichas que le representaban obstáculos en este camino y no me refiero a impases durante las negociaciones, sino a seres humanos como Luis Alfredo Ramos, Andrés Felipe Arias, Jorge Pretelt y ahora Alejandro Ordoñez. Dejando probado que para la presidencia, el discurso pro paz no es más que una lucha política que eventualmente pueda conducir a un Nobel de Paz o alguna alta posición en la ONU. No será Juan Manuel Santos quien tenga que palear los efectos dramáticos de un acuerdo que promueve la impunidad y fractura la institucionalidad y la política colombianas.

Con este panorama incierto, algo está claro y es que ya sea que, al margen del resultado del plebiscito, en Colombia por ahora no habrá paz, las guerras y conflictos internos a nivel mundial son causantes de un lamentable 10% de las cifras de muertes violentas, una cifra que aunque dramática, significa una proporción menor en comparación con el resto de casos, que pasan por distintos tipos de violencia (ELN, Bacrim, Clan del Golfo, etc.), riñas, robos e inseguridad en general, esto en Colombia no se va a acabar. Pero sí es posible que como ya pasó con algunos desmovilizados de las autodefensas, los exguerrilleros se dediquen a lo que mejor saben hacer, usar sus armas e intimidar para obtener lo que desean.

@DMezaPretelt