Coincido 100% con Abelardo de la Espriella cuando dijo que la ética no tiene nada que ver con el derecho porque “si la ética fuera fuente de derecho, el proceso de paz no podría hacerse porque es absolutamente inmoral que, personas que han asesinado, masacrado y violado no vayan un día a la cárcel y además de eso vayan al congreso de la República”. Nuestra Corte Constitucional declaró el acuerdo viable desde el punto de vista legal sin tener en cuenta los elementos ético y moral.

Cuando el gobierno Santos perdió el plebiscito, la Corte Constitucional le lanzó un salvavidas. Estableció que no habría necesidad de volver a refrendar el “nuevo acuerdo” porque los honorables congresistas siendo los representantes del pueblo tenían la facultad de decidir por nosotros. Efectivamente, siendo la bancada del gobierno mayoritaria, decidieron suplantar nuestra voluntad diciéndole Sí a todo lo que nosotros le dijimos No el 2 de octubre.

Santos perdió la posibilidad histórica de entregarle a Colombia un acuerdo sólido y duradero a través de una nueva refrendación popular. Decidió no hacerlo probablemente por temor a que volviera a repetir el resultado del 2 de octubre. Tremendo golazo el que nos metieron.

Esta semana la Corte Constitucional nos metió otro gol al avalar el Acto Legislativo 02 de 2017 que blinda el acuerdo con las Farc de cualquier cambio durante los próximos tres gobiernos.

Irónicamente, con este fallo, la Corte, cuya misión es nada menos que la salvaguarda de la Constitución, termina por ultrajarla al situarse por encima de ella intentando a toda costa dar contentillo a las Farc y a su socio, el Presidente de la República, que en la práctica ejerce una jefatura poco disimulada respecto de ese cuerpo colegiado.

Y digo que se sitúa por encima de la Constitución puesto que en su afán de cumplir a cabalidad las órdenes del ejecutivo y de su consueta, las Farc, la Corte, intentando sin éxito la cuadratura del círculo, llega al absurdo de sentenciar que, si bien el acuerdo de paz no hace parte de la Constitución, “las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final”. En otras palabras, formal y nominalmente el acuerdo no hace parte de la Constitución, pero realmente, en la práctica, sí lo hace, porque en adelante todas las actuaciones del Estado deben supeditarse a sus postulados. Que este concepto provenga de la misma entidad cuyo mandato constitucional es, repito, proteger nuestra carta magna, supera todo lo digerible en materia de sapos.

A estos extremos hemos llegado en un país en el que la división de poderes existe tan solo nominalmente, porque realmente, en la práctica, tales poderes se concentran en el ejecutivo, que a través de lo que se conoce con el ignominioso nombre de “mermelada” controla al legislativo y a través de éste de manera indirecta a la rama judicial puesto que el congreso elige magistrados y a la vez muchos de ellos tienen a sus familiares en la nómina Estatal.

Tanto atropello disfrazado de legalidad, mediante la farsa de una división de poderes inexistente, va a hacer muy difícil que a larga se respeten unos acuerdos que nacieron irrespetando la voluntad popular, y estoy convencida de que al final el pueblo colombiano preferirá hacer trizas el acuerdo que está haciendo trizas al país.

@ANIABELLO_R

Publicado: octubre 13 de 2017